La pobreza energética mata. Esta frase tan clara y cruda que quizá a mucha gente le pudiera parecer exagerada hasta hace poco, hoy nadie la cuestiona ya. La muerte de una mujer en Reus, que iluminaba su casa con velas porque Gas Natural le había cortado la luz dos meses atrás, no es lamentablemente un caso aislado. En su último estudio, la Asociación de Ciencias Ambientales dibuja un país en el que, en 2014, el 11% de los hogares (5'1 millones de personas) se declaraba incapaz de mantener su vivienda adecuada en los meses fríos y estima en 7.000 el promedio anual de muertes posiblemente asociadas a la pobreza energética en los últimos 18 años.
El incumplimiento de la ley 24/2015 (surgida de una ILP y aprobada por unanimidad en Catalunya hace 17 meses para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética), que obliga a las compañías a comunicarse con la administración antes de realizar un corte de suministro, y su fatal consecuencia, ha tenido una enorme repercusión mediática. Hoy la ciudadanía quiere soluciones legislativas a todos los niveles, mientras señala al oligopolio eléctrico que amasa unos beneficios estratosféricos año tras año.
La APE, junto con la PAH y el Observatori DESC han sido las organizaciones impulsoras de la ley 24/2015. De manera que si hoy existe esa ley en Catalunya y empiezan a aparecer otras leyes autonómicas similares en Aragón y Valencia; si hoy el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros, está empezando a sancionar a empresas suministradoras por cortes de suministros a familias vulnerables; si hoy sucede todo lo que está sucediendo ha sido principalmente gracias a la lucha de la ciudadanía organizada y de tanta y tanta gente anónima, que con su denuncia y sus propuestas, ha conseguido poner en el centro el problema de la pobreza energética.
Entretanto, durante la pasada legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy no aprobó ni una sola iniciativa para abordar un problema que conocía muy bien pero que pretendía invisibilizar: en el Congreso, el PP no sólo rechazó todas las propuestas de la oposición para hacer frente a la pobreza energética, sino que en los debates parlamentarios negó incluso que existiera.
El PP ha llegado tarde a este problema como a tantos otros. La solución no pasa por maquillar un “bono” social, que consiste en el descuento del 25% de la factura de la electricidad (el gas no se bonifica), que solo determinados colectivos pueden recibir (familias numerosas, potencia contratada inferior a 3kW, personas con pensión mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad o hogares con todos los miembros del hogar en paro) y nunca de forma automática, si no previa solicitud a la compañía; cuestión ésta última que dificulta mucho su conocimiento y obtención.
Además el bono no es efectivo porque la pobreza energética no ha dejado de crecer. Al no tener en cuenta el criterio de la renta, excluye a gran parte de las personas que viven una situación de pobreza energética. No podemos permitir que “reformar el bono social” sea tan sólo un parche con el que el PP pretende acallar su mala conciencia.
Es inaplazable aprobar en el Congreso una ley de emergencia para abordar este problema que incluya, como mínimo dos cuestiones:
Las empresas energéticas, asumiendo su responsabilidad, estarán obligadas a aplicar el principio de precaución y no podrán realizar cortes de suministro sin antes contactar con la Administración correspondiente para comprobar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas. Basta de marear a la gente de aquí para allá demostrando su situación de precariedad para evitar un corte de luz inminente.
- Se aplicarán descuentos progresivos de forma directa en las facturas en función de la renta familiar, Si una familia tiene cero ingresos, la compañía deberá asumir la totalidad de la factura. Los costes de esta medida, irrisorios si los comparamos con sus beneficios, deberán ir a cargo de las empresas.
Durante muchos años, dirigentes políticos, responsables de bancos y de inmobiliarias nos han intentado meter en la cabeza que la sistemática vulneración del derecho a la vivienda que se daba (y se da) en este país no era tal cosa, sino un gran desajuste fruto de problemas individuales: lamentablemente había familias que no podían pagar su hipoteca y, en todo caso, en la medida de lo posible, se las tenía que ayudar para que pudieran seguir haciéndolo. Ese discurso estigmatizaba, paralizaba y atomizaba a las personas afectadas, que tardaron años en desculpabilizarse y empoderarse para diagnosticar y enfrentar un problema colectivo, con causas estructurales, que había beneficiado a unos pocos y perjudicado a millones.
Tenemos mucho que agradecerle a la PAH en este sentido, pues el ejemplo de la vivienda hoy nos permite desmontar el relato que el PP intenta imponer de nuevo, cuando dice que todo se reduce a que algunas familias necesitan ayuda para pagar la luz, el agua o el gas.
Porque detrás de la situación de vulnerabilidad de los millones de familias que no pueden pagar los suministros, existe un modelo energético, avalado básicamente por el PSOE y el PP. Un modelo que ha permitido encarecer la factura eléctrica un 70% en los últimos 10 años; un modelo que ha beneficiado al poderoso oligopolio eléctrico con la transferencia de miles de millones de euros mediante pagos y generación de deuda a través del déficit de tarifa, de los costes de transición a la competencia, que no han tenido que devolver al Estado; y de “beneficios caídos del cielo” la generación de electricidad se retribuye al precio de la tecnología más cara.
No olvidemos que en todos estos años de crisis, hasta 2015, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa han acumulado unos beneficios de más de 56.000 millones de euros. Y todo ello, por supuesto, engrasado por la enorme capacidad de presión política de las grandes compañías y sus puertas giratorias, que cada poco incorporan a exministros y expresidentes del Gobierno a sus Consejos de Administración.
En fin, la cuestión de fondo que hay que resolver es que la energía debe ser un bien público a cuyo acceso todos y todas debemos tener derecho. Pero el reconocimiento de ese derecho no va a llegar sólo del trabajo parlamentario sino que pasa también y sobre todo por la movilización social en y desde las calles, que hoy ha conseguido que ya ningún partido pueda mirar hacia otro lado.
Ninguno de los derechos que tenemos reconocidos ha sido una concesión graciosa del Estado; todos nuestros derechos han sido más bien el resultado de una lucha incansable, sostenida por cientos de vidas vulnerables a lo largo de la historia. La potencia surgida de esa radical vulnerabilidad tiene, de nuevo, un papel clave que jugar ahora. Esa lucha ha llegado por fin a las instituciones porque ya somos muchas las que estamos dispuestas a batallar por terminar con la pobreza energética; para garantizar derechos y por salvar la vida de quienes mueren cada año y sólo figuran como números en los asientos contables de los grandes oligopolios.
Lucía Martín portavoz de Vivienda y Josep Vendrell, portavoz de Energía, diputadxs de En Comú Podem.