Sorprenden las dinámicas de las universidades catalanas entorno a la situación que vivimos en Catalunya. La llamada “cultura de paz” ha hecho olvidar que el conflicto es consustancial al ser humano: incluso podemos tener “conflictos” con nosotros mismos, sin necesidad de otros. El hecho de discrepar es una diversidad que facilita nuestra evolución como especie. Otra cosa es cómo se canaliza y gestiona el conflicto. Sin gestión, el conflicto se enquista en subestimar al adversario y queda a merced de la fuerza, que solo conduce al desgaste mutuo. Sorprende que miembros de la comunidad universitaria de quienes suponemos una formación de cierto nivel ignoren estas consideraciones para entrar al trapo de distintas confusiones de vuelo gallináceo.
La Universidad no se puede ubicar frente al conflicto como titulaba una colega en la prensa reciente: la universidad está en el conflicto. La universidad “es” sociedad, y cuando el conflicto se manifiesta en lo social es lógico que esté en él. Sucedió contra la dictadura, contra el golpe de Estado del 23-F, con el 15-M, con la guerra de Irak, con el cambio climático…, y continuará. Los hechos que estamos viviendo han llevado a muchas instituciones (tanto de Catalunya como del resto del Estado) a posicionarse de manera más o menos explícita. En un país normal debiera ser normal que coexistan opiniones contrapuestas (incluso radicalmente, excluyendo la violencia) respecto a hechos tan relevantes como los acontecidos. Lo que no es normal en un país normal es que se pretenda que quien quiera no pueda manifestar públicamente una opinión —la que sea—. Tampoco es normal que se pretenda convocar una protesta estudiantil a la vez que se exigen medidas para facilitar el absentismo. Viene esto a cuento de dos sucesos recientes: la publicación de tres manifiestos universitarios y la convocatoria de una “huelga” indefinida de estudiantes.
El primero de los manifiestos recoge la opinión de los rectores de las universidades públicas catalanas ante la sentencia a los líderes independentistas manifestando su “profundo malestar por los encarcelamientos, que consideran un error, y afirmando que hay otras vías para afrontar la situación que vive Cataluña”. El segundo surge de los claustros de las siete universidades públicas catalanas y se manifiesta en los mismos términos, aunque añade “la exigencia de la puesta en libertad de estas personas, del sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos relacionados, y el retorno de las personas exiliadas.
Además, apoya las movilizaciones cívicas y pacíficas, rechaza la represión del Estado español y la violencia policial e insta a investigar si la policía ha utilizado métodos prohibidos“. El tercero, firmado por varios centenares de profesores universitarios de toda España, es una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas que ”muestra su radical desacuerdo con el contenido aberrante del manifiesto aprobado por los claustros y rechaza la legitimidad de los órganos de gobierno de las universidades para posicionarse políticamente, puesto que deberían ser neutrales“, y que ha recibido el apoyo —no neutral— del ministro en funciones Pedro Duque.
Los dos primeros se posicionan frente a unos hechos. El tercero no se posiciona directamente sobre los hechos y se centra en negar legitimidad a las universidades para tal posicionamiento al que considera “aberrante”. Veamos. Las universidades son administraciones públicas siendo sus rectores su máxima autoridad académica y de representación, a la vez que los claustros son su máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. En este sentido no es posible negar a los órganos de una Administración Pública su capacidad para generar tanto actos administrativos —jurídicamente recurribles— como actos políticos o de gobierno —excluidos de tal posibilidad—, menos aún negar legitimidad para su adopción a órganos legalmente constituidos con sus debidos quorums y reglas para formar su voluntad. Negar esta evidencia es negar la capacidad administrativa para actuar.
Otra cosa, absolutamente lícita, sería discrepar, y para ello es preciso acudir al foro correspondiente y participar o, en otro caso, recurrir la decisión si ello es posible. Es falso que un órgano administrativo deba ser “neutral”, lo que debe ser es legal —actuar de acuerdo con la ley—, puesto que la “neutralidad” administrativa no existe en la medida en que conllevaría la inacción de las Administraciones, lo que sí sería condenable. Esto vale tanto para sus actos administrativos —nunca llueve a gusto de todos, y estos actos son revisables por los jueces—, como para sus actos políticos —la administración ejecuta legalmente la voluntad política de quien cuenta con la mayoría—. La “neutralidad” se manifestó con toda su crudeza en la frase atribuida al dictador Franco: “hagan como yo, no se metan en política”. No se puede mostrar la discrepancia generando confusión.
La convocatoria de la “huelga” de estudiantes tampoco llama a las cosas por su nombre. El derecho de huelga está reconocido por la Constitución a los trabajadores. ¿Tienen los estudiantes la condición de trabajadores? Como usuarios del servicio público universitario parece que no, como tampoco los pacientes de un hospital o los usuarios del transporte público. Luego la “huelga” de estudiantes no es tal: es una protesta, tan amplia —o no— como se quiera. Frente a esta protesta los rectores y rectoras tienen la obligación de gestionarla sin modificar las reglas del juego para no deslegitimar el modelo. Cambiar la evaluación continua por un examen único y “autorizar” el absentismo aun siendo la asistencia obligatoria es, por un lado, dar alas a un absentismo estructural que en algunas carreras supera el 50% y, por otro, deslegitimar el modelo Bolonia y su evaluación continua —costosa, compleja e infantil—, lo cual quizás no sea malo.