Las voces de un nuevo diálogo
Hace unos meses, los pasados 26 y 27 de octubre, asistimos en Sevilla al primer encuentro de los “Diálogos Andalucía-Cataluña”, una iniciativa laica de parentescos difusos, pero identificable en la tradición dialogante forjada en los intercambios de estudios históricos y literarios entre Javier Tébar y Javier Aristu. Se abría un espacio de encuentro y diálogo de quien, allí o aquí, no compartía la dinámica político-institucional instalada y que quería encontrarse para observar la realidad en común, desde experiencias políticas y de autogobierno diversas, para buscar un diagnóstico compartido. El 5 y 6 de abril es el segundo encuentro, ahora en Barcelona, en el Palau Macaya, para continuar observando y compartiendo un análisis de la situación, lejos de las lecturas superficiales y evitando el espectáculo o la instrumentalización a que determinados grupos de poder nos tienen acostumbrados.
El primer encuentro mostró las raíces profundas, en la propia configuración histórica del estado-nación y su desarrollo, de un conflicto entre una parte de la sociedad y la política catalanas con el resto de la sociedad y políticas españolas, enmarcado en un contexto de crisis económica y social que tiene repercusión en la política y la democracia alrededor de Europa y del mundo. La desregulación impuesta por quien dirige la globalización y financiarización económica y los retos derivados del cambio climático y la creciente digitalización y robotización de los procesos de producción y distribución económicos son más que simples elementos del paisaje y escenografía.
Las crecientes desigualdades que traviesan nuestras sociedades son el sustrato donde arraiga la respuesta insolidaria y antisocial, donde el populismo y el autoritarismo anidan. La precariedad del presente y la incerteza del futuro son la derivada de la subordinación del poder político al poder financiero y económico, de la falta de reglas y controles globales imperantes. La respuesta institucional es, tanto en Europa como en España o en Catalunya y Andalucía, decepcionante e injusta. Las débiles redes de protección social se han ido desmontando y se han cambiado las reglas y los marcos de derechos disponibles. Las relaciones laborales ven menguar los equilibrios de poder que la lucha obrera conquistó ejerciendo un poder sindical hoy cuestionado y acosado por la sacralización de la desregulación, la flexibilidad y la libre disponibilidad. Tenemos sociedades atravesadas de mayores inseguridades y entre la mayoría social, en especial la gente más joven, se ha instalado la precariedad vital.
Es en este marco donde se produce el conflicto político e institucional entre el gobierno español y el gobierno catalán, pero también entre una parte de los catalanes que reclaman la independencia y otra parte que se opone a ella. Un conflicto, pero, que no es ajeno a la historia de los últimos dos siglos de confrontaciones bélicas -tres guerras carlinas y una guerra civil- marcadas tanto por los debates forales o nacionales como por los enfrentamientos entre bloques sociales. Es precisamente este recorrido histórico el que nos muestra que el único camino de superación y de construcción de futuros compartidos es el diálogo, el intercambio y el reconocimiento mutuo, de la apertura al mundo hoy globalizado. Ignorar o menospreciar nunca nos ha hecho avanzar, ni lo hará ahora, en ningún proyecto transformador que contemple y amplíe la condición de ciudadanía que hoy peligra.
Esta convicción es la que los primeros diálogos, protagonizados por sectores de la sociedad civil, quiso transmitir a los representantes políticos: sentarse a dialogar, a negociar, a debatir los problemas, a construir soluciones. Una exigencia que permanecerá vacía si la ciudadanía, de manera activa, no nos implicamos y abrimos todos los espacios posibles donde nos podamos reconocer en las posiciones diversas y discrepantes, donde podamos dialogar y colaborar. Esto quiere ser los Diálogos, buscando puntos de encuentro y acuerdo, no de división y enfrentamiento.
Hace más de 40 años de la restauración democrática del 1978 que, gracias a la lucha de tantos hombres y mujeres por las libertades, enterraron la longeva dictadura franquista. Se inició una etapa fundamental para construir un marco de convivencia democrática y articular territorialmente las diferentes realidades nacionales y regionales del estado. Pero el tiempo no pasa en vano y el modelo diseñado en la constitución del 78 se ha de reformar y adaptarse a las nuevas realidades y expectativas. Es necesario profundizar el marco democrático constituyente, actualizar el marco de derechos y libertades, dotar de nuevos poderes a la ciudadanía delante de las élites financieras y las multinacionales, en un contexto determinado por transformaciones de todo orden y nuevos retos.
Y hace falta repensar el modelo de las autonomías, no solo porque una parte de Catalunya se moviliza, que ya es una razón importante, por la independencia, sino porque hace tiempo que el modelo no responde a las demandas sociales y de un estado compuesto. Abrir un proceso de reforma constitucional no es fácil ni rápido. Tiene que contemplar los cambios y demandas sociales surgidas en estos años. La pertinencia a la Unión Europea remueve buena parte de la estructura institucional y competencial del estado. Sin entender Europa como una comunidad político-institucional y económica, social y cultural, difícilmente podemos abordar el debate territorial en el estado. Las viejas fronteras hace tiempo que han dejado de ser muros conceptuales infranqueables, ahora nos toca construir nuevas propuestas a los viejos conflictos territoriales, y también sociales, que anidad en nuestro país.
En este mundo global y globalizado, donde la riqueza se acumula cada vez más en grupos reducidos de personas en las cuales el poder se concentra hasta el punto que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como la del 99% del mundo junto, profundizar en el autogobierno es una exigencia de democracia y también de mayor eficacia y eficiencia en la respuesta des de la proximidad a las demandas cotidianas de la ciudadanía. Pero no se puede obviar la capacidad de acción democrática en instancias supranacionales donde la ciudadanía podamos incidir en las reglas globales que determinan el núcleo duro de las condiciones y relaciones laborales y sociales cotidianas.
Catalunya y Andalucía comparten que el centralismo no ha estado nunca, ni lo puede ser en el futuro, la solución, la diversidad necesita espacios de más y mejor autogobierno, de solidaridades interterritoriales, y de diálogos para construir nuevas soluciones a los nuevos problemas de la ciudadanía. Ninguna solución es posible desde la exclusión o la imposición. La unilateralidad no es la solución ni lo es el artículo 155 como respuesta. Solo el diálogo, que ha de partir necesariamente del reconocimiento del otro, podrá construir un camino que conduzca a una solución, de mínimos o de máximos, a través de un acuerdo que tendrá que ser refrendado por la ciudadanía.
Dialogar entre ciudadanos y ciudadanas, de Andalucía y de Catalunya, dos realidades históricas y diversas, es un camino más para facilitar puntos de encuentro por el diálogo. Miles de andaluces llegaría en diversas olas migratorias, especialmente a lo largo del siglo XX, a una Catalunya que con ellos ha ido cambiando. Estos catalanes llegados de todas partes explican la Catalunya actual, sin las cuales no la podemos entender. De la misma forma que la Andalucía actual se explica en la interacción con el motor catalán, imprescindible en el progreso económico y social del estado, pero también en la configuración del modelo territorial definido en la Constitución. Dos realidades muy distintas, que no se pueden contraponer ni confrontar, son actores que pueden complementarse, al lado de otros comunidades, a contribuir a la cultura del diálogo, la negociación y el pacto.
