Con una diferencia de quince días, Honduras ha vivido el asesinato de dos de sus líderes medioambientalistas más reconocidos en el país, Berta Cáceres y Nelson García. Ambos estaban vinculados al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y respondían a un mismo patrón: conocidos líderes medioambientalistas que se enfrentaban al poder monolítico de las grandes multinacionales que especulan con la tierra. La persecución, la amenaza y la violencia contra las personas que defienden el medio ambiente se produce en muchos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen importantes intereses, en muchas ocasiones con la connivencia de los gobiernos y del poder financiero.
Según el informe Global Witness, en 2014 fueron asesinadas 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. De todos los países donde se producen este tipo de crímenes, Honduras es el más peligroso per cápita. El asesinato de Nelson García, tal y como ocurrió con el de Berta Cáceres, demuestra la desprotección que padecen en Honduras los defensores medioambientales y la impunidad que, con la aquiescencia del gobierno, pesa sobre estos crímenes.
Tanto el asesinato de Berta Cáceres como el de Nelson García, y otros tantos defensores de la tierra, demuestran lo costoso que resulta defender los derechos sociales y medioambientales en determinados países, especialmente en Honduras. En el caso del asesinato de Nelson García, que se produjo en el marco de un desalojo a 150 familias que trabajaban en la comunidad ocupada de Río Chiquito, la Red de Defensoras de la Tierra ha denunciado la existencia de heridos, violencia policial y amenazas de detención contra dos activistas más del COPINH. Esto constata la connivencia, en forma de dejación de las responsabilidades en la investigación de estos crímenes y en una abusiva violencia policial activa del gobierno hondureño que, claramente, se posiciona al lado de los poderosos de las empresas transnacionales y contra los derechos sociales y medioambientales de los pueblos indígenas.
La lucha de los activistas del COPINH y de otras organizaciones con idéntico objetivo es una lucha activa a favor de los intereses de las clases populares y contra los privilegios y la especulación que provocan los poderosos. Los defensores de la tierra hondureños se dejan, literalmente, la vida contra el desarrollo colonialista, y más concretamente contra los proyectos hidroeléctricos, que dejan huella en el planeta en general y en Centroamérica en particular. En ese sentido, el gobierno de España también tiene una alta responsabilidad en estos aspectos. Un gobierno que estuviera comprometido con los derechos humanos y las luchas medioambientalistas, debería poner en marcha, desde España, mecanismos propios de control y penalización a empresas de origen español que vulneren los derechos humanos en terceros países. El gobierno del PP, por supuesto, no tiene la voluntad política de aplicar estas sanciones: sus aliados son, precisamente, las empresas que vulneran derechos en terceros países y no los y las ciudadanas de estos países. La lucha de los activistas debe ser la lucha de todos y de todas. No permitir que el planeta caiga en las manos especulativas de los grandes nombres propios del capitalismo salvaje que trincha nuestros territorios es un esfuerzo titánico que no solo beneficia a sus comunidades regionales, sino que, fundamentalmente, batalla por la buena salud del planeta Tierra.
Evidentemente, estos asesinatos también tienen mucho de crímenes políticos. Tanto la propia muerte de estos destacados líderes medioambientales, en muchas ocasiones ligados también a movilizaciones de carácter político y de regeneración democrática en sus países, como la impunidad que supone asesinar a un activista denotan que su compromiso no interesa ni a las grandes empresas transnacionales ni a los gobiernos que están sometidos y arrodillados ante el poder de las empresas que especulan con el territorio. Podríamos afirmar que detrás de estos crímenes está una lucha por la soberanía: la soberanía privativa en manos de una oligarquía enriquecida con la especulación de los recursos naturales y la soberanía popular que pelea por convertir a estos territorios en espacios libres de especulación. Nuevamente, estamos ante la disputa hegemónica de la soberanía de nuestros pueblos: o mantienen el control de las decisiones los oligarcas que hacen negocio con nuestros derechos, o recuperamos el gobierno para los pueblos, que son sus legítimos propietarios. La impunidad ante estos crímenes y el no cumplimento de la Carta de los Derechos Humanos en este país centroamericano no es únicamente responsabilidad del gobierno de Honduras. La comunidad internacional también tiene la responsabilidad de ejercer la presión necesaria sobre el gobierno de Honduras para que cese la ofensiva desarrollista y extractivista a la que se une la represión contra los defensores de la tierra.
Hay un aspecto importante que también se debería poder analizar, en el caso de Honduras, y extraer las conclusiones adecuadas. La represión contra los líderes indígenas hondureños se ha disparado exponencialmente desde el golpe de estado del 28 de junio de 2009 en que fue derrocado el presidente electo democráticamente, José Manuel Zelaya. Este indigno episodio atropelló la institucionalidad hondureña al resolver a través de un mecanismo ilegal, como es un golpe de facto, una disputa política entre los intereses más conversadores vinculados al ejército y a los EEUU, frente a los avances democráticos y populares que Zelaya había impulsado desde su llegada al ejecutivo. Como si pasar por encima de las instituciones democráticas fuera más grave en Europa o en EEUU que en África o Centroamérica. Detrás de todo esto, hay una cuestión fundamental: ¿pueden los intereses económicos de las empresas transnacionales derrocar gobiernos en América Latina para defender sus privilegios? Esa pregunta debe ser fruto de otra reflexión. Deberíamos conseguir lo que dice aquella canción de Joaquín Sabina, “que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena”. A Berta Cáceres y a Nelson García les ha salido muy caro ser valientes, pero si los gobiernos democráticos y la sociedad europea no combatimos estos asesinatos seremos cómplices y tan culpables como los autores materiales e intelectuales de los mismos.