Cuando conocí, el pasado mes de julio, que el nuevo paquete legislativo de la Comisión Europea (CE) contra el blanqueo de capitales incluía una nueva propuesta de directiva -¡la sexta!- contra esta lacra del mundo globalizado, me vino a la memoria el mito de Sísifo, aquel personaje de la mitología griega a quien Zeus castiga a subir una y otra vez, eternamente, una enorme piedra hasta la cúspide de una empinada montaña y verla caer hasta el fondo del valle cada vez que se acercaba a la cumbre. Porque, algún serio problema tiene que tener la legislación europea AML (Anti-Money Laudering) para que, después de tan intensa actividad legislativa, el volumen de dinero lavado sea hoy bastante mayor que cuando se promulgó la 1ª Directiva, en 1991. En opinión de la directora de Europol, Catherine de Bolle: “La escala y la complejidad de las actividades de lavado de dinero que afectan a la UE se han infravalorado hasta ahora”.
Una de las razones del fracaso es que el método de legislar mediante directivas que deben ser traspuestas a la legislación de cada estado miembro no es el más adecuado cuando se trata de un tema que requiere máxima homogeneidad; y por parte de algunos gobiernos europeos no existe voluntad política para actuar contra el blanqueo de capitales y sus delitos conexos, en particular contra las empresas fantasma (o tapadera), utilizadas tanto para la elusión fiscal como para la evasión y el blanqueo de capitales. Por ello, no es extraño que la transposición de estas directivas se haga tarde y mal, produciendo divergencias legislativas y errores y contradicciones en temas muy importantes como las capacidades de las unidades de inteligencia financiera (UIF) nacionales y sus procedimientos de coordinación europea, o la configuración y modos de acceso a las bases de datos de propietarios reales y de transacciones.
El blanqueo de capitales ha venido creciendo en el mundo y en Europa desde los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con: la globalización neoliberal sin estructuras políticas y jurídicas democráticas a nivel mundial que la regulen, la desregulación económica y financiera, el deterioro de la progresividad de los sistemas fiscales, las nuevas tecnologías que facilitan la transferencia instantánea de capitales, el uso de criptoactivos, la pujanza de la economía criminal y la permisividad de muchos gobiernos con la actividad de los paraísos fiscales. La ONU ha estimado que el volumen anual del blanqueo de capitales puede alcanzar hasta el 5% del PIB mundial, cerca de 4 billones de euros. Según el FMI la riqueza privada depositada en paraísos fiscales está comprendida entre el 8 y el 10 por ciento del PIB mundial: entre 6,4 y 7,9 billones de euros.
La principal contribución de la UE a las redes mundiales de blanqueo de capitales son las empresas fantasma, cuyas redes europeas enlazan con las establecidas en los paraísos fiscales más tradicionales –Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caiman, Belice, Honk Kong, Singapur, Suiza, etc.- o en estados de los EE UU -Delaware, Dakota del Sur, Tennessee, Nevada, Wyoming, Florida, etc.-. Estas empresas, sin actividad económica real, y sin empleados en la mayoría de los casos, son gestionadas por ciertos bufetes de abogados que manejan miles de empresas simultáneamente en lo que constituye una lucrativa industria basada en la colaboración necesaria con el blanqueo, el fraude fiscal, la corrupción y la elusión fiscal. A través de una maraña de empresas y de infinidad de transacciones, ocultan la identidad real de los delincuentes. Según la revista del FMI, Finance & Development, en 2019, el 40% de la inversión extranjera directa mundial, unos €13,6 billones era ficticia, solo “inversiones” en empresas fantasma. El 80% de esta cantidad pasa por empresas fantasma con sede en seis países europeos: Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Malta, Chipre y Suiza. La mitad, 6,8 billones, por empresas tapadera radicadas en solo dos: Luxemburgo y Holanda.
La Comisión Europea parece que ahora va en serio: el papel de la sociedad civil
La Comisión Europea ha anunciado la próxima publicación de una iniciativa legislativa sobre las empresas fantasma. Es una de las peticiones que hacía el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el paquete legislativo de la Comisión, del que he sido ponente.
