La casualidad ha querido que hayan coincidido en el tiempo el Pleno en el Parlamento europeo en el que se ha decidido activar el artículo 7 del Tratado que contempla la posibilidad de imponer sanciones a un Estado por su ejecutoria antidemocrática, y el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se decidió la convalidación del Real Decreto-ley sobre la exhumación de Franco.
En Bruselas, el Parlamento decidió aprobar la medida propuesta por una muy amplia mayoría: 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones. En Madrid, la convalidación se produciría con una mayoría menos rotunda, aunque sin votos en contra y con un número muy alto de abstenciones. Se produjo casi un empate.
El PP español ha sido un componente esencial del abstencionismo en ambos Parlamentos. Por lo visto, el PP, tras los años transcurridos desde el delito de rebelión del 18 de julio y todas sus consecuencias, no ha sido todavía capaz de formarse una opinión acerca de si el protagonista de aquella rebelión contra la democracia española debía continuar enterrado en un monumento, propiedad del Patrimonio del Estado, que él mismo ordenó construir para glorificar su actividad delictiva con vulneración de los derechos humanos más elementales de los presos a los que se obligó a trabajar en la construcción y de los muertos republicanos que fueron enterrados sin el consentimiento de sus familias.
Es claro que no podemos tener todavía una opinión tan clara e inequívoca sobre lo que está siendo la política de Viktor Orban en Hungría como la que ya se tiene sobre el General Franco. Pero no lo es menos que el General Franco murió hace más de cuarenta años, y que Viktor Orban es presidente del Gobierno de un país que forma parte de la Unión Europea y que sería, en consecuencia, suicida tener que esperar a formarnos una opinión tan inequívoca como la que tenemos hoy respecto de Franco, Hitler o Mussolini para poder adoptar medidas contra él.
Lo que estaba en juego en la votación tanto en el Parlamento europeo como en el español era la valoración que los diferentes partidos hacen de la democracia como forma política. Eso era lo que estaba en juego. La votación no podía ser interpretada de otra manera. Y ese es un terreno en el que resulta imposible aceptar la abstención como una alternativa. No se puede ser indiferente ante la democracia, porque esa es una manera soterrada y espuria de ponerla en cuestión. Puede ser incluso más deletérea que el ataque frontal.
La votación en Bruselas y Madrid de hace unos días pone de manifiesto que la derecha española tiene un problema con la democracia como forma política. En momentos decisivos y en asuntos claros, que no admiten matices, el PP no sabe si estar a favor o en contra de la democracia y proclama su indiferencia. No es urgente exhumar a Franco y, además, hacerlo por Decreto-ley supone una falta de respeto a la democracia. En la intervención de Jorge Fernández Díaz parecía como si hubiera ganas de haber votado no e interponer un recurso de inconstitucionalidad No podemos convertir al Parlamento Europeo en un tribunal de justicia, argumentó sibilinamente González Pons para justificar la abstención en Bruselas.
Al final las cosas pasan no por casualidad. La doble votación europea y española del PP nos retrotrae a la AP de los primeros años de la Transición y nos recuerda que son los herederos de un partido que se constituyó para proyectar la herencia del Régimen del General Franco en la democracia española. Nos recuerda que el PP se ha acabado quedando como representante de toda la derecha española durante la mayor parte de los años de vigencia de la Constitución, al desaparecer el partido fundado por Adolfo Suárez, UCD, que protagonizó el proceso constituyente. Nos recuerda que de la misma manera que AP no fue capaz de tener una opinión clara e inequívoca sobre la Constitución y que la mitad de sus diputados votaron a favor y la mitad en contra, el PP no es capaz de tener una opinión clara sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos o sobre la sanción a Hungría, cuyo Gobierno presidido por Viktor Orban se está deslizando por una pendiente antidemocrática de manera más que perceptible.
Nadie debe llamarse a engaño.