El desenlace de la moción de censura, pese a ser susceptible de diversas lecturas, evidencia que la destitución de Mariano Rajoy ha reforzado la separación de poderes en nuestro país y ha servido para recuperar el papel central del poder legislativo previsto en el diseño constitucional.
Ante la exigencia de elecciones planteadas por algunos políticos y sectores de comunicación, conviene recordar que nuestra máxima norma sigue el llamado modelo jacobino, según el cual el poder legislativo goza de una preeminencia legitimada por su carácter de representante directo de la soberanía nacional, razón por la que interviene en la designación de los integrantes del órgano superior de gobierno judicial y elige al jefe del poder ejecutivo. La investidura de un presidente del Gobierno requiere del plácet del Congreso, y su permanencia en el cargo acaba abruptamente cuando esta cámara le niega la confianza o aprueba una moción de censura.
Este esquema lleva mucho tiempo retorcido por prácticas abusivas y contramensajes mediáticos que nos llevan a actuar como si el marco constitucional fuera otro. El indudable carisma de Adolfo Suárez y las inmensas expectativas de cambio suscitadas en su día por Felipe González abrieron el camino a una perversión de la lógica política, consistente en actuar como si el pueblo español eligiese directamente a sus presidentes del gobierno y les confiriese unas prerrogativas autónomas equiparables a las que ostentan los presidentes de las repúblicas de Francia o Estados Unidos. La consolidación del bipartidismo a partir de la década de 1980, por efecto de una ley electoral tramposa, nos llevaron a pensar que el juego político era un simple combate entre dos púgiles que se debían alternar periódicamente en el ejercicio del poder, con el consiguiente empobrecimiento del ideal de la democracia. Lo peor vino cuando la crisis de la socialdemocracia dejó un vacío momentáneo en el cuadrilátero que fue aprovechado por el señor Rajoy para retrotraernos a los tiempos de la autocracia, aquellos en que el mando lo ostentaba un poder ejecutivo que intentaba utilizar la judicatura como un simple Tribunal de Orden Público y convertir el Congreso en una reunión de obedientes próceres con funciones protocolarias.
Ante este panorama se conoció la sentencia del caso Gürtel, y se hizo evidente para todo el mundo que Rajoy no podía seguir al frente del gobierno: contra toda lógica, don Mariano se enrocó en su negativa a asumir responsabilidades, al tiempo que Ciudadanos intentaba sacar partido del buen viento demoscópico planteando el adelanto electoral como única salida a una legislatura que proclamaron “difunta·. Llegaba así la gota que colmaba el vaso de la paciencia parlamentaria, porque es inaceptable que las faltas del jefe del ejecutivo deba pagarlas el poder legislativo que le ha colocado donde está y tiene la capacidad para deponerlo cuando no cumple. Es M. Rajoy, y no el Congreso, quien debía explicarse ante la sociedad, y por ello 180 diputadas y diputados de un amplio arco ideológico hemos apoyado una moción de censura para poner punto final a la tolerancia ante la corrupción institucionalizada. Sin unas exigencias programáticas previas, sin un acuerdo de reparto de cuotas preliminar.
Ahora Pedro Sánchez está al frente de un gobierno que podrá agotar lo que resta de legislatura, siempre que busque el consenso. Se ha frustrado la doble aspiración ilegítima de la derecha, que era proporcionar una salida airosa a Rajoy al tiempo que liquidaba una cámara dominada por una mayoría contraria al autoritarismo presidencialista y favorable a mantener el marco plural del ejercicio parlamentario. Finalmente, el poder legislativo ha sido capaz de salvarse a sí mismo ante la amenaza de la involución. Ahora nos corresponde seguir trabajando para mantener la conexión del Congreso con las auténticas demandas de la calle, aquellas que nos piden mejorar la vida de las personas y huir de las proclamas que invocan continuamente la Constitución mientras que pervierten su esencia.