Los agenda parlamentaria se ha reactivado y los legisladores españoles están de vuelta en el Congreso. La pregunta es: ¿hacia dónde van?
Esta semana, Ciudadanos ha dado un paso adelante empujando la protección de las personas alertadoras y denunciantes en su agenda legislativa. Este martes y miércoles, el Congreso debate y votará la legislación propuesta y su toma en consideración. Un voto afirmativo significará que la propuesta de Ciudadanos se convertirá en la columna vertebral en torno a la cual se articulará todo el futuro de la protección de los alertadores y denunciantes en España.
La contundente fijación de la agenda del partido es un buen paso adelante, por la simple razón de que España debería haber actuado sobre esto hace mucho tiempo. Desafortunadamente, la ley que Ciudadanos ha propuesto no es tan audaz en su contenido como la acción del partido al ponerla allí.
Después de la llegada del coronavirus, el mundo ha aprendido que no podemos volver a “cómo eran las cosas antes”. Las cosas han cambiado. Sin embargo, esta propuesta de Ciudadanos es un paso atrás en el tiempo, hasta el 2016, cuando fue presentada por primera vez un proyecto de ley sobre la materia al Congreso.
España está legalmente obligada a aplicar la Directiva de la UE (UE 2019/1937) en su propia legislación nacional a finales de 2021. Sin embargo, la propuesta en debate esta semana ignora gran parte de la Directiva.
La Directiva dice que España debe proporcionar a los alertadores protecciones razonables si van a poner sus carreras - y a veces incluso sus vidas - en peligro. La mayoría de las entidades jurídicas públicas y las empresas privadas con más de 50 empleados deben proporcionar una manera de que los alertadores y denunciantes hagan una revelación cuando haya actos ilegales. Esos canales no sólo son obligatorios, sino que deben ser seguros, manteniendo la identidad del denunciante y las comunicaciones, su contenido y a los participantes de manera confidencial.
La propuesta no establece esto. Es vaga, no específica, y no dice nada sobre muchos puntos. La Directiva también requiere protecciones para los alertadores que revelen actos ilegales en una serie de áreas que se enumeran específicamente.
Entre ellas se incluyen la seguridad de los productos, la salud y el bienestar de los animales, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la protección de los datos, la protección del consumidor, la seguridad del transporte, los servicios financieros, la contratación pública y la seguridad nuclear. Y lo más relevante de todo ahora, en la salud pública.
Sin embargo, estas áreas faltan en la propuesta de Ciudadanos.
La Directiva incluye una referencia a la protección de los alertadores que necesitan ir con su información a los medios en determinadas circunstancias. La propuesta de Ciudadanos también guarda silencio sobre esto. Sólo habla de una nueva autoridad nacional como prácticamente única alternativa.
El hecho de tener un solo canal para dar a conocer las infracciones concentra todas las posibilidades de fallas en un único punto para el alertador.
Debe existir diversos canales para constituir un sistema efectivo contra el crimen. Esto puede incluir, por ejemplo, la CNMC para aquellos que hacen trampas en el mercado, robando los ahorros de nuestros pensionistas. O las agencias regionales antifraude para aquellos que pasan bolsas de papel con dinero a los partidos políticos cuando nadie está mirando. O el regulador de salud para aquellos cuya codicia pone en riesgo innecesariamente las vidas de valientes trabajadores de la salud - y por lo tanto nuestras propias vidas también.
La propuesta fue fundamentalmente escrita durante un tiempo antes de la abrumadora aprobación de la ley por el Parlamento de la UE en abril de 2018 con 521 votos a favor y sólo 29 en contra. España puede estar orgullosa de esta Directiva de la UE; los expertos españoles jugaron un papel vital en la configuración de la Directiva a lo que se ha convertido hoy en día.
La Directiva es especial; es una ley construida desde la base por ciudadanos desde España a Suecia. Fue aprobada para dar voz a todos nosotros para que hablemos cuando veamos una mala conducta, protegiéndonos del miedo a ser castigados por decir la verdad.
Los autores de la Directiva y los parlamentarios que la aprobaron tenían una visión de esta ley que va más allá de un simple fraude. Previeron que si un ciudadano puede hablar libremente cuando se está cometiendo un delito, no sólo nos protegerá del crimen. También nos protegerá de la tiranía. La visión es grandiosa: traer una nueva era de comportamiento ético a través de Europa.
Al excluir estos canales, o guardar silencio sobre ellos, en la ley propuesta por Ciudadanos se pierde todo esto. Está desprovista de cosas tan esenciales para la Directiva que, incluso si se aprobara, España tendría que inventar una nueva ley de alertadores de nuevo sólo para cumplir con los requisitos de la UE para aplicar la legislación de la Unión a la española.
Esto no significa que Ciudadanos no pueda o no deba ser parte del proceso para introducir la primera ley nacional de protección de alertadores en España. Su presencia es importante, y sus diputados aportan, entre otros, experiencia tan potente como la de la Abogacía del Estado. Su experiencia puede elevar la calidad de la ley que finalmente debe ser aprobada.
Pero este proyecto está mirando hacia atrás, viendo cómo el resto de Europa se aleja. Ya hay una propuesta de legislación que ha adoptado la Directiva de la UE así como normas internacionales esperando en las puertas del Congreso. Proponemos que es mejor elegir algo que cumpla plenamente con la Directiva de la UE como la semilla de la nueva ley nacional de España que está por venir. Si no es esto, entonces habrá que construir algo nuevo. Pero debemos mirar adelante. Porque si la COVID-19 le ha enseñado al mundo una cosa es que debemos mirar hacia adelante para prosperar.