En un momento en que la correlación de fuerzas ha obligado a elegir entre una amnistía y la oposición progolpista que se manifestaba cada día en Ferraz junto al PP y VOX no tengo duda de cuál tiene que ser la posición antifascista cuando se juega en lo institucional. Nunca hay que equivocarse de trinchera aunque otros sí lo hagan. La investidura era imprescindible porque consigue sostener una alternativa progresista en un momento de época de ofensiva reaccionaria a nivel mundial. No es suficiente, se equivocará quien considere que es suficiente ganando tiempo y no utilizando esa oportunidad para consolidar los derechos sociales ganados y seguir incidiendo en avances. La amnistía puede ser un lastre del que las fuerzas de progreso no se recuperen si no usan esa bala de plata para apuntar bien a la cabeza del monstruo pardo.
La idea conceptual de la amnistía es antagónica a los posicionamientos progresistas que es preceptivo defender y entre los que se encuentran en el punto alto de prioridades el de eliminar los privilegios de quien tiene poder para asegurárselos. Pero hemos de acudir de nuevo al análisis concreto de la situación concreta, aquí seguimos siempre la máxima marxista de Lenin que nos obliga a estudiar la coyuntura sin dogmas y a tomar decisiones asumiendo que la realidad es mutable. La amnistía ayer pudo ser tolerable para evitar un gobierno fascista, pero no lo es si se cede en el discurso posfascista contra los migrantes. El gobierno no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para la consecución de derechos para las clases populares.
La amnistía es un mal menor con la que solo se puede transigir si es usada para avanzar sin complejos y de forma ambiciosa ante los discursos posfascistas. Eso incluye el discurso xenófobo antiiinmigración de una parte del independentismo catalán que anida en Junts y que solo está del lado progresista del hemiciclo por cuestiones tacticistas de corto plazo. En ningún caso desde la izquierda se puede aceptar la concesión de una amnistía y la ruptura del principio de igualdad para quien tiene el poder de asegurarse una posición de preeminencia si encima ese poder es luego utilizado para sacar ventaja promoviendo el discurso de odio contra los más vulnerables. La amnistía se aceptó para un fin determinado que avanza en línea contraria a la que supone hacer una cesión en una materia tan delicada que los neoconvergentes usen en el espacio público para combatir a los neofascistas de Silvia Orriols. No se puede usar a los colectivos más oprimidos para la lucha partidaria, y eso no solo sirve para Junts.
El discurso y las palabras son performativas y mueven la realidad hasta hacerla concreta en las calles. Por eso es inaceptable la cesión de políticas migratorias para que Junts saque partido aunque no se concrete en nada material. Jordi Turull declaró en los medios de comunicación que las políticas migratorias les servirán para poder deportar a los migrantes que delincan y sean reincidentes. El mal ya está hecho aunque nunca lleguen a gobernar en Cataluña porque no importa que esa cesión finalmente se produzca, Junts no busca tener esas competencias, sino poder decir a los electores catalanes que ellos han conseguido esa competencia para poder ejercer una política xenófoba contra migrantes africanos, musulmanes y también españoles, porque también entramos los españoles en su concepción de migrantes y colonos.
En 'Infames' (Penguin, 2020) recogí la historia del borrador del que Carles Vives i Pi-Sunyer fue responsable como presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), un cargo para el que fue nombrado por Carles Puigdemont para organizar el futuro de la hipotética administración de una Cataluña independiente. El CATN desarrolló el documento “la atribución de la nacionalidad para la independencia de Cataluña” en el que se preveía que los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la Administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana. El plan establecido por los de Carles Puigdemont era la realización de una limpieza étnica administrativa similar a la llevada en Eslovenia en febrero de 1992 por el gobierno de Milan KuÄan, que eliminó el registro de residentes sin informar a los ciudadanos que no habían solicitado la nacionalidad en los seis meses posteriores a la declaración de independencia. Una actuación que dejaba fuera del registro a muchos ciudadanos serbios, croatas, bosnios, gitanos o eslovenos que vivían en otras repúblicas. No es preciso seguir explicando por qué es inaceptable que un gobierno progresista ceda, aunque sea de manera simbólica, para para darle atribuciones en migraciones a quien tiene planes por escrito de esta naturaleza.
Mientras la amnistía no sea aprobada Junts tendrá que avenirse a unos mínimos de lealtad gubernamental y pulcritud en derechos humanos porque la paciencia se puede acabar y siempre se puede dar marcha atrás, convocar elecciones y dejar a Puigdemont sine die comiendo coles en Bruselas con sus amigos neofascistas del Vlaams Belang para convertirlo a él en un migrante al que los flamencos quieran expulsar. Contra los más vulnerables ni media broma, Carles. Si quieres volver a Cataluña respeta a los nadie.