Los ciudadanos españoles han votado. Ahora les toca a los políticos elegidos gestionar una situación complicada y compleja. Si hay una salida, con una investidura de Núñez Feijóo o, más probablemente, de Sánchez, no hay nada más que decir. Pero si no es posible una investidura, podría aprovecharse la situación: pactar, entre cuantos más mejor, un gobierno de amplio espectro -no solo de PP y PSOE, sino de todos los que lo deseen y participen de esto fines- que en dos años preparase una reforma constitucional profunda, a someter a referéndum, tras una futura disolución del Parlamento, como dicta la propia Constitución; reforzara las instituciones, y tomara decisiones socioeconómicas que el país necesita, además de concluir con éxito la presidencia española del Consejo de Ministros de la UE. Serían dos años bien aprovechados.
Tal gobierno podría estar presidido por una personalidad de prestigio -no tengo ningún nombre en mente-. Sería plenamente conforme a la Constitución (Vox, ridículamente, lo intentó con Ramón Tamames). Pero no de tecnócratas (como tantas veces en la Italia de antes) sino que habría de contar en su seno con políticos de peso, como Yolanda Díaz, que ha sido una excelente ministra de Trabajo o Nadia Calviño, también buena ministra de Economía, además de otras y otros provenientes del PP y otros partidos, que también cuentan con algunos buenos ministrables. Sería importante, aunque nada fácil, que participaran plenamente algunos independentistas catalanes y vascos. El único excluido de antemano en tal gobierno sería Vox, pues se ha puesto en una posición absolutamente contraria a algunas esencias de la Constitución a reformar y a algunos derechos en los que no se debe dar marcha atrás. Y claro, está la cuestión de un referéndum de autodeterminación vinculante en Cataluña, que podría romper al PSOE y otras cosas. Tras un referéndum sobre la reforma constitucional, posteriormente, si lo deseara el próximo Parlament catalán, podría seguir otro sobre un nuevo Estatut. No se trata de pactar de antemano esas reformas, sino los temas a tratar, y luego abordarlos a fondo en el Parlamento.
Hay que insistir: no sería una grosse Koalition PP-PSOE. Aunque en número de escaños se haya producido un cierto regreso al bipartidismo (258 de un total de 350 en el Congreso de los Diputados), en número de votos los dos grandes partidos suman 15,8 millones (antes del voto del exterior), es decir, menos de la mitad de los emitidos. Compárese esto con 2011, en que sumaron un 74% (obviando 1982). Hay que adaptar la política a esas nuevas realidades de la sociedad política.
¿Aceptarían Núñez Feijóo y Sánchez, junto a otros protagonistas, dar este paso, a la vez a un lado y de frente? Seguirían dirigiendo sus respectivos partidos y este proceso. El presidente del PP ha de entender que si algo ha salido de estas elecciones es un rechazo a que gobierne España con Vox, que ha perdido 19 escaños, aunque solo un 3,2% de su voto. España le ha dado así una lección al resto de la Unión Europea donde son varios los países en los que ha subido la extrema derecha (Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Hungría, Polonia, etc.). España actúa de cerrojo frente a una minoría de bloqueo que no quiere que Europa avance en su integración, sino renacionalizarla. Por cierto, las que han parado un gobierno PP-Vox han sido, según, algunas encuestas, en primer lugar, las mujeres que representan solo un 30% entre los votantes de Vox, 43% entre los del PP, 52% entre los de Sumar, y 55% entre los del PSOE.
Aunque, a la vez, la competencia con Vox ha radicalizado al PP, que en aquella escisión no se sacó de su seno todo el rescoldo de franquismo. Pactar con Vox en Comunidades y Ayuntamientos tras el 28M, y la perspectiva de hacerlo a nivel nacional, ha activado el voto de la resistencia en las generales, y la nueva situación tras el 23J puede llevar a problemas en los gobiernos regionales y locales formados o por formar. Es de esperar que Núñez Feijóo y el PP, pese a ser el partido más votado y que más ha subido (47 escaños), sopese que solo le ha sacado 330.000 papeletas y 14 escaños (antes del recuente del voto desde el extranjero), a un PSOE que también ha subido. Considerando la diferencia de Clausewitz entre fin y objetivo, Sánchez ha ganado este último. Puede marcar el rumbo. Feijóo debe aprender paciencia y centrarse más. Ha hablado de diálogo. Veremos. Y Sánchez, por su parte, quizás nos sorprenda con una salida inesperada. De momento excluye, sensatamente, una repetición de las elecciones ante la que nadie querrá aparecer como el responsable, para buscar lo que llama una fórmula de gobernabilidad democrática.
En todo caso, hay una agenda de reformas que se han de hacer y se han de pactar. Hace años que se necesita reformar en cada vez más aspectos la Constitución de 1978, en un país que, lo hemos repetido varias veces, al no saber reformar sus constituciones, genera cambios de regímenes. No bastan las limitadas que planteó en 2000 el entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, a instancias de Rodríguez Zapatero: adaptar la Constitución a la realidad de la integración europea, incluida una mejor participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los asuntos europeos; reformar el Tribunal Constitucional para hacerlo más independiente; introducir nuevas garantías para los derechos fundamentales; reformar el sistema electoral para hacerlo más proporcional, y modificar la primacía del varón en la línea de sucesión a la Corona, entre otras. Rajoy y el entonces rey Juan Carlos, hoy emérito, la rechazaron de plano. Tras lograr la mayoría absoluta en 2011, Rajoy podría haberla impulsado. Algunos en el PP lamentan no haberlo hecho, pues al PSOE no le hubiera quedado más remedio que apoyarla. Desde entonces, se puede añadir toda otra serie de cosas a reformar, como la federalización del Estado de las Autonomías, reforzar e independizar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas, retocar el sistema electoral (Constitución y leyes), revisar algunos aspectos de la Monarquía, y, desde luego, reformar el complejo sistema de reforma de la propia Constitución, entre otros aspectos. Sobre todo, esto tiene que lograrse con un consenso más amplio que el aritmético de este Parlamento.
En este acuerdo habría que añadir, eso es ya gestión, la marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos y supervisión de Bruselas, que ha de resultar auténticamente transformador, al menos en materia de transición ecológica y digital. También preservar y avanzar en derechos y prestaciones sociales. Y atender a la desigualdad desbocada y a la crisis generacional en la que hemos entrado.
Es decir, si no se llega a otra solución sensata, se puede aprovechar el tiempo, unos dos años, para reformar España y, de paso, romper la polarización, o las polarizaciones pues son varias, a las que se ve sometida, mucho más presente entre los políticos que entre los ciudadanos. Es plantear una posibilidad compleja, si se muestra necesaria, aunque tenga pocas posibilidades.