La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, impulsada por el Gobierno de coalición progresista, supone un hito legislativo en materia de defensa de los derechos de los niños y niñas.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990, mandata a los países a desarrollar políticas que promuevan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.
Las personas menores de edad están expuestas a situaciones de vulnerabilidad que deben protegerse por parte de las instituciones públicas. Los datos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes son estremecedores. Según datos del Ministerio del Interior, en 2019, se registraron más de 5.400 denuncias por delitos de maltrato familiar a menores y más de 5.900 por delitos contra la libertad sexual, también a menores.
En demasiadas ocasiones, ese tipo de violencia que se produce en el ámbito familiar, y por lo tanto en el espacio privado, es relativizada al interpretarse por el imaginario colectivo como “un asunto familiar”, como antaño sucedía con la violencia de género, cuando en realidad, debería interpelarnos a todos y cada una de nosotras.
Pero el abordaje de la violencia no debe realizarse de manera homogénea. La perspectiva feminista es crucial para analizar los datos y planificar e implementar políticas públicas eficaces y efectivas. Por eso para el Grupo Parlamentario Socialista era y es esencial que todas las leyes que se impulsen tanto desde el Gobierno, como por iniciativa parlamentaria en las Cortes Generales, tengan en cuenta el impacto de género. La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres interpela a que toda iniciativa pública incorpore esta mirada, cumpliendo de esta manera también con el principio de igualdad de la propia Constitución española.
La Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia está hoy en trámite parlamentario. Los grupos políticos tenemos la oportunidad de mejorar las leyes que nos llegan a impulso del Gobierno. Para el grupo socialista ha sido prioritario reconocer las bondades del proyecto de ley y diagnosticar mejoras que surgen del propio posicionamiento del PSOE, así como de propuestas de la sociedad civil. Profundizar en la mirada feminista de este instrumento legal ha motivado buena parte de nuestras enmiendas a la misma.
No se puede entender la violencia en la infancia en el ámbito familiar, si no se reconoce la realidad a la que están expuestos cientos de miles de menores fruto de la violencia de género que sufren sus madres. El Pacto de Estado reconoce a tales menores como víctimas directas de violencia de género. Según los datos del estudio “Menores y Violencia de Género” elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer sufre violencia. En total, el 24,7% de los menores encuestados ha reconocido haber conocido algún tipo de violencia machista contra su madre, y de los 2.455 menores que respondieron que su progenitora había sido víctima de algún tipo de maltrato, el 77% reconoció haber sufrido directamente ese tipo de conductas violentas. La suspensión obligatoria del régimen de visitas si el padre tiene orden de protección por violencia de género es la propuesta que desde el Grupo Socialista hemos incorporado a la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conjuntamente con el grupo de Unidas Podemos.
Asimismo, ha sido para nosotras y nosotros imprescindible blindar la entrada del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en nuestra legislación. Esta supuesta patología, que se ha demostrado científicamente que no existe, no puede ni debe ser utilizada en los juzgados de manera habitual para evitar que se investiguen las verdaderas razones por las que los hijos e hijas muestren rechazo hacia el padre que ejerce violencia de género. Por eso hacemos constancia en esta ley de la necesidad de negar su uso. Una propuesta que nace de la mano de la Asociación de Juristas Themis.
Reconocer la violencia especifica contra las niñas es también una voluntad expresa del PSOE en esta norma. El estudio antes citado muestra unos datos terribles sobre el acoso sexual online que sufren las adolescentes, nativas digitales, fuera de las relaciones de pareja. El 47,1% de las chicas han recibido imágenes sexuales, al 40% les han pedido fotos sexuales y al 22,7% les han pedido cibersexo. Los datos no hacen si no corroborar que urge trabajar la prevención de la violencia machista mediante la coeducación desde la pequeña infancia. Sin duda, la incorporación de la perspectiva de género también en la Ley de Educación, así como la introducción de manera obligatoria de la educación afectivo sexual en los planes educativos, ayudará a disminuir el consumo de pornografía y de prostitución entre los adolescentes, prácticas que fomentan la violencia contra las mujeres generando relaciones asimétricas entre los sexos, normalizando la explotación sexual e incitando a situaciones de violencia sexual como el de la Manada. No es casual que 150 millones de niñas en el mundo, una de cada diez, haya sufrido violencia sexual.
La desigualdad que sufrimos las mujeres en todo el mundo es estructural. Y la sufrimos desde niñas, por el simple hecho de haber nacido niñas. Desde pequeñas se nos educa y se nos somete mediante el sistema de géneros. Roles y estereotipos de género que condenan a los sexos a una existencia machista y androcentrica. Urge que legislemos para corregir la desigualdad sostenida contra niñas y mujeres durante siglos. Y urge que lo hagamos con mirada feminista. Solo así lo conseguiremos.