El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que depende del Consejo de Europa, ha admitido a trámite la denuncia presentada por varias entidades en defensa de los derechos humanos, en la que se pone de manifiesto la “criminalización de la disidencia” y el “abuso policial” que está ocurriendo en Cataluña. En el informe que acompaña la denuncia, aparecen nombres y apellidos de las víctimas y se cuentan casos concretos para reforzar la acusación. Se adjuntan imágenes del polémico desalojo de los indignados de la plaza Catalunya el 27M para demostrar la brutalidad policial. Aministía Internacional también denunció esa violenta actuación policial, pero ningún agente ha sido sancionado.
El texto admitido a trámite, de más de 60 páginas, destaca que las denuncias contra los Mossos d’Esquadra por abusos o agresiones se incrementaron un 409% durante el 2011, llegando hasta las 241. También se denuncia la utilización de escopetas que disparan pelotas de goma y se recuerda que desde 2009, al menos siete personas han perdido la visión tras recibir un impacto en el ojo. Una vez más, las asociaciones de derechos humanos insisten en que los agentes antidisturbios nunca llevan un número de identificación, tal y como exige la ley. Andrés García, coautor del informe, asegura que “la única intención del incumplimiento de la identificación de los mossos es avalar las actuaciones abusivas”. more
Tras conocer la admisión a tramite de la denuncia, el miércoles se celebró en la Universitat de Barcelona un acto bajo el lema “Europa ho ha de saber” (Europa lo tiene que saber), al que asistieron más de 400 personas. Entre los ponentes estaba, entre otros, el abogado August Gil Matamala y el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo.
La intervención más aplaudida fue la de Laura Gómez, secretaria de organización de CGT en Barcelona y una de las personas que ha sufrido el endurecimiento de la represión. El 24 de abril fue detenida a las puertas de la Bolsa de Barcelona tras quemar una caja de cartón repleta de papeles que simbolizaban billetes. La acción le costó 23 días de cárcel y tiene un juicio pendiente. Los cargos que le imputa la Fiscalía suman un total de 36 años de cárcel.
Ante el repleto auditorio, Gómez destacó “el apoyo” que ha recibido de muchísimas personas y felicitó la “admirable capacidad de respuesta” de los movimientos sociales. La sindicalista empezó su intervención conteniendo las lágrimas por la emoción pero terminó alzando la voz, asegurando que las protestas no cesarán y añadió: “Lo volvería a hacer”. Finalmente, recordó que todavía quedan dos jóvenes encarcelados acusados de participar en los disturbios de la huelga general y pidió que se mantenga la solidaridad. Los jóvenes fueron detenidos el pasado 29 de mayo.
Los autores del informe están convencidos de que el aumento de la represión y de la criminalización de los sindicatos y movimientos sociales quiere silenciar “la legítima protesta social debida a los recortes del Estado del Bienestar y las políticas de austeridad tomadas por los gobiernos catalán y español”. Aún así, Fernando González Placer, del Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Social de la Universitat de Barcelona, se preguntó: “¿Pero con tanta gente desesperada que protesta porque no tiene futuro ni presente, funcionará la táctica del miedo?”.