Que nadie se llame a engaño. La operación que se va a poner en marcha con la activación del artículo 155 CE tiene como objetivo la castración del nacionalismo catalán. Es una operación dirigida a convertir al nacionalismo catalán en una opción políticamente estéril.
En realidad, se trata de una prolongación de la operación que el PP puso en marcha contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya en 2005/2006. En aquella ocasión la operación tenía como objetivo vaciar de contenido la reforma pactada entre el Parlament y las Cortes Generales y aprobada posteriormente en referéndum. Volver a 1979, reducir el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía a lo que había sido desde la entrada en vigor del Estatuto originario con el desarrollo normativo y jurisprudencial de esos algo más de veinticinco años. Todo lo que fuera más allá en el Estatuto reformado debía o ser declarado anticonstitucional directamente o ser interpretado de tal manera que acabara encajando en los límites del Estatuto del 79.
Este era el núcleo esencial del recurso que interpuso el PP. El derecho a la autonomía que cabe en la Constitución es el que se ha venido ejerciendo desde que se construyó el Estado de las Autonomías con la aprobación de los diferentes Estatutos de Autonomía y no se puede ir más allá de lo que ha sido este ejercicio. Para que se pudiera ir más allá sería preciso una reforma de la Constitución. Como no ha sido el caso en la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, la operación reformista tiene que ser vaciada de contenido. Este objetivo del PP fue hecho suyo por el Tribunal Constitucional en la STC 31/2010. El pasado del derecho a la autonomía es también su presente y su futuro, mientras no se reforme la Constitución.
La Constitución y el Estatuto de Autonomía se convirtieron de esta manera en una jaula para el derecho a la autonomía. Independientemente de que estuviera en el Gobierno o no, el PP siempre dispondría de minoría de bloqueo para impedir la reforma de la Constitución, con lo cual tenía en su mano de manera indefinida la llave de la jaula. Con la STC 31/2010 el PP se aseguró que sería él el que fijaría el límite del contenido y alcance del derecho a la autonomía, si no para siempre, sí para un periodo tan prolongado de tiempo que, políticamente equivale a para siempre.
Contra esta reclusión en la jaula a perpetuidad es contra la que se ha alzado la sociedad catalana con su exigencia del llamado “derecho a decidir”. Queremos ser consultados sobre nuestra integración en el Estado, no queremos vivir indefinidamente en la jaula en la que estamos recluidos. Esto es lo que ha ocurrido en Catalunya en estos últimos siete años. Alrededor del 80% de la población es partidaria de la celebración de una consulta para pronunciarse sobre su integración en el Estado, para poder ejercer realmente un derecho a la autonomía no enjaulado.
La negativa del Gobierno presidido por Mariano Rajoy a que se pudiera explorar siquiera esa posibilidad o a que se pudiera intentar encontrar algún sucedáneo con el que la sociedad catalana pudiera conformarse, se ha traducido en un pulso constante entre el nacionalismo catalán arropado por un porcentaje considerable de la sociedad catalana, que no era independentista, pero si partidaria de la celebración del referéndum, y el Gobierno de la Nación. Dicho pulso ha tenido dos momentos culminantes en los días 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, en los cuales algo más de dos millones de catalanes ejercieron una suerte de derecho de manifestación con la fórmula de depositar un voto en una urna. Porque el 9-N y el 1-O no han sino referéndums sino ejercicios del derecho de manifestación. Ejercicios muy fiables, ya que el número de manifestantes se acredita con plena seguridad.
Ante el doble desafío que han supuesto los dos “referéndums” y, sobre todo, ante el que ha supuesto el segundo, el Gobierno de la Nación ha decidido dar un paso más y poner en marcha una operación que no se reduce a enjaular al nacionalismo, sino que pretende la castración del mismo. Esto es lo que significa el recurso al artículo 155 CE.
Creo que la dirección del PSOE no se ha dado cuenta de adonde lo está llevando el PP. A Pedro Sánchez sus compañeros le han levantado el “arresto domiciliario” (Juliana dixit) para uncirlo al carro del 155, creyendo todos que están participando en eso que se suele llamar una “operación de Estado”. Me temo que, cuando se den cuenta, va a ser tarde. No hay intervención breve e indolora en una operación de esta naturaleza. Va a ser todo lo prolongada que sea necesaria y todo lo dolorosa que sea preciso hasta que el nacionalismo se resigne a operar como un animal domesticado.
La dirección del PSOE debe saber que los nacionalistas catalanes van a ser los primeros damnificados, pero que ellos serán los segundos. No va a ser preciso siquiera esperar a que termine la operación de castración. En el curso de la misma la dirección del PSOE advertirá el error que ha cometido, pero se encontrará desarmado ideológicamente para rectificar e inerme frente a la presión de la derecha española, con el rey por delante o por detrás según convenga, que caerá sobre los socialistas de manera inmisericorde si intentan hacerlo.
La activación del artículo 155 CE pone fin de manera definitiva al acuerdo constituyente con base en el cual se construyó el Estado de las Autonomías. El ejercicio del derecho a la autonomía desde la entrada en vigor de la Constitución pertenece al pasado. El equilibrio político-institucional en el que ha descansado ha sido destruido y no va a poder ser recompuesto. Sin el reconocimiento del nacionalismo catalán y su participación activa el Estado de las Autonomías no es posible.