Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que la campaña lanzada contra ella haya afectado también a Kike Sarasola. Es lógico porque, tal y como declaró recientemente Pablo Casado, estamos ante gente muy generosa y por eso le mandaba un fuerte abrazo en su visita al Room Mate Óscar en la que también glosó el duro trabajo de los emprendedores de este país.
Sin embargo, a la inmensa mayoría de los autónomos que puedan leer este artículo les cabreará descubrir que no todo el mundo es igual a la hora de iniciar una aventura empresarial. El Partido Popular, y en concreto José Manuel Soria, experto en recibir regalos de empresarios del sector turístico, tuvieron que ver mucho con el arranque del negocio de Kike Sarasola. Como ha publicado eldiario.es, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió en 2015 a Be Mate tres préstamos “destinados a la financiación y potenciación de la actividad de la Sociedad por un importe total de 3.000.000 euros” a un tipo de interés inferior al 1% y que vencen este año.
Eran créditos baratos pero, a la hora de la verdad, a estos admirados amigos del señor Casado les sale mucho más a cuenta no devolverlos. Y de hecho, es lo que hasta ahora ha ocurrido, ya que pidieron en 2019 un aplazamiento de capital e intereses, tregua que les fue concedida. No había ninguna emergencia sanitaria a la que poder responsabilizar, así que habrá que suponer que la culpa es de quienes no vamos a esos apartamentos de lujo y no pagamos 200 euros la noche por dormir en ellos. Es lo que tiene favorecer y subvencionar con dinero público un modelo de negocio que tanto tiene que ver con la especulación de la vivienda en el centro de las ciudades y la insostenibilidad del crecimiento de los precios que expulsa a los vecinos de toda la vida.
La cosa no se queda ahí, porque estos “emprendedores liberales” que se afanan en criticar el papel de lo público en la economía consiguieron también en 2015 un préstamo concedido por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), también adscrita a Industria, por importe de 450.000 euros y cuyo vencimiento está fijado en diciembre de 2021.
Quienes dicen aborrecer la banca pública, usaron el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar con el presupuesto del Estado a sus colegas. Vamos que para arrancar, se agenciaron casi tres millones y medio de euros de dinero público mientras ese año el PP recortaba gasto público a toda velocidad. Suponemos que, a estas alturas, cualquier emprendedor votante de la derecha y que se cree sus falsos mensajes estará tan indignado como nosotros.
El capital social de la compañía es de… 60.000,00 euros, y entre todas y todos hemos aportado 3.450.000 euros. Sin embargo, aunque la administración pública gobernada por el PP arriesgó 57 euros por cada uno que pusieron los dueños, no tenemos ni una acción…
No perdamos la perspectiva de que esta financiación, en su mayor parte en forma de préstamos participativos, es una inmensa ayuda porque a efectos de análisis de riesgo no computa como deuda exigible, ya que en la estructura de balance tienen el carácter de “semi-fondos propios”, por lo que facilita que te den otros préstamos. De hecho, el Ministerio de Industria y ENISA estarían “los últimos de la cola” a la hora de cobrar deudas si esta sociedad, dios no lo quiera, tiene problemas en el futuro a la hora de afrontar los pasivos. No sabemos qué otras entidades bancarias privadas, siguiendo las ortodoxas leyes liberales, han arriesgado y apostado por este proyecto tan publicitado y alabado por el Partido Popular.
Además hay otra ventaja porque pagan intereses en función de los beneficios que obtengan. Y ahí es donde está el siguiente favorcillo; la empresa matriz, es decir, el accionista único, está domiciliada en Holanda. La matriz factura a la filial por conceptos diversos aunque no tenga, como es este caso, ni empleados ni oficinas, y la deja “seca” de beneficios. Paga sus impuestos en Holanda a un tipo ridículo y aquí en España, hasta ahora, no ha abonado ni un puñetero euro en impuesto de sociedades. Ni lo pagará nunca. Estas estructuras societarias radicadas en Países Bajos les cuestan a las haciendas públicas de todo el planeta el 15% de la elusión fiscal mundial. No penséis que el dinero se queda en Holanda. De allí se va a los paraísos o guaridas fiscales en las que se pierde el rastro.
Y todo es “legal”.
En cualquier caso, no nos debe extrañar que José Manuel Soria, el entonces ministro de Rajoy, inflara a fondos públicos a una sociedad relacionada con paraísos fiscales y elusión tributaria. Su nombre apareció en la documentación interna del despacho panameño Mossack Fonseca, ya que fue administrador de su empresa familiar, que aunque era “muy española” prefería no pagar impuestos en nuestro país.
En definitiva, que gracias a la derecha, financiamos entre todas y todos a unos ricos para que hagan negocio con dinero público y facilitamos que no paguen impuestos con normativas legales que permiten guaridas fiscales dentro de la Unión Europea.
Imaginamos al señor Sarasola azuzando la manifestación indignada de esa patronal por las recientes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando dijo que en el sector turístico había estacionalidad y precariedad. Desgraciadamente es tan cierto como que hay empresarios que en vez de arriesgar su dinero, prefieren que sea “papá Estado” quien se lo juegue. Si va bien, ganan ellos y si va mal, perdemos todas y todos.
Con estas ventajas, no ha de extrañar que pudiera haberle regalado cosas a Ayuso y quién sabe si a otros dirigentes del PP.
Porque de esto se trata. A Isabel Díaz Ayuso la pilló desprevenida, en perfecta consonancia con la sensación de impunidad a la que nos tienen acostumbrados los dirigentes del Partido Popular madrileño desde hace décadas. Solo ha reconocido que pagaría por los 408 humildes metros cuadrados proporcionados por Room Mate cuando se ha descubierto el pastel. Pero lo que ha dicho que abonaría sigue suponiendo un ahorro con respecto a las tarifas para el resto de los mortales, de más de 13.000 euros.
Y eso es un escándalo mayúsculo. Porque desvela una relación absolutamente vergonzosa entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y un empresario dopado con dinero público gracias a la acción de gobierno del Partido Popular. Que, además de todo lo anterior, se adjudicara por procedimiento de urgencia un contrato de 565.000 euros a la empresa de Sarasola y que dicho contrato se volatilizara ante la denuncia pública que evidenciaba esta ilegalidad no hace sino incrementar su magnitud.
Así ponen en práctica eso que llaman “colaboración público-privada”, que se parece mucho a las redes clientelares del caciquismo de toda la vida. Si a alguien le espeluzna es a los autónomos y autónomas que se tienen que buscar la vida cada día para ganarse el pan de forma honrada y que son utilizados por la derecha como excusa para su capitalismo de amiguetes.
Ayuso y Casado tienen mucho que explicar antes de irse a su casa.