“A todos nos llega un momento en la vida en que debemos enfrentarnos a nosotros mismos y tratar de engañarnos como podemos”, nos avisó el Perich. Cuando Rajoy llegó al Gobierno señaló que estaba allí para bajar los impuestos. Cuando su Director General de la Policía, Cosidó, reunió por primera vez la Junta de Gobierno del CNP proclamó que se había acabado la policía política. Nos vino encima, sin embargo, la mayor subida impositiva en cuatro años y la utilización partidista más aberrante del cuerpo policial en la actual democracia. Kitchen es lo que nunca más debería repetirse.
En sede parlamentaria, el 8 de Julio de 2015, advertía al PP en una intervención como portavoz socialista de Interior: “Hacen uso y abuso partidista de las instituciones policiales. Tienen sus prioridades trastocadas. Bárcenas, la Gürtel, la financiación ilegal de su partido y el espionaje a los adversarios políticos han obsesionado a la cúpula ministerial de Interior y han marcado definitivamente esta legislatura”. Pregunté por Sergios Ríos, el que fuera chofer de la mujer de Bárcenas y confidente policial, al Director General, Cosidó, en 2017. Negó con aplomo lo que hoy es ya una evidencia: -“¿Requirió la policía en algún momento al hoy policía nacional sus servicios para sus investigaciones sobre Bárcenas?”. - “Que yo tenga constancia, no se le ha pedido ningún tipo de requerimiento”. Negó conocerlo, aunque había firmado nombramientos y comisiones de servicio a su favor.
La actividad de “la policía patriótica” impregnó el mandato ministerial de Fernández Díaz. Responsables políticos daban las instrucciones. Mandos policiales sin escrúpulos las ejecutaban. Se trató de un reducido grupo que no tuvo empacho de ejecutar órdenes heterodoxas. Como una comisión de investigación, propuesta por el grupo socialista, dictaminó en 2017: “En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz (…) se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y el consentimiento del Ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, la investigación y en su caso, la persecución de adversarios políticos(…)”.
Mientras que la inmensa mayoría de nuestros policías cumplía su deber con eficacia y total respeto a la ley, esta camarilla no tenía empacho en saltársela. Y no pueden alegar el “mandato debido” a sus superiores porque hubo quien no se plegó a estos tejemanejes. Al comisario Losada, nombrado por Fernández Díaz Comisario General de Policía Judicial, le pedían, según él mismo manifestó, blanquear policialmente investigaciones poco transparentes de otras unidades. Fue cesado a los pocos meses de iniciar su mandato. Enrique Rodríguez Ulla, su sucesor, declaró en sede judicial que el DAO (Pino) le ordenó paralizar la investigación que había iniciado sobre el ático de Ignacio González. Corrió igual suerte que su antecesor. A mis amigos comisarios, Miguel Ángel Santano y Telesforo Rubio, les pedía opinión, sobre la legalidad de algunos de los casos que me llegaban, en una cafetería cercana al Congreso. Furtivamente nos hicieron una foto. El 11 de junio de 2015 ocupaba, a gran formato, la primera pagina de La Razón. Una semana después los cesaban. En contraposición a estos castigos, un buen número de quienes participaron activamente, en esta “camarilla policial”, recibían honores, distinciones y canonjías. Medallas pensionadas y puestos en embajadas bien remunerados.
Algunos de ellos siguen disfrutando, hoy, destinos importantes en el Cuerpo Nacional de Policía. Otros esperan ascender a comisarios en pocas fechas. En los dos primeros años del mandato de Fernández Díaz se renovaron la inmensa mayoría de los responsables policiales españoles. Hoy, un buen número de comisarios y jefes de servicio del cuerpo, vienen de una época en la que se confundió gobierno con partido y Estado con gobierno. La ruptura de la “omertà”, iniciada con los “arrepentidos” Enrique García Castaño y Francisco Martínez, además de ratificar los aspectos denunciados, posibilita empezar a iluminar el capítulo más negro del Ministerio del Interior en el actual sistema democrático. El Partido Popular antes de iniciar los trabajos de la nueva Comisión de Investigación en el Congreso, debería evidenciar su ruptura con quienes fueron señalados en la anteriormente citada, para evitar quedar atrapados por su pasado. Pablo Casado, vicesecretario General del PP cuando la anterior Comisión de Investigación hizo público su dictamen, tiene la palabra.