El Partido Popular ha hecho un gran descubrimiento: la gestión de Madrid Calle 30 debe ser cien por cien pública.
Almeida y su área de Obras y Equipamientos nos han comunicado que, si bien la gestión mixta de M30 resultaba en principio eficiente, “el transcurso del tiempo, los cambios normativos y la evolución económica” han hecho necesario replantearse el modelo. Y es que ese es el principal motivo del cambio: el ahorro económico que supondrá para las arcas municipales. “Es una opción más eficiente y sostenible, manteniendo el nivel actual de excelencia en el servicio”, afirman. De hecho, el Área de Hacienda solicitó un informe externo para determinar cuál era el modelo más conveniente. No hubo dudas sobre que la municipalización era la mejor alternativa.
Lo que hace Almeida es una enmienda a la totalidad de la política realizada por el PP con Madrid Calle 30, pero veinte años tarde y más de 1.100 millones de sobrecoste después solo en la elección de ese modelo de gestión que ahora anuncian querer cambiar. De hecho, en 2017, el PP votó en contra del mandato claro que surgió de la Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas y el informe realizado: remunicipalizar Madrid Calle 30, comprar ese 20% y hacerla 100% pública. Se aprobó con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP.
El dictamen fue ignorado por quienes sucumbieron a las presiones de Montoro, pero también por el PP y Ciudadanos en 2019.
Ahora en 2023, Almeida descubre lo que todo el mundo sabía a estas alturas.
Nos han robado.
Y, ¿sabéis una cosa?
Fueron ellos…
A nadie sorprende a estas alturas que existen constructoras que han financiado campañas electorales de determinados partidos políticos a cambio de algunos contratos. Desgraciadamente, ha sucedido suficientes veces como para que, en el imaginario colectivo, se haya instaurado como algo habitual.
Pero la historia de la M30 supera, con creces, cualquier trampa habitual de quienes conviven con la corrupción y están acostumbradas a ella.
Alberto Ruiz Gallardón se presentó a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid en 2003 con el proyecto estrella del soterramiento del tramo oeste de la M30. Pidió a las constructoras que se pusieran a trabajar en un proyecto que le diera la alcaldía. Toda la campaña electoral se centró en esta mega obra que escondía una auténtica ruina para las arcas públicas convertida, por la varita del alcalde, en un auténtico tesoro para las constructoras. Toda una estrategia plagada de trampas: ahí residía su magia.
El PP aseguró que apenas supondría un coste de 1.500 millones de euros y que no afectaría a la deuda municipal.
La auditoría que realizamos en el período de gobierno de Ahora Madrid cifró en más de 9.500 millones de dinero público destinado a la construcción y mantenimiento de esta vía. Y no solo es llamativa la cifra, más de seis veces superior a la anunciada. Es que también la operación ha estado plagada de ilegalidades e irregularidades.
La primera trampa la hicieron con las obras: todas fueron declaradas ilegales. Decidieron no presentar declaración de impacto ambiental (ojo, con unas obras de 48 km de vías y 500.000 m2 de carretera al lado de un río) con la famosa estrategia del chorizo: presentó la obra en trocitos y declaró que, cada uno de ellos por separado, no necesita dicha declaración. Hoy sabemos que es uno de los principales focos de contaminación de la ciudad y contraviene, además, el diseño urbano adaptado al escenario climático y energético.
La segunda de las trampas, que también pronto quedó en evidencia, se centró en ocultar la deuda. Lo hicieron con un modelo de gestión mediante una empresa mixta que permitiera alegar que la deuda para ejecutar el proyecto no era de la ciudad. No engañaron a nadie. Tampoco a Eurostat, que dejó claro que la deuda debía computar como pública y llevó los pasivos de Madrid a cifras desorbitadas. En definitiva, imputar deuda pública de forma masiva para hacer unas obras declaradas ilegales y que incorporaron gigantescos sobrecostes que eran aprobados en algunos casos en unos pocos minutos sin control efectivo del presupuesto público.
¿Cómo diseñaron el modelo mixto de gestión?
Se fijaron los costes del mantenimiento de la infraestructura a realizar por parte de la empresa privada que resultase adjudicataria y la inversión que esta aportaría. A cambio, obtendría una rentabilidad fija cada año.
Suena bien, ¿verdad?
Pues ha sido con vuestro dinero, porque la licitación estuvo plagada de irregularidades.
1. ACS y Ferrovial constituyeron una UTE para presentarse a este concurso. Hasta aquí, nada raro.
2. Tenían que presentar una propuesta técnica perfecta puesto que su propuesta económica no era lo era tanto. Y fue tan perfecta que la valoración de algunos aspectos de la oferta era superior al máximo. Una maravilla, vamos.
