En este próximo agosto se cumplirán dos años de la recogida de firmas con la que respaldábamos (yo fui uno de los más de cuatro mil firmantes) la solicitud de indulto en relación con la condena de los ERE para José Griñan, e igualmente firmé apoyando el de Francisco Vallejo. Ninguno de ellos, como es sabido, prosperó. Las razones explicitas por las que los firmé se reflejaban en la motivación que respaldaban los escritos respectivos. Pero, además, junto al conocimiento personal de los afectados y mi convicción de su honradez en el ejercicio de las responsabilidades políticas, me provocaba una profunda extrañeza comprobar que las ayudas sociolaborales que se sentenciaban ilegales en su montante global, casi 700 millones de euros, seguían siendo percibidas por la inmensa mayoría de los 6.400 afectados porque, efectivamente, tenían derecho a ello. Se producía así una incoherencia evidente, al coexistir una ilegalidad por arriba y una legalidad a ras de suelo, si se me permite la expresión, que en ningún caso pretende poner en cuestión la legitimidad de las sentencias en los ámbitos respectivos.
En un reportaje de principios de 2021 en el diario El País se relataban las consecuencias del cierre, diez años antes, de la factoría de Santana Motor, aquel demoledor suceso que convirtió a Linares era “la ciudad con mayor paro de España”. Señalaba el texto que “desde entonces la economía de Linares gira en buena medida de la renta de los antiguos empleados de la factoría”. De esa renta formaban parte las ayudas sociolaborales para los trabajadores afectados por situaciones de crisis, que consisten en aportaciones económicas para empresas abocadas al cierre o la reestructuración, la mayoría del sector industrial, y a los trabajadores con una edad superior a los 50 años con unas dificultades prácticamente insuperables para ser recolocados en otras actividades. Para ilustrar esta circunstancia es interesante señalar cómo, entre 2003 y 2023, los trabajadores mayores de 55 años han triplicado su presencia como desempleados, del 6% al 19% sobre el paro general de España, mientras que su presencia en la población ocupada general ha pasado del 11% al 20%; es decir, el aumento del paro entre los mayores de 55 años es mucho más acelerado que su aumento en la participación sobre la población ocupada.
En enero de 2014, la Comisión Europea adoptó la Comunicación 'Por un renacimiento industrial europeo', para invertir el declive industrial y alcanzar el objetivo del 20% del PIB europeo de actividades manufactureras en 2020. En 2013, año inmediatamente anterior, el peso del sector industrial en Andalucía era del 8,69%, de la mitad del objetivo europeo, ya que, en años anteriores, sobre todo a partir del inicio en 2008 de la Gran Recesión, se desencadenó una profunda crisis industrial que azotó, con particular intensidad, a Jaén y Cádiz, provincias con graves problemas de paro.
Es de toda lógica que un Gobierno y un Parlamento responsables y convencidos de que España, y por tanto Andalucía, es un Estado Social y Democrático de Derecho adopten medidas sociales y económicas para combatir situaciones como esa. Las alternativas empresariales que se pusieron en marcha no fructificaron en general y, por lo tanto, adquirieron mayor relieve los amortiguadores sociales para los trabajadores afectados y para las empresas, las denominadas ayudas sociolaborales, sobre las que existía un fuerte consenso en aquellos años. Prueba de ello es que, en octubre de 2012, la Comisión de Economía y Empleo y el Parlamento andaluz aprueban por unanimidad proseguir, a través de tres proposiciones no de ley, la aplicación de las ayudas sociolaborales para ayudar a los trabajadores y empresas afectadas por el desplome de la economía, en el marco de un compromiso del “Gobierno andaluz con la participación de los agentes económicos y sociales”.
Este consenso se truncó con el paso de los año y se produjeron las decisiones judiciales conocidas, que el Tribunal Constitucional ha venido a anular en aspectos sustanciales. Como consecuencia de ello, las sentencias judiciales deben reescribirse en función del perímetro constitucional que ha marcado el Intérprete Supremo de la Constitución que es el Tribunal Constitucional.
