La presión con la que los agentes sociales afrontan la reapertura del diálogo y la anunciada reconfiguración de la normativa laboral sin duda se vio rebajada ante la inesperada sintonía que mostraron en el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. La incertidumbre creada durante semanas a propósito de una de las medidas clave del nuevo Gobierno pareció entonces no estar justificada. Se abrazó la ansiada subida sin obviar los problemas que ésta a buen seguro conllevaría a corto plazo, pero con el convencimiento de que a largo plazo la medida aumentaría el poder adquisitivo de los trabajadores y serviría para aumentar los ingresos de las arcas públicas en forma de cotizaciones sociales más elevadas.
Es precisamente esa altura de miras la que el Gobierno ha venido demandando, tanto en público como a puerta cerrada, de la parte más reacia a abrazar la transformación normativa que se avecina. Argumentan los empresarios que en la nueva ecuación los únicos que salen perdiendo son ellos, al tener que atender sus cargas de trabajo con menos personal. Pero este sector crítico no debe olvidar que la mal llamada contrarreforma laboral se llevará a cabo con o sin su aportación y sugerencias.
Así lo confirmaba esta semana la ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz al mostrar la determinación del ejecutivo en el cumplimiento de los hitos programáticos acordados en el seno del gobierno de coalición. Desde luego que los únicos que perderían levantándose de la mesa en esta nueva senda de diálogo social serían precisamente los empresarios, quienes estarían dejando pasar una oportunidad única de participar en la configuración del nuevo panorama legislativo laboral del siglo XXI, que debe apuntalar un cuadro normativo más equilibrado en derechos y obligaciones para ambas caras de la realidad laboral.
No resultaría lógico desdeñar los aspectos más inmediatos y lesivos de las medidas propuestas por el fuerte impacto económico que ocasionarían en los balances de las empresas. Así lo han venido reiterando en numerosas ocasiones los representantes empresariales incluso antes de las elecciones generales. La incertidumbre geopolítica y la amenaza de una recesión global no aconseja un fuerte aumento de los costes y sí moderación en materia de reformas.
Pero a nadie se le debería escapar que las negociaciones que en breve comenzarán no deberían interpretarse en clave cortoplacista por el tejido empresarial, ni debieran ser los sindicatos más representativos los que planteasen esta nueva ronda de negociación como una suerte de revancha contra las medidas más mediáticas de la reforma de 2012. Los árboles no nos deben impedir ver el bosque, y un sano entendimiento de los retos futuros sin duda lograría la conformación de un punto intermedio de entendimiento y beneficio mutuo en aras de la paz social.
El propósito de las medidas más controvertidas que se adoptaron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy atendían a una situación de emergencia inexistente a día de hoy. Obviando el debate de sus bondades más inmediatas y de su eficacia para controlar los costes laborales, lo cierto es que en la actualidad su relevancia jurídica ha venido perdiendo peso y se han confirmado como una justificación para limitar las subidas salariales y determinadas conquistas en tiempos de repunte económico y recuperación.
Sin embargo, el desenfoque de la normativa actual con respecto a estos nuevos tiempos no sólo se ha de predicar en clave económica sino con la realidad social y las nuevas formas de trabajo. Sería un error no aprovechar esta reinauguración para abrir un debate acerca del modelo cambiante de las relaciones laborales y la realidad del trabajo del futuro. El Estatuto de los Trabajadores vive anclado en la regulación de formas de trabajo anquilosadas que no reconocen la aparición de figuras pseudo-laborales de contenido digital, que por su predicamento colectivo y nivel de aportación al producto interior bruto merecen una atención específica y un encuadramiento muchas veces difícil, o incluso la regulación de realidades en la prestación transnacional de servicios laborales o nuevas formas de trabajo apoyadas en avances tecnológicos y la automatización de sistemas.
El diálogo debe llevarnos más allá de readecuar las políticas que sirvieron para no caer en el pozo de la intervención directa por parte de las instituciones europeas, y lograr un impulso definitivo hacia la conformación del futuro de las relaciones profesionales. La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, creada en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, apuntó en su informe final de conclusiones de 22 de enero de este año en esta dirección: el objetivo último de los gobiernos nacionales debe ser la revitalización del contrato social y el acercamiento de posturas entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en torno a una estrategia nacional a largo plazo.
El debate pues, no debe limitarse a aprobar o desacreditar la contrarreforma. La cuestión es si, entre todos, podremos hacer de esa irremediable contrarreforma la piedra angular que elimine la injusticia social y procure un trabajo futuro más decente y más acorde a la realidad social actual.