Nuestro país no ha tratado bien a los jóvenes en las últimas décadas. A pesar de haber sido partícipes de una extraordinaria revolución educativa, han enfrentado dos crisis casi consecutivas a la hora de iniciar su carrera laboral, y las reglas y hábitos del mercado de trabajo, con altas tasas de desempleo y temporalidad, les han sido perjudiciales. Junto a esto, durante demasiado tiempo, las políticas públicas no han atendido a sus preocupaciones y demandas.
Afortunadamente, las cosas están cambiando.
Este gobierno está considerando a los jóvenes su prioridad desde el primer momento. Y el mejor ejemplo de ello es quizá no solo recordar las iniciativas destinadas específicamente a ellos, sino analizar cómo las grandes reformas que van a definir el funcionamiento de nuestra economía y nuestra sociedad para las próximas décadas se están diseñando con ellos en el centro.
La reforma laboral que estamos abordando tiene como objetivo fundamental la lucha contra la que quizás es la principal patología de nuestro mercado de trabajo: el exceso de temporalidad, que lamina la productividad de nuestras empresas, erosiona los recursos del sistema de pensiones y, sobre todo, precariza las vidas de los jóvenes, sus principales víctimas. La temporalidad hace que sus ingresos sean volátiles y sus carreras laborales menos predecibles. Y esta incertidumbre estructural les impide adoptar decisiones para el largo plazo y, en definitiva, consolidar sus proyectos vitales por esta anomalía. Combatir la temporalidad es, por tanto, no solo vital para que nuestro mercado de trabajo sea más eficiente y dinámico. Es crucial para mejorar las vidas presentes y futuras de los que hoy son jóvenes.
Esta batalla contra la temporalidad y la precariedad la estamos dando desde muchos ángulos. Primero, es necesario rediseñar las modalidades de contratación para generalizar el uso del contrato indefinido para todos los trabajadores. Es importante también usar las herramientas de las que dispone la Seguridad Social para desincentivar el uso abusivo de los contratos de corta duración, y también readaptar nuestra legislación para evitar extender la precarización de las relaciones laborales a los trabajadores de plataformas. Pero, en última instancia, lo que necesitamos es también que nuestras empresas se adapten a los vaivenes de la situación económica, no a través de la temporalidad y el recurso al despido, sino con nuevas herramientas de flexibilidad interna.
Por eso es fundamental que aprovechemos la experiencia de la pandemia y, como nos comprometimos en el Plan de Recuperación, incorporemos de manera permanente el uso de los ERTE como herramienta de flexibilidad para proteger el empleo cuando caiga temporalmente la actividad en las empresas. Aunque pudiera parecer que los ERTE sirven para proteger el empleo de los trabajadores más mayores y con carreras más consolidadas, nuestros datos muestran que, de hecho, de entre todos los grupos de edad fueron los más jóvenes los trabajadores que más se beneficiaron de esta política de protección al empleo.
Tenemos que aprovechar esta oportunidad, además, para impulsar la formación en el seno de la empresa. Es este un área en el que España tiene un margen importante de mejora, y que será fundamental para asegurar la recualificación de nuestros jóvenes. Es algo que también la altísima temporalidad dificultaba, y que es mucho más fácil de promover y sostener en el nuevo modelo de protección al empleo, como estamos haciendo con los incentivos a la formación que hemos desplegado para aquellas empresas que tienen trabajadores en ERTE.
También en la reforma de pensiones, recién aprobada, hemos puesto a los jóvenes en el centro. Es habitual leer y escuchar opiniones que dicen que a la hora de debatir y legislar sobre pensiones solo se toma en consideración a los actuales pensionistas y a aquellos que están cercanos a la jubilación, que se ignoran las necesidades de los que acaban de entrar en el mercado laboral o están a punto de hacerlo. Frente a esas voces, creo que es necesario mostrar con claridad por qué en esta reforma se ha tenido en cuenta a las generaciones más jóvenes.
Para empezar, quiero destacar que el sistema de pensiones español, como el de la mayoría de los países de nuestro entorno, es un sistema de reparto, lo que significa que las actuales pensiones se pagan con las cotizaciones de los actuales trabajadores, cuyas pensiones se abonarán con las cotizaciones de la siguiente generación. Por este motivo, es importante que este pacto intergeneracional se vea consolidado con medidas que refuercen la sostenibilidad del sistema de pensiones, de forma que ninguna generación tenga dudas sobre su futuro derecho a una pensión, y que los esfuerzos para financiar el sistema recaigan de manera equilibrada entre generaciones.