Las sentencias conocidas del TC han resuelto la incoherencia que planteaba al principio: el hecho de que los trabajadores siguen, con el actual Gobierno andaluz, percibiendo sus prestaciones, que están basadas en decisiones políticas legítimas y legales, acordes con la separación de poderes que marca nuestra Constitución y protege el Tribunal Constitucional. En ningún caso esto supone la impunidad en relación con irregularidades o delitos que se hayan cometido en la aplicación material de las medidas. De hecho, en la etapa del Gobierno socialista andaluz se revisaron y depuraron a empresas y trabajadores que no cumplían con los requisitos legales.
Las sentencias del TC han resuelto también, a mi entender, una incógnita que provocaban las sentencias corregidas, y es si, efectivamente, se mantenían incólumes dos rasgos definitorios de nuestra Constitución, y de los Estatutos que emanan de ella, que son su carácter no militante y abiert. El segundo rasgo es el que asegura, y así ha ocurrido a lo largo de nuestra espléndida singladura constitucional, que se pueda producir la alternancia entre proyectos democráticos de carácter progresista y conservador, que se hacen visibles a través de la naturaleza de las leyes promulgadas. Las sentencias sobre los ERE se percibían por parte de la población española, entre la que me incluyo, como una modificación del significante nuclear Estado Social y Democrático de Derecho, que lo abocaba a Estado Social y Democrático de Derechas, ya que decisiones legislativas con contenido social parecían quedar a extramuros del marco constitucional y, en situaciones como las de la Gran Recesión, la conclusión inexorable sería que había que dejar a los trabajadores al albur del darwinismo social. Creo que las sentencias del TC vienen a despejar dudas sobre el carácter abierto de nuestra Constitución, sin que, y esto es muy importante, el TC haya tomado partido, ya que no ha entrado en el contenido de las políticas, sino en la legitimidad y legalidad de las decisiones del Ejecutivo andaluz a la hora de proponer anteproyectos o proyectos de ley al Parlamento.
Una reflexión final: creo que es muy negativo, y peligroso democráticamente, atacar la legitimidad de instituciones como el Gobierno andaluz actual, respaldado por la mayoría absoluta de los representantes parlamentarios de Andalucía. En el mismo sentido lo es atacar la legitimidad en la toma de decisiones del TC, cuyo presidente, en el que se centran la mayoría de las críticas, fue nombrado como miembro del tribunal por el Rey en 2017, a propuesta del Senado, en el que contaba con mayoría absoluta el PP, respaldada por la mayoría de 3/5 que exige la Constitución.
La lucha contra las desigualdades y la pobreza en Andalucía ha sido siempre vista con indiferencia no exenta de hostilidad por gran parte de la burguesía andaluza y del resto de España a lo largo de nuestra historia. En el siglo XIX eran frecuentes los golpes y asonadas militares en nuestra tierra patria; bastantes de ellos se iniciaban en Andalucía, y se contemplaban con temor cuando la situación de hambre era “excesiva” en Andalucía, sin que se pusiera interés en resolver la situación de hambruna. La burguesía nacionalista catalana se ufanaba de su superioridad económica y biológica, por sus raíces indogermánicas, en contraste con la burguesía castellana que había sido contaminada por “la Andalucía agitanada”.
Estos terribles prejuicios con Andalucía se revistieron de criticas al denominado “voto cautivo” en el rechazo al subsidio agrario y PER, antiguo empleo comunitario. Recuerdo conversaciones infructuosas con dirigentes andaluces del PP en las que les argumentaba que lo que ocurría en los pueblos de Andalucía es que estaba muy reciente, y sobrevivía, el caciquismo, pero había una fuerza que lo contrarrestaba, las maestras y maestros de escuela, esparcidos por toda la geografía rural andaluza, verdaderos focos de opinión democrática. No era el dinero, era la educación la clave de sus derrotas. El subsidio agrario y el PER han permanecido con los sucesivos gobiernos, ya sean del PSOE o del PP, y en la actualidad, con la ultima reforma del subsidio de desempleo, se va a extender a zonas a las que no llegaba. Creo que los acontecimientos en cierta medida me han dado la razón, y también creo que ninguno de los dos grandes partidos, a la larga, puede salir beneficiado de una dinámica que deteriore la percepción social de nuestras instituciones democráticas, sino todo lo contrario.