Primero fue acabar con el terrorismo, el narcotráfico y los accidentes en las carreteras; hasta ahí todo normal y en el ámbito de sus competencias como fuerza de seguridad del Estado. Poco a poco, sin saber muy bien cómo, se fue convirtiendo en la ultima barrera frente a la corrupción y jueces de toda España solo se fían de la Benemérita para practicar registros en sedes de partidos en el gobierno, edificios institucionales y residencias VIP de prohombres del mundo de los negocios o expresidentes, exconsejeros y exgobernantes en general.
A tal punto ha llegado su encomienda en la investigación de la corrupción que hace apenas unos días también les tocó entrar en el mundo del fútbol para empezar a hacer limpieza. Por si no fuera bastante tener semejante monopolio en la lucha contra la corrupción, por el camino también le ha ido tocando afrontar el tráfico de seres humanos, las crisis migratorias, el drama de los refugiados y en general la incapacidad del gobierno de España y la UE para tener una política de inmigración decente.
Hace un par de semanas parece que el gobierno de Mariano Rajoy también le ha encargado la solución de la crisis catalana, sustituyendo su propia incapacidad para hacer política por la capacidad de la Benemérita para ejecutar registros, practicar interrogatorios o acarrear cajas y cajas repletas de documentos. Su leyenda ha crecido de tal manera que, al menos en los titulares mediáticos, la Guardia Civil ya puede incluso imputar directamente a quien investigue, con el consiguiente ahorro en jueces y fiscales.
Ahora el ejecutivo de Rajoy, que se nota que le ha cogido gusto a la solución, también les endilga acabar con la huelga de la seguridad del aeropuerto del Prat entre aplausos y jadeos de satisfacción de su prensa amiga, que ahora desafía desde sus portadas a los huelguistas, a ver si tienen lo que hace falta para enfrentarse a los agentes de verde.
Tal vez haya llegado el momento de plantearnos si no estaremos depositando unas expectativas exageradas en la capacidad de la Guardia Civil para arreglar problemas políticos. Cierto que se trata de un cuerpo de referencia en Europa por su eficiencia y fiabilidad pero, de momento y que sepamos, ni se dedica a la política, ni hace milagros.
Primero privatizan la seguridad de manera temeraria, luego mandan a la Guardia Civil a arreglarlo y mientras tanto su amigos de Eulen hacen caja. Estamos ante otro ejemplo de la aclamada superioridad de lo privado sobre lo público a la hora de apropiarse del beneficio. Cuando hayamos dejado de demonizar a los trabajadores y sacar en las teles a pasajeros indignados que siempre son victimas de los huelguistas, nunca de la empresa que no ha sabido o no ha querido evitarla, tal vez deberíamos empezar a preguntarnos cuánto han costado las horas de colas en el Prat, o por qué las privatizaciones siempre acaban igual, en la sanidad, en la educación o en el transporte: cuando empiezan los problemas de verdad y ya no quedan beneficios rápidos y fáciles que extraer siempre tiene que acudir el servicio público al rescate.