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No es ideología, es ecología

Organizaciones sociales y de conservación de la naturaleza, como SEO/BirdLife, participan en la concentración "Voces por Doñana" frente el Parlamento de Andalucía. Archivo EFE/José Manuel Vidal

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El calificativo “ideológico” se utiliza actualmente a menudo de forma peyorativa -como sinónimo de “sectario, fanático, fundamentalista”-, a pesar de que “ideología” significa “conjunto de ideas o creencias socialmente compartidas, que supone un modo de entender el mundo para el grupo que la profesa”; y, por lo tanto, simplemente identifica diversas aproximaciones a un paradigma no necesariamente dominante.

Se ha extendido mucho la expresión “ideología de género”, sobre todo desde los movimientos de extrema derecha, para descalificar cualquier planteamiento que tenga en cuenta las diferencias culturales o políticas relativas a la distinción entre géneros.

A esta interpretación peyorativa  -que lleva a negar la “violencia de género” como violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres-, se han añadido más recientemente las expresiones “ideología climática” (con el propósito de negar la emergencia climática“) o la ”ideología globalista“ (para descalificar la Agenda 2030, como supuesto producto de élites globales que imponen prácticas contrarias al interés real de la gente). Se trata de interpretaciones utilizadas por la extrema derecha a escala internacional, para denunciar el ”fundamentalismo ecológico“. Se pretende justificar así la urgencia de eliminar

(como se predica también respecto de la violencia de género) todos aquellos “chiringuitos” que se mantienen con dinero público, y cuya tarea sería la de llevar a cabo una suerte de “lavado cerebral”, en beneficio de oscuros intereses particulares.

Entre dichos “chiringuitos” se encontrarían, lógicamente, todas las ONG o colectivos de la sociedad civil que abogan por la mitigación y adaptación al calentamiento global. Pero, con motivo de la presentación de los programas electorales, hemos descubierto que Vox preconiza incluso la eliminación de las Agencias públicas de meteorología ( la AEMET y otras de ámbito autonómico), en su más osado intento de “matar al mensajero”.

La extrema derecha se acerca así, cada vez más, a la censura de la ciencia, que nos permite hoy prever y explicar los efectos del cambio climático en nuestra vida cotidiana, gracias también a la información rigurosa transmitida por los profesionales de la meteorología.

Es imposible saber cuántos potenciales votantes de Vox comparten la amplia concienciación sobre la gravedad del cambio climático y la necesidad de actuar, concienciación mayoritaria en la sociedad española de acuerdo con todas las encuestas de opinión. Pero es evidente que en un segmento de la población ha calado la idea de que el “fundamentalismo ambientalista” comporta un riesgo para su actividad económica, sus ingresos o su bienestar.

El programa electoral de Vox no ha podido recoger el último supuesto “chiringuito” del gobierno de España: el recién aprobado Observatorio de Salud y Cambio Climático, que seguramente será pronto objeto de ataque…,aunque su creación  responde a la urgencia de prevenir y mitigar los graves efectos del calentamiento global sobre la salud pública, a la vista del incremento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor. Precisamente, hace pocos días conocíamos el informe de ISGlobal, según el cual en 2022 se produjeron 60.000 muertes prematuras en 35 países europeos, a causa de las consecuencias de las altísimas temperaturas sobre personas especialmente vulnerables. Italia y España registraron, respectivamente, 18.000 y 11.000 decesos, evidenciando el mayor impacto del cambio climático en el área mediterránea.

No cabe esperar que la ultraderecha integre en su compromiso electoral, de forma responsable, la emergencia climática. Pero más grave resulta aún que el Partido Popular, sin declararse “negacionista climático” ni calificar (hasta ahora) como “ideológica” a la política ambiental, se está acercando gradualmente a esas posiciones.

No puede interpretarse de otra forma la irresponsable actitud del presidente de la Junta de Andalucía, prometiendo un agua que no está disponible para los regadíos ilegales del entorno de Doñana; o el voto en el Parlamento Europeo, de todos los eurodiputados populares españoles, en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que dista mucho de representar un peligro para agricultores y ganaderos. Todo lo contrario, la aplicación de dicha norma permitirá recuperar biodiversidad y con ello mejorar la calidad de los suelos y la resistencia de los cultivos ante nuevas plagas, escasez de agua y otros efectos del cambio climático.

Engañar a quienes habitan en el medio rural -con actuaciones tan irresponsables como las descritas o como el incumplimiento de las normas sobre sanidad animal en el caso de la Junta de Castilla y León-, constituye un peligro cierto para la salud humana, la reputación y la prosperidad en estos espacios.

Y es que la ecología no es una ideología, sino una ciencia que debe ser tomada en consideración en la acción pública: lo contrario es precisamente fruto de ideologías contrarias al interés general.

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