El paquete legislativo tiene tres reglamentos y una directiva. Un reglamento crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), con competencias de supervisión directa de las mayores entidades financieras y de las operaciones de blanqueo más voluminosas; con las unidades de inteligencia financiera y los supervisores nacionales deberían formar un sistema integrado europeo. Otro reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir las entidades financieras para detectar y denunciar las operaciones ilegales. El tercer reglamento obliga a los proveedores de criptoactivos a cumplir las mismas normas que las entidades financieras, entre ellas la revelación de la identidad de los propietarios. La sexta Directiva pretende establecer una coordinación más eficaz entre las UIF y los supervisores nacionales de los estados miembros.
El método legislativo, los contenidos y la creación de la AMLA revelan la voluntad política de la CE. Los términos de la Directiva contra las empresas fantasma serán determinantes para el cambio. Pero habrá que vencer las resistencias de los países que promueven el dumping y la elusión fiscales y dificultan la lucha contra el blanqueo. Para ello hay que fortalecer la conciencia ciudadana para que una fuerte y mayoritaria opinión pública europea corte las alas a los muy poderosos lobbies que practican, favorecen o disculpan estos intolerables delitos. Una de las 14 propuestas que hace el Dictamen del CESE va en ese sentido: promover un Pacto Europeo, social y político, contra el blanqueo de capitales, sus delitos conexos y los paraísos fiscales, y crear un organismo para la participación de la sociedad civil en esta lucha.
Hay que subrayar la gran contribución del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a esta lucha. Muy superior a la de la mayoría de los gobiernos e instituciones de la UE. Por los Panama, Paradise y Pandora papers sabemos mucho más acerca de quienes practican el blanqueo de capitales y de sus métodos que por las fuentes políticas, judiciales o policiales. Leyendo las listas de implicados, comprendemos la principal dificultad del problema: el gran poder político, económico, cultural y mediático que tienen quienes lo practican. En lo que nos toca, pensemos lo que significa que, según abrumadores indicios, el Rey Juan Carlos I blanqueara capitales mientras era el Jefe de Estado de España. Hay que denunciar muy alto que, en la Europa del Estado de Derecho, algunos periodistas han pagado con su vida el investigar la corrupción política y económica, entre ellas la fundadora del ICIJ, la maltesa Daphne Caruana Galizia, y exigir a la UE y a los gobiernos nacionales la máxima y urgente protección legal y real de la vida y la integridad de los y las periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien la corrupción económica y política.
Nuevas medidas y voluntad política
Se necesitan más medidas para vencer en esta difícil lucha. Menciono algunas de ellas: reforzar las competencias y los recursos de Europol y la Fiscalía Europea y la coordinación entre ellas; revisar la lista de la UE de paraísos fiscales para que estén todos los que realmente lo son y hacer que las empresas que hacen transacciones con ellos y las condenadas por blanqueo no puedan participar en las contrataciones públicas; legislar y actuar contra los canales fuera del sistema financiero - mercado de obras de arte y activos de alto valor, puertos francos, depósitos de aduana y zonas económicas especiales, ciertas operaciones económicas o transacciones comerciales, inversiones inmobiliarias, juegos de azar, etc.-; definición penal común y armonización de penas de los delitos conexos. La AMLA debería estar plenamente operativa antes de 2026 y, mientras, hacer que el BCE cumpla sus actuales obligaciones de supervisión.
Hay que proceder a una armonización fiscal, en la UE y globalmente. La insuficiente propuesta, de establecer una tasa mínima efectiva del impuesto de sociedades del 15%, ha venido de la OCDE y el G20. La UE rebajó el 21% inicialmente propuesto por los EEUU. En la base del blanqueo está la evasión fiscal propiciada por la competencia fiscal y la erosión de los sistemas fiscales progresivos. Eso que tanto le gusta impulsar en el interior de España, con enorme insolidaridad e irresponsabilidad política, a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso.
Para vencer en esta imprescindible lucha hay que saber aunar voluntades políticas fuertes. El mantenimiento de la actual situación es intolerable desde cualquier punto de vista político, intelectual y moral. En cualquier circunstancia, pero más si cabe aún cuando la pandemia y la crisis que ha generado están exigiendo a las autoridades de la UE y a los gobiernos nacionales unos esfuerzos presupuestarios extraordinarios, permanentemente boicoteados por los delincuentes económicos y fiscales y sus colaboradores políticos.