Dentro de unos días es la cita electoral de Andalucía. Esta vez concurre por primera vez una formación política, Podemos, con una corta pero intensa experiencia en la política europea. Entonces acudió al proceso electoral con una directiva, titulada Derechos Humanos y Control Ciudadano, que planteaba cómo atajar la corrupción, socializar la economía y defender los derechos humanos. Ahora, lo hace también con un amplio y concreto programa político, resumido en 30 Propuestas de urgencia, para sanear la vida política andaluza. Para convencer a una mayoría de ciudadanos y superar el descrédito y la desconfianza que padece la Junta de Andalucía tras 35 años de Gobierno monopartidista del PSOE.
Las credenciales de la Junta ante las próximas elecciones no pueden ser más negativas. Como consecuencia del proceso penal de los ERE, el Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento contra los anteriores expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, por su posible implicación en un fraude de fondos públicos de 855 millones de euros.
Pero es aún peor el bagaje político de la Junta. Han sido años de un constante vaciamiento de los derechos ciudadanos más fundamentales, como la educación, la sanidad, la vivienda y, sobre todo, del derecho al trabajo. Según el Informe de Foessa sobre la exclusión y el desarrollo social en Andalucía, desde 2007 hasta 2013 la tasa de paro fue superior al resto de España, concretamente en 2013 era del 36,2%. Y, según el informe de Unicef de marzo de 2014, la pobreza infantil alcanzaba a 1 de cada 3 menores.
Ante esta terrible realidad, más allá de la palabrería de los actuales gobernantes, Podemos, partiendo de una activación de la participación ciudadana, propone medidas concretas como “herramientas contra la corrupción”, absolutamente indispensables en una comunidad autónoma plagada de procesos por estos delitos, y, con la mayor urgencia, garantizar “derechos habitacionales”, medidas contra la malnutrición infantil y la plena gratuidad de la escuela. Honradamente, ¿qué tiene que ver esta política con el llamado “populismo”?
La actual presidenta de la Junta podrá proponer lo que quiera, pero fue su partido, el PSOE, del brazo del Partido Popular, quienes reformaron la Constitución para poner la política económica y social de España, y, por tanto, la de Andalucía, al servicio de las élites financieras que, desde Wall Street a Bruselas, solo pretenden, y lo están consiguiendo, sustituir la soberanía de los ciudadanos por el dominio espurio y deshumanizador de banqueros y especuladores. Un dato favorecido por las políticas del PSOE y el PP: “La riqueza total de las 1.000 personas más acaudaladas del mundo casi duplica la de los 2.500 millones de personas mas pobres” (Zygmunt Bauman).
La Junta, al servicio de esa política y esos intereses, ha traicionado uno de los deberes constitucionales que son de obligado cumplimiento para construir el Estado del Bienestar, el de promover la “igualdad real y efectiva” de todos los ciudadanos, removiendo los obstáculos que se opongan a ella, incumplimiento que está provocando una auténtica brecha social en Andalucía. Generando una pobreza intolerable en la sociedad actual, con el poder deshumanizante que ya denunciaba Hanna Arendt. Para hacer frente al deterioro económico y social que sufre Andalucía, Teresa Rodríguez, líder de la candidatura de Podemos, es capaz de impulsar progresivamente cuantas medidas sean necesarias para salir de la crisis en que está sumida la mayoría del pueblo andaluz.
El actual estado de cosas es tan grave que, quizás, exigiría medidas drásticas inmediatas para la limpieza de las Instituciones y el ejercicio de cargos públicos. Entre otras, las siguientes: la limitación temporal de los mandatos de los cargos electivos; la limitación de dietas –en función de los salarios medios de la Comunidad– y transparencia absoluta de los ingresos, tanto sueldo como dietas, a través de las correspondientes páginas web; el endurecimiento del régimen de incompatibilidades tanto durante el desempeño del cargo como tras el cese en el mismo, para impedir completamente cualquier clase de “puertas giratorias”; y otras similares que, en cualquier caso, traten de impedir el enriquecimiento ilícito de un cargo público durante el desempeño de su función.
Medidas, todas las expuestas y las que figuran detalladamente en el Programa de Podemos, para alcanzar una Andalucía más honrada, más transparente y más equitativa en el reparto de sus fuentes de riqueza.