Al dilema economía y salud, tan debatido a lo largo de la pandemia, se suma ahora con toda su fuerza un nuevo conflicto entre derecho y salud alrededor de la obligatoriedad o no de la vacunación. Efectivamente, ya vamos para el año dos de la pandemia y el coronavirus sigue circulando, enfermando y matando. Especialmente en los países de renta media y baja. En los países de renta alta, nosotros, la incidencia se va controlando poco a poco gracias al conjunto de medidas preventivas, entre ella de manera muy destacada la vacuna. En muchos de estos países ya hemos pasado del 60% de la población vacunada de manera completa, y avanzamos hacia el objetivo inicial del 70% de la deseable inmunidad de grupo. En España, en concreto, este objetivo se puede alcanzar, como pronosticó Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad, a finales de agosto. Un pronóstico, que no una ocurrencia, basado en datos proporcionado por los expertos del Ministerio, como el mismo ha comentado.
Pero esta etapa final de la pandemia, esperemos, no está resultando ser un camino de rosas. Nuevos obstáculos aparecen en esta larga marcha. Entre ellos, sin ser exhaustivo, cabe mencionar la mayor transmisibilidad de la variante delta del coronavirus que hace necesario incrementar el porcentaje de la cobertura vacunal para alcanzar la inmunidad de grupo hasta al menos el 90% o la propia durabilidad de la inmunidad adquirida tras la vacuna, lo que plantea la necesidad de una dosis de refuerzo, al menos para personas con el sistema inmunitario comprometido. Por supuesto, hay que mencionar también la efectividad de la vacuna, que no es del 100%. En este contexto, la resistencia de determinadas personas a vacunarse surge como importante obstáculo para salir del laberinto.
Ahora bien, entre las personas que aún no se han vacunado no todos son antivacunas. Es un error calificar a todos los no vacunados en este grupo que cuestiona las evidencias científicas y creen, es una cuestión de fe, que todo es fruto de una conspiración que persigue dinero y poder. No, también hay personas que razonablemente tienen dudas sobre la eficacia de las vacunas y del riesgo real que supone no estar vacunado. Otros simplemente son personas que no tiene un acceso fácil a los servicios sanitarios, por la marginalidad en la que viven o porque no acaban de priorizar entre sus múltiples tareas la de vacunarse. Para incrementar en los próximos meses el porcentaje de vacunados hay que concentrase en estos grupos, ofreciendo información comprensible para ellos y facilitando el acceso a la vacuna día y noche, llueva o escampe. Es lo que ya se ha comenzado a hacer con la apertura de algunos CAP para ir a vacunarse sin cita previa. Las largas colas que se han podido observar, sobre todo de personas jóvenes, son admirables.
Ahora bien, sea por un motivo o por otro, desde la salud pública, que tiene entre sus funciones la de autoridad sanitaria, se deben adoptar decisiones claras para proteger la salud del conjunto de la población. Ello significa que ha de hacer prevalecer el interés general frente al individual. En este sentido, algunas voces autorizadas tienden a proponer que la vacunación sea obligatoria -según la RAE, hacer fuerza en una cosa para conseguir un efecto-, especialmente a los trabajadores sanitarios. Otras igualmente autorizadas hablan de exigir -según la RAE, pedir, por su naturaleza o circunstancia, algún requisito necesario- estar vacunados para realizar determinadas actividades, como por ejemplo viajar de un país a otro.
El debate tiene sus aristas, pero posiblemente exigir sea mejor que obligar. Pues, por un lado, obligar genera un discurso victimista que refuerza la ideología antivacunas y, además, si hay efectos secundarios, que puede haberlos, la responsabilidad puede recaer en la autoridad que obligó a administrarse un fármaco como es una vacuna. Que no es lo mismo que obligar a ponerse la mascarilla para entrar en un restaurante. Por el otro lado, exigir se abre paso tras el éxito del certificado vacunal, al pasar la decisión de vacunarse al individuo si quiere entrar en un restaurante, ir a un concierto o visitar un museo o, más relevante, si desea trabajar -o seguir trabajando- en una residencia de ancianos o en un hospital. Ellos pueden decidir sobre su salud, no vacunarse, pero no pueden poner a riesgo la salud de los demás, especialmente si estos son pacientes de un hospital, residentes de una residencia de la tercera edad o estudiantes. Es su decisión, su responsabilidad. No vacunarse significa no poder trabajar o seguir trabajando en esos lugares. La vacuna le está esperando. Está en juego el derecho de los pacientes o residentes a ser tratados de manera segura según la evidencia científica disponible.
Postdata, cuanto antes resolvamos esta situación, antes podremos ceder las vacunas que no necesitamos a los países de renta baja y media. Allí no se vacunan fundamentalmente porque no tiene vacunas.