El año 2017 arrancaba con la noticia del apagón de la FM en Noruega en favor de la radio digital que pasa a emitir el total de las emisiones en los estándares DAB y DAB+. Esta medida pionera desataba los análisis en las redes sociales y en diferentes medios donde se destacaba la precipitación de la medida por la falta de penetración de los receptores digitales en algunas partes de la población, lo que se presentaba como un problema, con el consiguiente enfado de los ciudadanos del país nórdico.
Un apagón tecnológico siempre es complejo (recordemos el llevado a cabo en su día con la televisión analógica en España), y ha de entenderse como el final de un proceso que en el país nórdico arrancó hace ya unos años, con un anuncio de apagón definitivo en el año 2015. El empeño noruego tiene tres elementos clave: por una parte, aumentar la cobertura en un país de extensión y orografía complicada; por otra, ampliar la diversidad de la oferta de contenidos y, finalmente, dado el menor gasto energético de los emisores digitales, incrementar el ahorro y el consiguiente beneficio ambiental.
El responsable de radio en la Unión Europea de Radiodifusión, Graham Dixon, en su discurso del 11 de enero, día del apagón, apoyó la apuesta noruega. El DAB noruego es, según Dixon, robusto tecnológicamente (clave en momentos de crisis y catástrofes), garantiza la gratuidad del acceso y apuesta por la diversidad frente a las voces que defienden la difusión exclusiva a través de internet en movilidad para las emisiones de contenidos sonoros y audiovisuales.
Esto es lo que realmente está en juego: la privatización sistemática, a partir de los diferentes dividendos digitales, del espectro radioeléctrico en favor de las compañías de telefonía y, en consecuencia, la reducción del uso de éste para la radiodifusión (de radio y televisión) con acceso abierto y gratuito, tal y como lo conocíamos hasta ahora. En otras palabras: llevar a los oyentes a una plataforma de pago y que, además, los convierte en mercancía a partir de la explotación de sus datos de consumo y a su exposición a la publicidad de las cadenas comerciales.
¿Y en España? Discutir sobre un posible apagón de la Frecuencia Modulada y de la radio analógica en España en la actualidad se plantea como una ilusión inalcanzable. Un informe reciente de la propia UER nos situaba en situación de stand by, a la cola de Europa en la implantación de esta tecnología.
Paradójicamente, en su día, España se convirtió en pionera de la implantación del DAB. Un plan fracasado del gobierno Aznar. Al margen de problemas tecnológicos del primer estándar que no facilitaban la difusión, y tal y como analizaron acertadamente Montse Bonet y su grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, el intento se quedó en nada, entre otras cuestiones por la resistencia de los operadores hegemónicos del mercado. A estas cuestiones se sumaron la falta de sinergias y de coordinación entre los diferentes actores, la escasez de una audiencia potencial de partida y de receptores asequibles y un gobierno del Partido Popular que no se planteó en ningún momento una lógica de desarrollo más allá de la puramente mercantil con unos únicos beneficiarios de ese plan, los operadores privados comerciales. Es decir, no los oyentes, ni los ciudadanos, no los creadores, solamente los empresarios de la comunicación.
La radio digital, con sus diferentes estándares (como el DAB+ o el DRM), ofrece posibilidades para desarrollar un espacio más diverso donde lo sonoro se ponga en valor, donde los oyentes puedan acercarse de una manera distinta al medio mejorando el disfrute de lo radiofónico. Plantear, en España, en estos momentos una transición hacia la radio digital por ondas (con diversos estándares aplicables más allá del DAB y con posibilidades de hibridación con otras formas de difusión analógicas y a través de Internet) exige hacer hincapié en algunos aspectos.
Una política pública de rediseño del panorama radiofónico a partir del digital tendría que tener una serie objetivos en mente que pasaran por el diálogo previo con los diferentes actores. Y cuando pensamos en actores implicados, no hablamos solamente de los operadores privados, que por supuesto deberían ser atendidos, sino también en el papel de los operadores públicos (nacionales, autonómicos y locales) como impulsores (en un rol similar al jugado por el operador noruego o por la BBC en Reino Unido), de los medios comunitarios (tradicionalmente marginados de estos procesos en nuestro país, siendo un momento idóneo para la reserva de espectro y para regularizar su situación un futuro Plan Técnico de la Radio Digital) y de la ciudadanía, de las audiencias.
Este proceso (que sería supervisado idealmente por una autoridad independiente del audiovisual, organismo que no tenemos en España a pesar del rol de la CNMC) debería ser aprovechado para conseguir un sector más moderno y sostenible. La radio digital ofrece posibilidades para desarrollar un espacio más diverso donde lo sonoro se pone en valor y los oyentes llegan al medio de una manera distinta, mejorando el disfrute de lo radiofónico. De cara al futuro más cercano, en su competencia con las formas de difusión en Internet, la nueva digitalización sería más democrática y plural, abierta a nuevas voces y más diversa. Además, permitiría reordenar el espectro con una oferta más amplia y especializada, en la que la seguridad jurídica sea la norma y todos los actores se acomodan desde la seguridad de un acceso al espectro radioeléctrico que sigue siendo un bien público y limitado.