Llama la atención las exageradas reacciones que se han producido tras la presentación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de la Proposición de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Ninguna sorpresa debería implicar una ley que los socialistas ya habíamos presentado anteriormente en el Parlamento, recogida en nuestro 39 Congreso, que constituye un compromiso electoral expreso, que está en sintonía con el marco legal europeo y que es una reivindicación unánime y urgente de los movimientos sociales.
No está de más recordar, y es justo hacerlo, que la sociedad española es tolerante, consideración ya no solo de carácter general, sino que viene sustentada por datos objetivos de numerosos estudios. Ahora bien, también debemos reconocer que de manera permanente, y no como hechos aislados, se producen casos de agresiones a personas motivadas por su origen, su color de piel, su etnia, su edad o la situación de sinhogarismo. Incluso es frecuente en los medios de comunicación encontrar casos de personas que son agredidas y discriminadas por su orientación sexual.
También es justo señalar el enorme avance que se ha producido en los últimos años. Precisamente por ello debemos ser exigentes y recordar que la mayoría de estas agresiones quedan impunes, ya sea porque no llegan a denunciarse, (solo se han presentado 1746 durante el año 2019) , o porque si llegan a judicializarse en la gran mayoría de los casos se archivan en los juzgados por la inexistencia de un marco jurídico claro sobre estos hechos y los procesos asociados a los mismos.
Y lo que es más importante, no solo se tratar de reconocer las circunstancias y tipos de discriminación en el marco jurídico, sino que necesitamos concienciar, estudiar y prevenir para evitar su existencia. Por tanto, debemos avanzar, exigiéndonos a nosotros mismos que España se dote de herramientas y un marco jurídico que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad. Si no prevenimos, sensibilizamos, mediamos y protegemos a las víctimas, el derecho penal llegará muy tarde, y, además, no todo debe ser abordado desde lo penal.
El derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato ya están incluidos en la Constitución, pero en muchas ocasiones no se garantizan y es lo que pretendemos con esta importante iniciativa legislativa.
Lo hacemos también para estar en sintonía con Europa, porque no podemos ser unos de los pocos países del entorno europeo que no ha completado la adaptación a las normativas europeas. Y me atrevo a decir que es necesario que lo hagamos también desde el consenso que, con acierto, han demandado las grandes organizaciones sociales y cívicas que impulsan este avance.
Los socialistas apostamos por una ley carácter integral, garantista que regule las conductas indeseables que tienen lugar en el empleo, la educación, la sanidad, la prestación de servicios sociales, el acceso a bienes y servicios disponibles al público y la publicidad, en determinados ámbitos de la vida política, cultural y social o antes nuevos retos como las redes sociales y la inteligencia artificial. Debemos pensar de forma aperturista, sin números clausus, dado que es fácil suponer que todos/as, en algún momento de nuestras vidas, estamos expuestos a padecer algún tipo de discriminación. Es por ello por lo que debemos hacer una Ley integral con una visión de conjunto de las formas de discriminación.
Si queremos trasponer las directivas europeas es necesario dotarnos de una Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo independiente que pueda investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.
Hay que denunciar, en este punto, la proliferación de discursos estigmatizantes de algunos cargos públicos. El último, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que el virus COVID se extendía por el modo de vida de los inmigrantes. Los responsables públicos no deben alentar estas actitudes y por ello es necesario incorporar el agravamiento de la sanción cuando el hecho discriminatorio sea cometido bajo la condición de autoridad, personal funcionario o empleado público de la persona infractora.
Esta es nuestra propuesta, abierta al debate en su tramitación parlamentaria. No queremos recorrer solos este camino y aspiramos a un amplio consenso, pero, ante todo, queremos que no se retrase la aprobación de esta ley y que no sea considerado un asunto accesorio o secundario en la agenda política. No es la primera vez que tenemos que impeler a esta urgencia al hablar de derechos y de avances sociales; y en el caso de esta ley podemos encontrar en los cimientos de su formulación el legado de Pedro Zerolo. El nombre de “Ley Zerolo” llama al consenso, al acuerdo y al avance en derechos con un amplio apoyo social.