La dinámica política ha hecho coincidir esta semana del Orgullo LGTBI con el mercadeo indigno que están negociando en el prime time de la televisión las derechas del PP y de VOX en diferentes gobiernos autonómicos. El País Valencià, les Illes Balears o Extremadura están siendo objeto de un tráfico comercial donde se habla muy poco de estos territorios en cuestión y mucho de asuntos ideológicos que van a suponer retrocesos, sobre todo, para las mujeres y las personas LGTBI. En una democracia plena, poner en duda las violencias machistas o los derechos humanos de las personas LGTBI tendría que estar prohibido. Directamente. Hemos pasado del ‘no nos metamos en eso’ de Mariano Rajoy sobre las políticas feministas al ‘yo soy heterosexual y no celebro el día del Orgullo Gay’ de Abascal en las políticas LGTBI. El hilo azul de la negación.
La prohibición de colgar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de Náquera no es una anécdota; es categoría. Es un aviso a navegantes de los gobiernos ultras del PP y de VOX para las personas que todavía no tenemos todos nuestros derechos garantizados. En este sentido, el problema no es que la ultraderecha de Abascal proponga eliminar derechos, visibilización y sensibilización de las personas LGTBI como están haciendo en estos acuerdos de gobierno, el problema es que la derecha del PP lo acepte. Que una ultracatólica y antiabortista presida les Corts valencianes es un retroceso como país; pero es, especialmente, un retroceso para los colectivos que estamos en el punto de mira de la batalla ideológica de reacción que están librando el PP y VOX en el campo de juego de nuestras vidas. No vamos a permitir que jueguen con lo más básico que es lo que nos define como personas.
Yo vengo de una generación, la que jugó su infancia en los años ochenta y experimentó su juventud en los noventa que, por suerte, ya no hemos sufrido la persecución hacia las personas LGTBI que sí que sufrieron las generaciones anteriores. Pero todavía existía el peso de la puerta de los armarios sobre nuestra propia existencia. Una generación que no teníamos referentes LGTBI positivos en nuestro entorno, tampoco a nivel mediático, y que heredamos las conquistas de las generaciones pasadas y recogimos la bandera de la lucha por nuestros derechos. Una bandera que ahora las derechas ultras nos invitan a que abandones. Y justo ahí es donde nos quieren devolver. Esos referentes necesarios sí que existen hoy en día y es lo que pretenden eliminar con esta guerra sucia contra nuestra esencia. A eliminar cualquier referente LGTBI que normalice nuestra propia existencia, a matar cualquier alusión a la diversidad sexual en un país democrático que haga pedagogía en la ciudadanía y a asfixiar la cama de derechos igualitarios que hemos confeccionado a lo largo de muchos años y muchas luchas.
Retirar banderas y cuestionarnos es el primer paso para restituir el estigma sobre nosotres. Así es que, las negociaciones indignas con el chantaje sobre nuestros derechos no son negociaciones políticas. No pueden serlo. Porque están negociando con mi propio derecho a la existencia. Están utilizando su homofobia para negar mis derechos constitucionales. La línea que separa una negociación política legítima entre dos socios y la vulneración de derechos fundamentales no es una línea fina; es muy gorda. Y el PP la está traspasando. Ante esta situación, el 23 de julio no vamos a decidir solamente quién nos gobierna; vamos a decidir si tenemos derecho a vivir nuestra vida o no. Y ante esta dicotomía no se valen matices. Salgamos a llenar las urnas de orgullo.