Una de las principales amenazas a este pacto intergeneracional era la incertidumbre sobre la evolución futura del valor de las pensiones. ¿Cómo lograr el compromiso de los que hoy aportan al sistema con la sombra de una devaluación permanente y sistemática de las pensiones futuras, como presagiaba la reforma de 2013? Por eso, el Pacto de Toledo en sus recomendaciones aprobadas de forma consensuada hace algo más de un año nos exigía que esta incertidumbre desapareciera y que se garantizara de manera permanente el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras.
El segundo gran cambio que introduce esta reforma es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que persigue un reparto equilibrado del esfuerzo entre todas las generaciones para reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema en los años en que necesitará más recursos por la llegada de generaciones más pobladas a la edad de jubilación. Las proyecciones demográficas muestran que este problema mejora de forma natural a partir de finales de la década de 2040, por lo que nuestro objetivo ha sido el de reforzar transitoriamente al sistema durante las próximas décadas.
Así, a partir de 2023 y durante diez años, las cotizaciones sociales se incrementarán ligeramente con una aportación finalista que, para un sueldo promedio, será de menos de 12 euros al mes. Tenga la edad que tenga el trabajador, su aportación dependerá únicamente de su base de cotización (al ser un porcentaje sobre la base de cotización, aquellos con salarios más altos pagarán algo más que aquellos con salarios más bajos), y por supuesto excluye a aquellos que no se han incorporado al mercado laboral.
Es importante comparar el impacto de este mecanismo de equidad intergeneracional con el del factor de sostenibilidad al que sustituye. La tabla adjunta compara los efectos del nuevo mecanismo y del viejo factor de sostenibilidad en personas de diferentes grupos de edad con base de cotización promedio y carreras laborales idénticas. Como se puede ver, el nuevo mecanismo supone, para un joven que ahora tenga 18 años, pagar 12 euros mensuales durante los próximos 10 años, mientras que el factor de sostenibilidad implicaba reducir su pensión, durante toda su jubilación, en 313 euros mensuales.
¿Era razonable que alguien, solo por el mero efecto de haber nacido en 2003 acceda a una pensión de jubilación más de 200 euros más baja que alguien con la misma carrera de cotización, pero nacido cuatro décadas antes? ¿Es justo que la aportación de cada generación sea tan diferente, y que recaiga de manera tan desproporcionada sobre los jóvenes? ¿No es mejor una contribución equitativa y limitada en el tiempo a un recorte que te penalice solo por ser más joven?
Otro elemento que mejora el sistema de pensiones para los jóvenes respecto al que existía antes es una medida que el Gobierno aprobó ya en febrero: el complemento para la combatir la brecha de género. Este complemento, a diferencia del complemento de maternidad al que sustituye, se paga desde el primer hijo, que es el momento a partir del cual los datos muestran que las carreras laborales (mayoritariamente, de las mujeres) se resienten. Y también fomenta la corresponsabilidad, puesto que se percibe por el progenitor, sea hombre o mujer, cuya carrera se haya visto perjudicada. Se adapta por tanto a los nuevos tipos de familia, en los que afortunadamente, el peso de los cuidados no recae únicamente sobre las mujeres.
Además, este complemento es mucho más equitativo que el anterior, al consistir en una cantidad fija por hijo, frente al modelo anterior, en el cual el complemento era más generoso para las pensiones de más cuantía, contribuyendo a amplificar los problemas de desigualdad de rentas que tiene nuestro país.
Finalmente, hay otros elementos, sobre los que aún quedan trabajos pendientes, que también hacen que el sistema que estemos diseñando acabe siendo más justo y equitativo para los jóvenes. Por ejemplo, la cotización de los becarios, algo que hasta ahora no se producía en el caso de las prácticas no remuneradas, lo que hacía que muchas personas que se inician en el mercado laboral a través de estas prácticas, tengan años efectivamente trabajados que no se acabaran teniendo en cuenta como cotizados.
En el segundo bloque de medidas abordaremos también cómo adecuar nuestro sistema de pensiones al mercado laboral actual, en el que las carreras tienden a ser más irregulares o menos lineales que antes. Nuestro sistema actual se pensó para aquellos que durante toda su vida laboral tenían una trayectoria constante y ascendente, en muchos casos incluso en la misma empresa. Pero sabemos que este perfil es cada menos representativo de los nuevos participantes en el mercado de trabajo, donde hay una mayor variedad de tipos de carreras laborales. Que el sistema reconozca esta realidad diversa para tratar de forma más equitativa a todos será algo que beneficiará especialmente a los que hoy son más jóvenes.
Estamos convencidos de que ni nuestro mercado de trabajo ni nuestro sistema público de pensiones funcionarán si no lo hacen para los jóvenes. De este convencimiento parte nuestra obsesión de poner a los jóvenes en el centro de estas grandes reformas. Es el camino para que sus preferencias sigan contando, para que sus problemas sigan marcando nuestra agenda, y para que sus ambiciones y deseos sigan diseñando nuestras políticas.