El 12 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaban, abrazo mediante, un principio de acuerdo para formar el primer Gobierno de coalición en España desde la República. Mes y medio después, presentaban el documento completo del acuerdo, permitiendo una investidura después de meses de incertidumbre. No consiguieron ningún pacto así en 2015 ni en 2016, entre ataques e insultos y pese a que, hipotéticamente, se podría haber llegado a la mayoría necesaria. Esta falta de entendimiento forzó una repetición electoral y, más tarde, permitió un nuevo gobierno de Rajoy. Un PSOE en plena guerra civil prefirió primero pactar con Ciudadanos y, luego, echar a su secretario general para abstenerse en la investidura de Rajoy que aceptar un gobierno con Podemos. En 2018, Podemos apoyó la moción de censura de Sánchez, permitiéndole acceder a La Moncloa, pero sin exigir una coalición, quizá dándose cuenta de su error en los años anteriores.
En abril de 2019 se repitió la situación de 2016: el PSOE no quería una coalición y Unidas Podemos se negaba a un acuerdo meramente programático. Junto con un Ciudadanos anclado en el “no” a Sánchez, España tuvo las cuartas elecciones en cuatro años ese noviembre. ¿Y qué supuso esa nueva repetición electoral? Supuso que Podemos, tercera fuerza del país en 2015 y 2016 con más de sesenta escaños, se viera con 35 y en cuarta plaza. Que el PSOE perdiera tres diputados y decenas de senadores. Que el PP recuperara 22 escaños tras el enorme fracaso de abril. Y que la extrema derecha llegara a ser tercera fuerza parlamentaria en España, superando los 50 escaños.
El pacto de gobierno de finales de 2019 fue fruto de la desesperación de un PSOE y un Podemos que se dieron cuenta de que otra repetición electoral les condenaba, prácticamente, a perder las opciones de sumar. El pacto dejó de ser una oportunidad para ser una necesidad, en palabras del propio Iglesias. Dejaron, momentáneamente, los egos a un lado y pactaron un acuerdo de 50 páginas, refrendado ampliamente por las bases de ambos. Dos meses después de la toma de posesión de este gobierno de coalición, estalló la pandemia de la COVID-19.
Desde entonces, Pedro Sánchez ha desacreditado al Ministerio de Consumo de Unidas Podemos con su “chuletón al punto”. Belarra ha acusado al PSOE de no ser verdaderamente feminista, e Iglesias ha criticado incesantemente a Sánchez y Yolanda Díaz. García Page ha calificado de “mala compañía” a Podemos, y los morados han repetido continuamente sus ataques a ministros socialistas como Grande-Marlaska o Robles. En las últimas semanas, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, se han intensificado estos intercambios: el sí es sí, la ley mordaza, la ley de bienestar animal, la ley LGBT… Además, Podemos y Sumar se han enzarzado en relación a su posible unidad, hasta el punto de que la dirección nacional de la formación morada se ha enfrentado con algunas agrupaciones regionales. Si a esto le añadimos las contribuciones de otros partidos de la izquierda parlamentaria como ERC, Compromís, Más País o Bildu, la situación se vuelve aún más caótica.
Es comprensible que las izquierdas traten de diferenciarse entre ellas cuando se vienen elecciones. Pero existe una diferencia considerable entre distinguirse de otras fuerzas similares y tirarse piedras en el tejado con estos ataques cruzados. En el anterior ciclo electoral, hace cuatro años, la izquierda del PSOE se presentó en varias autonomías y ayuntamientos dividida. Quizá el caso más sonado fue el de Madrid, con Errejón y Carmena escindiendo Podemos para formar Más Madrid, y Carlos Sánchez-Mato presentándose con Madrid en Pie contra sus antiguos compañeros en el Consistorio. En ambas elecciones, con dos fuerzas importantes a la izquierda del PSOE, acabó gobernando la derecha. Una fuerza de izquierda fue la más votada en Comunidad y Ayuntamiento por primera vez en décadas, y aun así gobernó el PP. Igualmente, en 2015, la falta de acuerdo entre Podemos e IU en la autonomía madrileña hizo que estos últimos se quedaran fuera de la Asamblea y que Cristina Cifuentes fuera investida presidenta, con un solo escaño de diferencia.
La realidad es que el PSOE, a estas alturas, no va a gobernar en la mayoría de sitios sin el apoyo de Podemos. Ni Podemos sin el apoyo del PSOE. Más Madrid no va a gobernar en Madrid sin los votos del PSOE, Colau no va a ser de nuevo alcaldesa sin el PSC, y viceversa. El PSOE gobierna en todas sus autonomías salvo dos, en las que tiene mayoría absoluta, gracias al resto de izquierdas. La presencia de más y más candidaturas hace que la aritmética postelectoral se complique exponencialmente. Si Podemos no consigue entrar en el Ayuntamiento o la Asamblea de Madrid, será más difícil que Más Madrid y PSOE sumen. El PSOE necesita que los votantes a su izquierda se movilicen y voten este próximo 28 de mayo, y los partidos a la izquierda del PSOE necesitan que los socialistas saquen unos resultados suficientemente buenos.
Si existe una evidente dependencia mutua, ¿tiene sentido que el PSOE y el resto de la izquierda actúen así? ¿Los conflictos casi continuos entre Podemos, PSOE, IU, Más País y un largo etcétera consiguen movilizar más voto o todo lo contrario? ¿Que Yolanda Díaz haya esperado tanto para presentar su proyecto político de cara a las generales moviliza o desmoviliza? Después de su puesta de largo el pasado 2 de abril, hay muchas esperanzas en que la renovación de este espacio político reactive la unidad, la movilización y la transversalidad que caracterizó al Podemos de 2015-2016. Pero tanta espera puede llevar a la impaciencia, y la falta de acuerdo con los morados, fuerza mayoritaria a la izquierda del PSOE actualmente, no ayuda.
La realidad es que Sumar llega tarde, al menos para las elecciones municipales y autonómicas, en las que muchos de sus presumibles futuros componentes se presentarán por separado. Esta desunión les va a obligar a diferenciarse y confrontar no solo con los socialistas, sino también entre ellos. Si a esto le añadimos el debate continuo dentro del PSOE entre el giro al centro y el giro a la izquierda (esto es, competir por el voto con el PP o con Podemos), nos encontramos con aun más potencial de conflicto. La creciente transferencia de votos entre bloques ideológicos en los últimos años, que benefició al PSOE en las elecciones catalanas de 2021 y al PP en las madrileñas del mismo año, hace concebible que los socialistas busquen el apoyo de antiguos votantes del PP, quizá decepcionados con sus pactos con Vox. En este caso, podrían ser acusados de traicionar a su base de izquierdas. Pero, si deciden girar hacia la izquierda, se verán abocados al choque directo con Podemos.
Predecir el futuro de la movilización de la izquierda de cara a este ciclo electoral resulta imposible. Pero lo que está claro a día de hoy es que Podemos y PSOE han entrado de lleno en la confrontación, una estrategia que hasta ahora no ha ayudado a que mejore la valoración de las acciones del Gobierno. Gran parte de la izquierda irá separada a este ciclo electoral, y la candidatura de Yolanda Díaz, en la que descansan muchas de las esperanzas de unidad de la izquierda española, está fracasando en conseguir un acuerdo completo. De momento, el Partido Popular de Feijóo debe de estar frotándose las manos ante estas continuas guerras fraternales de la izquierda española, que se juega su supervivencia en los gobiernos de muchas comunidades y ciudades. Pero, de momento, parecen más preocupados por mantener sus luchas cainitas que por el futuro de este espacio político.