Estas pasadas Navidades circuló por las redes una singular –digámoslo así– felicitación navideña del vocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías Castaño. Cuando la vi, pensé que se trataba de un meme, una composición fotográfica hecha iocandi causa, como broma o chanza. Luego comprobé que no, que aquella felicitación navideña, aunque insólita, era real. Este hombre, miembro del ya momificado CGPJ –¡hay vida más allá de la caducidad!– se prodigaba entre amigos y enemigos con el envío de una tarjeta navideña de la siguiente hechura: en la margen izquierda, la conocida efigie de la Justicia, con su espada y su balanza, y los ojos vendados, lo que, por fortuna, le exime de leer el texto impreso que la acompaña. En la parte superior derecha, el escudo o sello del CGPJ, para que no hubiera duda de la condición en la que actuaba el devoto remitente. Y, en el centro, un texto que literalmente rezaba (y nunca mejor dicho) de esta guisa: “Te ruego, Señor, que atiendas esta plegaria y que, en estos tiempos de incertidumbre y miseria moral, libres del acoso a los hombres y mujeres que sirven a la Justicia”. Inaudito. En otro tiempo, he recibido puntual felicitación navideña de algún vocal con mensajes al uso, portadores de los deseos de paz y felicidad propios de esas fechas. Pero este texto era absolutamente inusual, y desde luego, no pertinente.
Siempre he tenido por improcedente la presencia de signo o aditamento alguno de contenido religioso en espacio que es propio de lo institucional, cuando ello es propiciado por quien ostenta cargo público; se trata de una incursión, una mixtura incompatible con la aconfesionalidad del Estado, que tal es lo que proclama el artículo 16.3 de nuestra Constitución. Es fácilmente entendible que los miembros de una institución del Estado, a la hora de comunicarse con terceros, deben mantener una actitud acorde con la laicidad del Estado. Las convicciones religiosas pertenecen al ámbito de lo privado, y aún de lo íntimo, ya que se forjan en lo arcano del alma humana. Quien ejerce cargo público y en tal condición se dirige a los ciudadanos –cual hizo el vocal Macías– debiera abstenerse del uso de enunciados o expresiones, jaculatorias o invocaciones propias de una creencia religiosa determinada puesto que no es ese el contexto en el que debe comunicarse con los administrados. Pero algunos gobernantes (siempre de la derecha, claro) se empeñan en actuar de espaldas a la laicidad del Estado español, y gustan de impregnar actos que son realizados en aquella condición con gestos, señales o mensajes que, por su significación religiosa, están destinados a ser compartidos en la esfera privada con sus correligionarios.
Hay, con todo, muestras de diverso calibre; la de Macías es menor si la comparamos con otras que adquieren dimensiones de auténtico despropósito. Véase, por ejemplo, la del que fue ministro del Interior con Rajoy, Jorge Fernández Díaz, que por dos veces concedió sendas medallas a la Virgen: la de Oro al Mérito Policial a la Virgen María Santísima del Amor, y la de Plata de la Guardia Civil a la Virgen de los Dolores de Archidona, gestos que, lejos de corresponder a una devoción seria y verdadera, caen en lo grotesco y folklórico, además de resultar absolutamente fuera de lugar en ministro de un Estado constitucionalmente laico; aún más, en el fondo, se me antoja que, en contra de lo pretendido, supone un trato no respetuoso para con la Virgen, a la que se hace partícipe de estos terrenales y prosaicos galardones de banda y medalla. Y como muestra pintoresca de cóctel edilicio-eclesial son dignas de recordar las homilías navideñas de sabor tridentino que acostumbra a pronunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Lo dicho, que muchos no se han enterado –o no se quieren enterar– del artículo 16.3 de nuestra Constitución. Quienes así actúan dan un monumental salto atrás, retrotrayéndose al tiempo de la lucha de las investiduras (1075-1122), que en su día supuso el inicio de la separación entre la Iglesia y el Estado, entre lo terrenal y lo sagrado, y cuyas fronteras se consolidarían más tarde con la Revolución Francesa. Hoy, lo único sagrado para los políticos y su acción pública es la Constitución; no hay en lo público otra dimensión.
Pero volvamos al “rezo institucional” del vocal Macías. Pide al Señor que proteja a los hombres y mujeres servidores de la Justicia del acoso de los miserables. Y puesto que se acompaña en la misiva de la representación de la diosa Themis, es claro que lo hace en nombre y por el bien de la Justicia. Quiere que las potencias celestiales intervengan directamente en estas pelamesas humanas para sellar la boca de los acosadores. Acaso hubiera sido preferible que demandase del Altísimo luz y sabiduría para proceder en justicia en el desempeño del cargo, y que acierten a ser ellos quienes, fieles a su función, amparen a juezas y jueces del acoso ilegítimo, pero a todos sin excepción, pues la experiencia conocida nos enseña que algún juez reiteradamente vituperado y anatematizado por las fuerzas conservadoras no obtuvo el amparo que con razón impetró del Consejo, que habiendo sido tan presto para otros, con él anduvo sordo y mudo. Pongamos que hablo del magistrado José Ricardo de Prada.