La amnistía no está en el programa de Sánchez, ¿y qué?

Es comprensible la desesperación que cunde en el Partido Popular ante la constatación de que no conseguirá echar de la Moncloa a Pedro Sánchez. La votación este miércoles de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en la que el líder popular no logró la mayoría absoluta de los votos en el Congreso, ha evidenciado la nueva España política surgida de las elecciones del 23J: por una parte, el bloque de la derecha y ultraderecha españolistas; por otra, el bloque de progresistas y nacionalistas 'periféricos'. Este viernes se celebrará una nueva votación que se dirimirá por mayoría simple, y, salvo tamayazo, la correlación de fuerzas no se moverá un ápice. Quizá en ese momento Feijóo reconozca por fin –él lo sabe, pero se hace el despistado– que en la democracia parlamentaria no gobierna necesariamente quien consigue más votos en las elecciones, sino quien aglutina en torno a su proyecto el apoyo mayoritario de los grupos representados en el Congreso.

Ese apoyo no suele salir gratis. Aunque a algunos les parezca de mal gusto, los partidos acostumbran exigir contraprestaciones a cambio de su respaldo a este o aquel candidato. Y cuanto más imprescindibles se sienten, más exigentes se muestran. Este tipo de regateos es consustancial de la práctica democrática. Se le llama comúnmente negociación. En ocasiones, cuando un candidato comprueba que los demás partidos le dan la espalda y prefieren negociar con su rival, monta en cólera y lo llama chantaje. Es lo que sucede con Feijóo ante la más que probable aprobación de una ley de amnistía para los encausados del procés en el caso de que Sánchez saque adelante su investidura con los apoyos de ERC y Junts. Un vil chantaje al Estado.

Uno de los argumentos que más repite últimamente el PP es que la amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE y, por tanto, pretender aprobarla constituye un fraude al electorado. El objetivo de la estrategia es obvio: intentar soliviantar a los votantes socialistas que no ven con buenos ojos la amnistía –los hay– con el mensaje de que su líder los ha engañado. A ver si cuela y aparecen los providenciales tamayos que permitan en el último minuto la investidura de Feijóo.

Es cierto: la amnistía no está en el programa con que el PSOE concurrió a las elecciones del 23J. Tampoco estaban en el programa de Felipe González la entrada de España en la OTAN –prometió en campaña todo lo contrario–, o las importantes transferencias competenciales a Catalunya con las que pagó el apoyo de Jordi Pujol cuando necesitó a CiU para mantenerse en la Moncloa. Ni estaban en el programa de Aznar las generosas concesiones a Pujol y al PNV de Arzalluz cuando los necesitó para su primera investidura, entre ellas la transferencia de las competencias en Tráfico de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra o la sustitución de los gobernadores civiles por unos subdelegados de Gobierno con muchas menos competencias. “He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con González”, manifestó eufórico el líder nacionalistas vasco.

Tampoco, que se recuerde, estaba en el programa de Aznar indultar a 16 terroristas de Terra Llure, llamar a ETA Movimiento Vasco de Liberación, autorizar una aproximación masiva de etarras a Euskadi en momentos en que la banda mantenía su actividad criminal o conceder un indulto parcial a la cúpula de Interior de la etapa de González condenada por la guerra sucia contra ETA. Ni estaba el giro atlantista a la política exterior que condujo a apoyar la guerra ilegal en Irak en contra de la voluntad de casi el 90% de los españoles.

Si hacer algo que no recoge el programa electoral constituye, según el PP, un fraude con los votantes, mucho más fraudulento sería en todo caso no hacer lo que sí recoge el programa. Es decir, incumplirlo. Y que tire la primera piedra el partido que esté libre de este pecado. Ahí tenemos, por ejemplo, a un PP comprometido con el respeto a las instituciones, pero que tiene secuestrado desde hace casi cinco años al poder judicial.

Los programas electorales son, sin duda, importantes. Sirven como orientación ideológica a la militancia y como referencia para las actuaciones del partido. Sin embargo, cuando las elecciones no se ganan por mayoría absoluta –lo que será cada vez más habitual a raíz de la fractura del bipartidismo–, se hace necesario tejer alianzas para formar gobierno. Y en las negociaciones se suelen hacer concesiones y renuncias, cuyos límites los ponen las partes interesadas (cabe esperar que la constitucionalidad sea uno de ellos). En no pocas ocasiones son necesarias auténticas acrobacias dialécticas, además de un liderazgo sólido, para intentar conciliar la realpolitik con el programa del partido de un modo digerible para la militancia. Si se ha sido o no convincente, ya lo dirán los votantes en las urnas.

Hasta hace bien poco, Sánchez se pronunciaba en contra de la amnistía y proclamaba que Puigdemont debía ser juzgado en España, con la misma rotundidad con que Felipe González, tan venerado hoy por la derecha, tronaba en su día aquello de “OTAN, de entrada no”. Pero sucedió que en las elecciones del 23J los ciudadanos decidieron en las urnas un nuevo escenario político en el que el ‘conflicto catalán’ se ha reafirmado como un tema central en el debate público y en el que los nacionalistas y separatistas, pese a haber obtenido unos pobres resultados, son más influyentes que nunca para la gobernabilidad de España.

Sánchez, que sin duda pretende mantenerse en el poder, más aún cuando tiene enfrente a una derecha cerril cuya obsesión es “derogar el sanchismo”, ha entendido que las circunstancias políticas han cambiado e imponen un arduo ejercicio de negociación que tal vez no sea de su agrado. Reputados constitucionalistas coinciden en que la amnistía tiene encaje en la Constitución, pese a que no se le nombra expresamente en el texto fundacional. Desde un punto de vista legal y constitucional, no parece haber problemas para su aprobación, por mucho que la derecha y la ultraderecha amenacen con levantar a la ciudadanía contra los que pretenden “romper España”. En ese aspecto, el terreno parece allanado para el líder socialista, aunque el diablo pueda estar en los detalles.

Hay quienes critican a Sánchez por la opacidad que se mantiene en torno la negociación de la aministía. Sin desdeñar tales críticas, el momento lógico para dar las explicaciones será en su debate de investidura, en el supuesto de que cierre sus acuerdos con Junts y ERC y que el rey lo proponga como candidato. En ese acto deberá exponer ante la ciudadania su plan de Gobierno y detallar el alcance de los acuerdos que han hecho posible su candidatura. Pero ese momento aún no ha llegado. Ya lo dice el Eclesiastés: todo tiene su tiempo.