En Valencia en particular, y en el País Valenciano en general, hemos acuñado un nuevo término para intentar explicarnos todo lo que está pasando y, sobre todo, lo que ha pasado en los años de gobierno del PP: la postcorrupción. Vivimos en la época de la postcorrupción, en la que los nuevos dirigentes que hemos tomado la responsabilidad de encabezar la gestión de las administraciones, nos esforzamos por hacer un ejercicio de transparencia constante que diluya cualquier atisbo de duda respecto de nuestro cometido, por ejemplo en mi caso, como alcalde de la ciudad de Valencia.
Yo quiero una ciudadanía empoderada, que conoce sus derechos y mis deberes; y entre sus derechos está el del acceso a la información, y entre mis obligaciones la de mantener la pulcritud en los gastos e inversiones. Dicho de otra manera: parte de mi trabajo consiste actualmente en hacer que la ciudadanía vuelva a creer en sus instituciones, en el poder real de las personas y en la dignidad de la democracia representativa.
Por eso, Valencia cerró en mayo de 2015 una etapa política, tras la caída electoral del PP y el creciente apoyo electoral a Compromís. Y este martes y 13 hemos vivido una segunda parte. La investigación del Tribunal Supremo a la otrora poderosa alcaldesa y hoy aforada senadora Rita Barberá marca el final de la era oscura de la impunidad en el Ayuntamiento de Valencia. La (todavía supuesta) corrupción se paga, pero tiene que haber quien azuce para romper los blindajes del sistema de los que algunos y algunas se han venido aprovechando.
Por eso llegué a la Alcaldía de esta hermosa y honrada ciudad con el firme propósito de hacer que los corruptos se vieran obligados a devolver hasta el último céntimo de lo malgastado y robado. Y esto, no era un lema ni un eslogan electoral. Otro gallo cantaría respecto de la situación de Barberá en los casos Nóos o Ritaleaks si no hubiera sido por su aforamiento, pues los tribunales ordinarios, los de a pie, los que juzgan a cualquier ciudadano, estaban dispuestos a abrir investigación de aquellos hechos.
Hoy, sin embargo, no ha habido escapatoria. Compromís ha sido precisamente la única acusación popular en una de las piezas de este imbricado puzzle de corruptelas, la que investiga el supuesto blanqueo de capitales en el Grupo Municipal Popular, ligado a un más que posible delito electoral.
Y mientras tanto, Mariano, tras la ardua decisión de si continuar con su puro o con su Marca. Valencia no aguanta más la presencia de una senadora territorial que a mitad de camino debe apearse del AVE para volverse a Valencia cuando se sabe imputada. Esa no puede ni debe ser la talla de nuestros representantes en las instituciones del Estado. La destitución debe ser inmediata.
Mariano Rajoy no solo esconde, sino que blinda la corrupción, para escándalo de muchos, cuando ayer mismo se decidió la presencia de Barberá en dos comisiones del Senado. ¿Qué clase de presidente en funciones propicia esto? ¿Qué clase de aspirante a la Presidencia pretende ostentar el poder cuatro años más propiciando esto?
Rajoy no puede intentar formar un gobierno cuando la médula espinal de su partido –imputado/investigado formalmente– está atravesada por la corrupción. No podemos quedar hipotecados a este lamentable esperpento al que asistimos llenos de perplejidad. Es más, aquellos que todavía intentan pactar gobiernos con Rajoy deberían cuidarse de convertirse en cómplices de la ocultación y blindaje de la corrupción. En Valencia tenemos la lección bien aprendida.