3. Después debía celebrarse una reunión de la mesa de contratación para determinar quién se llevaba el contrato. Sin embargo, algo debió suceder, que ordenaron modificar el informe y convocar de nuevo la mesa 24 horas después.
4. Ahora sí, de esa nueva mesa, ACS y Ferrovial resultaron adjudicatarias del contrato con mayor rentabilidad que han tenido en España.
El resultado es que el modelo de gestión mixto nos ha salido carísimo. Más de 1.100 millones de euros de sobrecoste. Dinero público que, en vez de utilizarse para políticas públicas en beneficio de todas y todos, han engordado los dividendos de las empresas presididas por Florentino Pérez y Rafael del Pino. Es lacerante tomar conciencia que, con el pufo ocasionado por el modelo de gestión mixto que ha enriquecido a ACS y a Ferrovial, se habrían podido construir 18.000 viviendas para alquiler social en nuestra ciudad, multiplicando por dos las que ahora tiene la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
La empresa de economía mixta fue la culminación de la opacidad buscada. Eliminó a los consejeros de los partidos de la oposición, intentó ocultar la deuda para que no computase como propia de la ciudad, permitía saltarse órganos fiscalizadores durante la ejecución de las obras. Obviamente, el precio de esta opacidad ha sido soportado por todos y todas las madrileñas, que han visto recortadas año tras año las inversiones de la ciudad para intentar reducir la deuda desorbitada que las obras y su mantenimiento comprometido hasta el año 2040 generaron.
Pero, además, la simple elección de un modelo de gestión totalmente lesivo suponía 1.380 millones de euros de coste hasta el final del contrato. De ese importe ya se han desembolsado más de 1.100 millones de euros que hubieran sido evitables mediante una gestión directa. Todo ello sin evaluar el ahorro real que hubiera supuesto una supervisión correcta de la ejecución de las obras y un contrato de conservación adecuado a las necesidades de la vía y no como respuesta a los intereses de la oligarquía española representada en las empresas constructoras y las entidades financieras. No nos olvidemos de las enormes carencias en el mantenimiento de la vía denunciadas durante nuestro mandato, las enormes irregularidades en los pagos por las obras en elementos inexistentes en la infraestructura (¿recordáis las famosas cámaras de los túneles o la estaciones metereológicas a precio de oro?) o como en apenas dos años decidieron aprobar duplicar el coste del contrato de mantenimiento que acaban de firmar.
Pero el objetivo era otro: suponía un nuevo pacto entre élites y prueba de ello es la garantía de rentabilidad fija que el contrato ofrece a las empresas que se integraron en Madrid Calle 30 (Ferrovial y Dragados). Independientemente del nivel de conservación que ejecuten su rentabilidad quedó blindada mediante el reparto de dividendos de la sociedad y el pago de intereses de los préstamos que Madrid Calle 30 contrajo con estas empresas.
Si solo fueron malas decisiones las que causaron un quebranto económico tan descomunal, quedaría por determinar la asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes embarcaron a la ciudad en una operación tan lesiva. Y estas afectarían, además de a Ruiz Gallardón, a Martínez Almeida porque los ocho años que habrán pasado entre la futura municipalización y el Dictamen que en 2017 instaba a cambiar el modelo son imputables a su gestión.
Desgraciadamente, los antecedentes que atesora el PP nos hacen ser desconfiados y sospechar que lo que ha ocurrido es más un saqueo que un error. Y la rescisión de la operación, tardía, será una nueva oportunidad para evaluar de qué lado está el actual gobierno de la ciudad. Aún no sabemos si alguien se lo llevó crudo por conceder unas ventajas tan sustanciosas a empresas, tanto en la construcción como en la gestión de la infraestructura. ¿Cobró alguien comisiones a cambio de tomar decisiones profundamente lesivas para los intereses generales? ¿Tienen relación los ingresos en la caja b del PP con las ventajas otorgadas a un puñado de privilegiados por decisiones políticas? ¿O fue solo torpeza? Lo adecuado es que la Fiscalía hubiese investigado la ingente documentación que le hicimos llegar para descartar cualquier actuación fraudulenta. Desgraciadamente adoptaron la decisión de dar carpetazo sin entrar en el fondo de la denuncia.
Nosotros fuimos fieles al mandato que las bases de Ahora Madrid y las y los votantes nos encomendaron. No nos dejamos arrastrar por las dificultades. Auditamos las políticas públicas, desvelamos las irregularidades y las ilegalidades y planteamos una alternativa adecuada para la gestión de Madrid Calle 30.
Nos llamaron de todo por ello.
Ahora, el tiempo y Almeida nos dan la razón.