Una cosa es escenificar un pacto de Estado contra la violencia de género, para figurar en la foto mediática y en la oportunidad política, y otra muy distinta es contraer el compromiso real de llevarlo a efecto de manera urgente y hasta sus últimas consecuencias. Es fácil hablar de pactos para negar la custodia de los hijos/as a condenados por malos tratos y, con la otra mano, dejar en la indefensión a una madre maltratada y a sus hijos. Estamos hablando de una mujer aterrorizada y desprotegida, maltratada no sólo por su ex pareja, sino por la ley que la convierte a esta última de verdugo en víctima y le hace susceptible de amparo.
Ya se ha escrito mucho sobre el caso de Juana Rivas, que pone sobre el tapete que efectivamente hay un pacto, sí. Pero es el pacto patriarcal dirigido a silenciar y hasta a negar la violencia estructural contra las mujeres. Cómplice directo en ese pacto, la justicia no tiene una venda de neutralidad, ni equilibra el fiel de la balanza. La justicia es justicia con apellido: es justicia patriarcal y, por tanto, interesada.
Esto ya lo sabían las mujeres del siglo XVIII, cuando, como Olympe de Gouges, denunciaban que los derechos y deberes estaban promulgados sólo para la mitad masculina de la humanidad: para las mujeres sólo restaba la exclusión y el sometimiento a la ley. Una ley hecha para y por los hombres, y formulada con pretensiones de universalidad.
Lo que está sucediendo con Juana demuestra que las cosas no han cambiado mucho del XVIII para acá. Se parte a priori de que la mujer es culpable y, en todo caso, es ella quien tiene que demostrar lo contrario. Los delitos imputados a Juana, la imputación también de las profesionales que la han asistido, ponen a las claras que la ley –insisto, patriarcal– siempre se vuelve en contra de las mujeres.
Y se vuelve contra ellas porque, siguiendo la idea de la filósofa Celia Amorós, la ley y el sistema que la sustenta no da legitimidad a la palabra de las mujeres. De ahí que siempre se aplique la sospecha sobre sus testimonios, sobre sus relatos, sobre sus denuncias. El sistema patriarcal, como todo sistema de dominio, es paranoide: desconfía de lo que no es igual a sí mismo. Las mujeres, las otras, no pueden tener credibilidad, porque su palabra, su denuncia amenaza la misma línea de flotación de una estructura política y social que se quiere hacer pasar por natural. Por tanto, lo que hay que hacer con las mujeres es negarles la palabra, quebrar la legitimidad de su testimonio.
Sin embargo, las feministas sabemos que estamos asistiendo al inicio de la crisis más profunda del sistema patriarcal. Y reclamamos que se les devuelva a las mujeres la palabra y la ley. Por eso, entendemos que el auténtico pacto es el pacto entre las mujeres y los hombres que, apoyando a Juana Rivas, apoyamos la fe en un imperativo moral y legal: el del fin de la injusticia de género.