En estos días estamos viviendo una situación histórica para los derechos de las mujeres y los feminismos en dos escenarios políticos perfectamente identificables: el Pacto de Estado, de un lado, y la movilización feminista “Juana está en mi casa”, de otro.
Por su parte, el debate de la subcomisión para el Pacto ha abordado el ensanche político y jurídico de la noción de “violencia de género” en el marco de la Ley de 2004 y del Convenio de Estambul. Además, reconoce la necesidad de dar cierta marcha atrás a la Ley Montoro, lo que implica que todos los partidos asuman públicamente el profundo vínculo entre los recortes y el asesinato sistemático de mujeres en este país. Las instituciones y administraciones tienen la obligación de generar mecanismos de prevención y protección ante las violencias machistas, y eso sólo se hace con inversión pública adecuada y, por tanto, con una voluntad política feminista, es decir, centrada en las políticas de educación y prevención, y no en el populismo punitivista.
Finalmente, por estas y otras muchas razones, el dictamen no ha sido aprobado por unanimidad, ya que contiene carencias técnicas y políticas inasumibles. Entre ellas, la mentira insultante del compromiso político de 1.000 millones de euros, cuando en realidad sólo se garantizan 44 millones, o no haber permitido que los movimientos feministas participen en el debate con el protagonismo necesario.
A pesar de la relevancia mediática del “Pacto”, el caso de Juana Rivas ha tenido la fuerza suficiente para colocarse en el centro de la agenda política y mediática de manera paralela y autónoma al debate entre partidos. Tanto es así que se ha generando una movilización social feminista que, en mi opinión, combina al menos dos estrategias destacables. De un lado es evidente la dimensión adquirida en redes sociales, de otro, una dimensión más invisible, pero de un potencial político y social de primer orden, en el que me centro ahora.
Frente a la incapacidad evidente de las instituciones y administraciones de dar respuesta ante las violencias machistas, el caso de Juana ha reactivado redes feministas ayer clandestinas, hoy de desobediencia civil, de autogestión y autodefensa de los derechos de las mujeres y de las demandas feministas. La ciudadanía vuelve a desbordar a las instituciones y a los partidos poniendo en práctica principios políticos emancipadores como la autoayuda en clave de desobediencia civil y la autogestión, pero de nuevo con un explícito enfoque feminista.
Históricamente es sabido que las feministas sufragistas fueron quienes crearon y pusieron en práctica una batería importante de estrategias de resistencia no violenta. En España, por ejemplo, no hay más que recordar las redes feministas clandestinas de prácticas de aborto en el franquismo y durante no pocos años del posfranquismo. Estas estrategias han existido y existen por supuesto en los feminismos de hoy, lo decisivo de este caso es la incidencia política que está conllevando en la esfera pública de la política, a pesar de mantener intacta su realidad oculta. Esto nos da una idea de la profundidad del pacto social que sostiene el refugio de Juana.
En cuanto a la historia más reciente de las movilizaciones sociales, “Juana está en mi casa” también nos conecta, en cierto modo, con la experiencia contestataria del 15M, aunque con importantes matices en la denuncia y en la propuesta política. Si el 15M ocupó y re-politizó espacios públicos como las plazas, el movimiento “Juana está en mi casa” está re-politizando los espacios que hemos conocido en el pensamiento político como “doméstico” y “privado”. Ambos espacios han sido los lugares del poder patriarcal por excelencia, pero un movimiento como “Juana está mi casa” los resignifica y coloca al servicio, paradójicamente, de redes de desobediencia civil feminista. Los hogares y los cuerpos de las mujeres pasan así de ser un espacio de potencial situación de vulnerabilidad, a un espacio de acogida, seguridad y empoderamiento, desbordando abiertamente el insuficiente papel de las instituciones en estos casos.
Si el 15M denunciaba que “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, desvelando así los costes humanos de los estados neoliberales; el movimiento feminista está poniendo sobre la mesa una compleja crítica que abre nuevas posibilidades para repensar el papel de la comunidad en el cambio político: a la vez que se grita que “(nosotras y nuestrxs hijxs) no somos sacrificables en manos de políticos y jueces”, se han activado soluciones y estrategias que entiendo son feministas por varias razones.
En primer lugar, las redes de desobediencia civil que ocultan a Juana están basadas en lazos de afectos entre mujeres, lazos que los feminismos han ido politizando históricamente. Dentro de las corrientes de pensamiento crítico de izquierdas, los feminismos sí han asumido extensamente el rol de las emociones en la reflexión política y en la producción de conocimiento, y esto es una ventaja innegable de los mismos ante otras corrientes críticas. En segundo lugar, ante instituciones que sólo atinan a re-victimizar e institucionalizar a las mujeres en situación de riesgo, estas redes de desobediencia civil colocan la protección de todos los cuerpos y de todas las vidas en el centro de la estrategia política. Ninguna vida es desechable, ninguna. Y por último, son feministas porque reactivan soluciones comunitarias a problemas cuya vivencia puede estar más o menos individualizada. Toda acción política que recupere lo comunitario como agente de justicia social es hoy subversiva ante un individualismo que nos corroe como sociedad.
Los nuevos métodos para la emancipación social contemporánea pasan, sin duda, por la rearticulación de una comunidad que trascienda las políticas identitarias clásicas de las izquierdas de la segunda mitad del siglo XX. En este reto, los feminismos que están abordando de manera interseccional aquellas identidades, en el pensamiento y en la praxis política, son una apuesta indispensable para otros futuros posibles.
Si Juana ha tenido que ocultarse de las instituciones y administraciones en redes de desobediencia civil como única forma de garantizar la vida de sus hijxs, su valentía ha devuelto a la luz una certeza política: que el verdadero pacto que va a prevenir, a proteger y a dar autonomía a las mujeres debe ser un pacto feminista de la ciudadanía por la vida toda. “Juana está en mi casa”, porque en todas las casas ya hay una Juana dispuesta a todo. Es tiempo de mujeres, de vida y de comunidad.