La crisis sanitaria del Covid-19 y sus graves efectos sobre la economía, han sacado a relucir la situación de precariedad en la que se encuentra la autonomía y las finanzas municipales. Los municipios hemos sido la primera línea de choque para hacer frente a la emergencia social y económica.
Los ayuntamientos como administración más próxima y disponible hemos tenido que prestar líneas de ayudas de emergencia a autónomos y PYMES, a la hostelería, para la manutención de las familias más necesitadas, de alojamiento para los sin techo y otras muchas de menor cuantía. La ciudad de Valencia ha destinado, a día de hoy, más de 32 millones de euros extraordinarios para hacer frente a estos imprevistos.
El Ayuntamiento de Valencia dispone de un remanente de tesorería proveniente del superávit de 2019 de 60 millones de euros, del cual el Ministerio de Hacienda solo nos ha permitido destinar un 20%, en nuestro caso 12 millones de euros, para financiar las ayudas sociales concedidas con motivo de la pandemia.
Tenemos que situarnos en el contexto de los últimos años, los Ayuntamientos hemos hecho frente a las medidas de austeridad más estrictas de la administración pública. Un 2 de septiembre de 2011 el PSOE y el PP aprobaron en el Congreso de los Diputados la modificación del artículo 135 de la Constitución, con nocturnidad y alevosía. Esta deslealtad a la autonomía municipal se concretó, entre otras medidas, en la imposición a las Entidades Locales de unos criterios de cumplimiento de los principios de equilibrio y estabilidad presupuestaria, que iban más allá de lo exigido por Europa para el conjunto de las administraciones públicas.
En efecto meses después se aprueba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la prioridad absoluta del pago de la deuda frente al bienestar de la ciudadanía, lo que se traduce en la obligación de destinar el superávit presupuestario a amortizar deuda cualquiera que fuera el saldo de ésta, y en el establecimiento de un límite en el crecimiento del gasto incluso con superávit en las cuentas municipales y un volumen de deuda municipal sostenible.
Este menosprecio continuó con la aprobación de la Ley de Racionalización y de Sostenibilidad de la Administración Local en diciembre de 2013, con las competencias impropias, la tutela financiera y el redimensionamiento del sector público local.
Y desde entonces nos encontramos en la misma situación, superamos la anterior crisis financiera, hemos disfrutado de unos años de crecimiento económico, en la que los municipios hemos aportado al conjunto del Estado cifras enormes de superávit y llegó el Covid-19 hace unos meses. Parece que ahora la Comisión Europea ha optado por recetas bien diferentes que las de la anterior crisis, con un incremento nunca visto del gasto público y facilidades para el endeudamiento para el sector público y privado. El marco normativo actual, el de la anterior crisis, nos limita a las entidades locales para hacer frente a esta situación excepcional.
Quisiera coger la bandera de la Declaración Municipalista de València de 2017 en la que los principales ayuntamientos del Estado y de todos los colores políticos: del PP, PSOE, candidaturas del cambio, fuerzas nacionalistas y regionalistas exigimos al Gobierno, entonces capitaneado por Mariano Rajoy, la modificación de estas leyes y la relajación de las medidas del control del gasto y de la deuda.
En este momento esta declaración está totalmente vigente y es más necesaria que nunca para hacer frente a esta crisis y poder prestar los servicios y ayudas que la ciudadanía se merece. Por todo ello exijo al Gobierno actual que deje de ser cómplice de esta deslealtad a la autonomía municipal de la que somos víctimas alcaldes, alcaldesas y el conjunto de la ciudadanía desde septiembre de 2011.