España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual y más elevados índices de pobreza y exclusión social. El impacto de la crisis del covid19 ha sido especialmente fuerte en nuestra economía, agravando los problemas citados e incrementando los ya altos niveles de desempleo. Arrastramos unos presupuestos especialmente restrictivos, últimos de unas políticas de austeridad antisocial que recortaron prácticamente todas las partidas de carácter social.
Por ello, son absolutamente imprescindibles unos presupuestos nuevos que recuperen no solo lo retrocedido, sino que ayuden a compensar los graves daños ocasionados por esta nueva crisis derivada de la pandemia. El mero hecho de que terminen las prórrogas reiteradas de aquellos presupuestos ha de considerarse ya una buena noticia, que confiamos que se confirme.
Globalmente, es innegable el avance en la preocupación social que refleja este proyecto de presupuestos respecto a los anteriores. El propio texto señala que “la vocación social de los PGE para 2021 se traduce en el considerable aumento del gasto social, que representa un 59,9 por ciento del total de los PGE para 2021 nacionales, incrementando su importe en un 6,2 por ciento y llegando a alcanzar un 10,3 por ciento de incremento al incorporar 8.988 millones de euros de Fondos provenientes de la UE”.
Pero puede adelantarse que, en algunos aspectos, las declaraciones de intenciones que se recogen en los diversos libros que conforman el proyecto son más voluntaristas que reales.
Comenzando por el lado de los ingresos. Es sabido, y así se reconoce, que España tiene un importante déficit de ingresos públicos, tanto en términos absolutos en comparación con nuestras necesidades como en porcentaje del PIB en relación con la media de los países europeos.
El texto del proyecto dice que “mediante estos presupuestos se avanza hacia una fiscalidad acorde a los tiempos que vivimos, a la realidad económica, tecnológica y social, siempre bajo el principio irrenunciable de la justicia social. España es el sexto país con menos ingresos públicos sobre el total del PIB de la eurozona, por lo que es necesario equiparar de forma progresiva los niveles de tributación existentes a la media de los países de nuestro entorno más cercano, ya que se cuenta con un claro margen para mejorar la recaudación. Es por ello que el Gobierno aboga por una reforma fiscal justa y progresiva, para que quienes disponen de mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida y se proteja a la clase media y trabajadora, es decir, para que cada uno aporte en función su capacidad y reciba en función de su necesidad, a la vez que apuesta por la modernización del sistema tributario español, con el objetivo de que siga siendo una palanca eficaz en el desarrollo de un Estado de bienestar potente y que ofrezca una amplia cobertura”. A continuación, el Proyecto enumera los principios que deben regir la necesaria reforma fiscal, coincidentes con las demandas que vienen haciéndose desde las Plataformas por la Justicia Fiscal.
Pero la realidad es que los pasos que se dan son claramente insuficientes y extremadamente tímidos. Ello es relevante porque no atreverse a recaudar más de quienes no pagan lo que deben repercute en menores recursos, mayor déficit financiero, crecimiento de la deuda y futura carga creciente de deuda que devolver.
Sorprende, por ejemplo, el escasísimo alcance de la revisión de los beneficios fiscales. La AIREF había publicado recientemente un estudio en el que mostraba el amplísimo margen existente para incrementar la recaudación simplemente revisando buena parte de esos beneficios, en su mayor parte regresivos e ineficientes. Sin embargo, el proyecto de presupuestos apenas revisa en parte la desgravación por aportaciones a planes de pensiones. Es este uno de esos privilegios que solo disfrutan niveles medios y altos de renta (los muy bajos bastante tienen con llegar a fin de mes como para además intentar ese ahorro) y que prima ineficientemente una determinada colocación del ahorro frente a otras posibles alternativas. Por ello, hay que aplaudir la reducción, que podría haber sido total sin ningún problema. Y, sobre todo, debería haberse aplicado a otras muchas bonificaciones fiscales existentes.
Se avanza poco en otras demandas necesarias como elevar sustancialmente las dotaciones en favor de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo, en coherencia con el proyecto presentado para la lucha contra el fraude fiscal.
Tampoco se avanza en la equiparación de la presión soportada por las rentas de capital (sobre todo el financiero) respecto a las rentas del trabajo. En el debate presupuestario ha resurgido el deseo de estudiar una cierta armonización tributaria entre las distintas Comunidades Autónomas. La competencia a la baja de algunos Gobiernos autonómicos está llevando a que los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones estén quedando desvirtuados, incrementando el privilegio fiscal de los altos patrimonios.
El tema no es nuevo porque llevamos años de queja de varias Comunidades que ven como se deslocalizan los contribuyentes más ricos hacia esos “paraísos fiscales” internos, con notables pérdidas de recaudación. Los expertos de Montoro ya aconsejaban que se tomara alguna medida de homogeneización.
Es muy recomendable que se fijen para todo el Estado unos mínimos de tributación. Puede ser una ocasión para elevar los mínimos exentos, de forma que se subraye la progresividad de estos impuestos. Si siempre es recomendable, en estos tiempos de crisis más que nunca es obligado arbitrar impuestos de solidaridad de los más afortunados respecto a quienes están sufriendo graves situaciones de necesidad.
Algo estamos avanzando, pero es preciso ser más ambiciosos en el camino de la justicia fiscal.