Cada vez más estudios en el mundo demuestran hasta qué punto todo lo que pasa en la infancia, sobre todo durante los primeros años, marca a la persona para bien o para mal. Los problemas que no se solucionen en esa fase, las oportunidades de desarrollo que se dejen pasar, afectarán directamente a las posibilidades futuras de esos niños y niñas y sus familias. Pero, además, suponen un gran coste futuro para las arcas públicas y las sociedades en la forma de programas compensatorios y gestión de la convivencia en la escuela, gasto en desempleo, delincuencia, problemas de salud en la edad adulta, y un largo etcétera. Se sabe, por tanto, que la inversión en este grupo de edad es la más rentable con diferencia. Mientras en países muchos más pobres que el nuestro ya se está tomando conciencia de esto, y se están adoptando las medidas necesarias, en España continuamos mirando hacia otro lado.
En cualquier lugar del mundo, una niña que nace en una familia de renta baja lo va a tener de entrada mucho más difícil en la vida que una nacida en una familia de renta media-alta. En eso no somos especiales. Posiblemente la primera tendrá que lidiar con las dificultades de sus padres desde muy pequeña, no sólo en la forma de carencias materiales, sino también emocionales y psicológicas. También se verá afectada por la falta de expectativas que su entorno tiene sobre ella.
Pero estas desigualdades son injustas e ineficientes: conducen a sociedades menos cohesionadas y en las que se derrocha el talento y potencial de los menores que viven este tipo de situaciones. De ahí que sea necesaria la intervención estatal para corregirlas, a través de las políticas y servicios públicos. El papel del Estado debe ser garantizar que las oportunidades de los niños en el futuro dependan de su propio esfuerzo y capacidades, y no de dónde vienen o dónde nacen. Así es en la mayoría de países de Europa. Pero, de nuevo, no en España, donde las historias de éxito escolar y personal de muchas de estas niñas son cada vez más difíciles de encontrar.
En nuestro país, la crisis parece haberse cebado en las familias con hijos en situaciones más precarias. Así, el porcentaje de niños que vive en hogares donde el primer responsable está parado o inactivo, o tiene un contrato temporal, es sustancialmente mayor entre aquéllos que proceden de familias con menor renta, y esta proporción ha aumentado de manera considerable.
Mientras esto ocurría, los gastos de vivienda para muchas de estas familias apenas han variado, lo que ha supuesto una carga imposible de superar para muchas, con presupuestos familiares disponibles prácticamente inexistentes. Como consecuencia, en los últimos años son cada vez más los niños procedentes de familias con dificultades económicas que acuden al colegio sin desayunar, que no disponen de un espacio propio para estudiar, que pasan frío en casa, que sufren mayores problemas de obesidad, que apenas se relacionan con compañeros de distinto origen social en la escuela, que disponen de menor tiempo y atención por parte de su familia o que viven situaciones de estrés continuado con efectos en la salud y el aprendizaje.
El Estado y las comunidades autónomas españolas, en lugar de intervenir en mayor medida, se han retirado casi por completo cuando más necesarios eran. Como consecuencia, por ejemplo, alrededor de 1.600.000 niños y niñas por debajo del umbral de la pobreza no tienen acceso a la prestación por hijo a cargo. Lo que es peor, su cuantía ahora es tan limitada (582 euros anuales, comparado con los 3.100 euros en Italia, un país de renta similar, o 528 en Bulgaria, cuya renta es cuatro veces inferior a la española) que incluso para el reducido número de hogares que la perciben su efecto es casi nulo.
Tampoco se ha invertido en servicios públicos de calidad dirigidos a estas niñas y niños. Al contrario, los recortes no han sido neutrales y han sido especialmente dolorosos para la infancia. Por ejemplo, en educación, se han disparado los ratios en escuelas en ciertos municipios y barrios donde ya eran demasiado altos para el alumnado que atendían, han desaparecido importantes programas educativos que mostraron su efectividad en la lucha contra el fracaso escolar y el absentismo y se han reducido considerablemente los presupuestos en formación en innovación pedagógica.
En un contexto de restricciones presupuestarias, la infancia española, que no dispone ni de voz ni de voto, ha resultado ser uno de los colectivos más perjudicados. Además, y a diferencia de otros países de nuestro entorno, continúan prevaleciendo en España enfoques obsoletos e ineficaces sobre el desarrollo infantil, que ignoran de manera sistemática la importancia de las competencias socioemocionales, o el papel crucial de las madres y padres y sus capacidades a la hora de fomentarlas.
Asimismo, existen amplias diferencias entre comunidades autónomas con respecto a aspectos tan importantes como el desarrollo infantil temprano, que, a día de hoy, carece aún de un verdadero marco integrado. Si a eso añadimos el carácter contributivo de nuestro estado de bienestar, que a menudo deja de lado a los más vulnerables, el resultado es dramático: son demasiados los niños y niñas españoles, justo aquellos que lo tienen más difícil, que se están quedando en la cuneta. Pero no olvidemos que, sin infancia, no hay futuro. Para nadie.
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Carmen de Paz y Lucas Gortazar (@lucas_gortazar) son miembros de la red KSNET y autores del estudio que ha dado pie al informe de Save the Children Desheredados.Carmen de PazLucas Gortazar