Hay vidas que cuesta creer, hay injusticias que no parecen de este siglo. Y, sin embargo, son, tan cotidianas, tan cercanas, tan de todos los días, que no las vemos. La precariedad laboral tiene rostro de mujer, tiene el rostro de Lucía, y Lucía es invisible.
Lucía lleva 5 años trabajando para el mismo empleador y no tiene vacaciones pagadas, derecho que adquirieron los asalariados en nuestro país nada menos que en 1931. Si Lucía se pone enferma, no entra dinero en casa. Si Lucía se rompe un brazo, ese mes hay que endeudarse para pagar el alquiler. A Lucía le pueden decir “mañana no vuelvas” y se va con una mano delante y otra detrás, a pesar de que la prestación por desempleo se generalizó en España a partir de 1961. Lucía va a pasar 40 años rompiéndose la espalda y su pensión rondará los 380 euros de la actual pensión no contributiva. Exactamente la misma cantidad que si se hubiera pasado esas cuatro décadas sentada. Estamos en 2018 y Lucía tiene los derechos laborales propios del siglo XIX. En España se calcula que hay más de 600.000 Lucías, y seguro que todas las personas que lean esto conocen alguna. Lucía es trabajadora del hogar.
Cuando las mujeres salimos de casa para escribir en periódicos, diseñar edificios, ser profesoras de universidad o incluso ministras y nuestros compañeros no recogieron el guante de la corresponsabilidad, otras mujeres entraron en nuestros hogares: las cotidianas e invisibles. Y cuando nos fuimos, cerramos la puerta tras nosotras, no miramos atrás: no pensamos que Lucía, como cualquier trabajadora, debería cotizar. Y no lo hace no sólo porque la persona que la emplea ha decidido no mirar atrás, sino porque la normativa española no ayuda a ello. Las que cotizan (1 de cada 3 no lo hacen y las que lo hacen no suelen hacerlo por el total de las horas trabajadas) no están incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social y, por lo tanto, no tienen igualados sus derechos a los de otras trabajadoras.
De historias como la de Lucía está lleno el último informe de Oxfam ‘Voces contra la precariedad. Mujeres y pobreza laboral en Europa’ que analiza las causas y consecuencias de la pobreza laboral de las mujeres en nuestro continente, plantea algunas soluciones y arroja datos escalofriantes como que en nuestro país una de cada dos familias monoparentales (la inmensa mayoría monomarentales y altamente dependientes de la calidad del empleo de la mujer) viven por debajo del umbral de la pobreza.
La rápida incorporación de la mujer al mundo laboral no ha venido acompañada de un cambio igual de rápido en el valor que la sociedad da a nuestro trabajo. Lo que nosotras hacemos vale menos. Por si fuera poco, hemos salido de casa, pero “no del todo”. Las responsabilidades en el hogar y la maternidad juegan en nuestra contra y son en parte responsables de la brecha salarial de género (esa por la que por cada euro que gana un hombre, una mujer ingresa 84 céntimos); pero, también, de que sean más mujeres las que se concentran en la parte baja de la escala salarial y las que viven en mayor precariedad.
En España, las mujeres tienen el doble de posibilidades que los hombres de tener un trabajo con salarios bajos. Algo más de 7 de cada 10 salarios mínimos va a manos de una mujer y los contratos parciales de ellas multiplican prácticamente por tres a los firmados por hombres. El 87,9% de las personas que trabajan en el sector doméstico y de cuidados, uno de los más precarios del mundo, son mujeres. La segregación sexual del trabajo lleva a que las mujeres estén sobrerrepresentadas en los sectores menos valorados y peor pagados (hostelería, restauración, limpieza y agricultura).
Si el precariado está compuesto por mujeres, cualquier medida encaminada a reducir la precariedad laboral es, por lo tanto, un paso decidido en pos de la igualdad entre los sexos. Bastaría con repasar algunas recomendaciones recogidas en este informe: desde penalizar a empresas que abusan de la temporalidad a retocar algunos de los cambios introducidos por el Partido Popular en la contratación parcial y que limitan el poder de las personas trabajadoras para controlar el tiempo de su jornada. Por supuesto, cualquiera de las políticas públicas que pueden descargar de trabajo de cuidado a las mujeres beneficiarán especialmente a las más pobres, desde educación infantil de 0 a 3 años universal y gratuita a acabar con las listas de espera del sistema de atención a la dependencia.
Pero si hay algo que esta organización demanda y le vendría muy bien a Lucía es la ratificación por parte de España del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los derechos de las trabajadoras de hogar. Durante su paso por la oposición, el PSOE hizo reiteradas declaraciones en el Congreso sobre la necesidad de ratificar este documento y adaptar en consonancia la normativa española. Sin embargo, desde que este partido tiene la responsabilidad de gobernar no ha vuelto a mencionar el convenio 189. Otros países de nuestro entorno ya han puesto en marcha medidas innovadoras para facilitar que los empleadores de estas mujeres paguen su cotización. Los actuales responsables del Ministerio de Trabajo sólo tienen que copiarlas y mejorarlas.
Luchar por el empleo digno es de lo más feminista que puede hacer el actual Gobierno. Esperemos que las ministras que tiene este Ejecutivo no se olviden de mirar atrás al salir de casa.