Este mes de septiembre, mientras todo el mundo mira obnubilado dirección Cataluña, el Banco de España ha publicado la actualización de las cuentas del rescate bancario que España afrontó durante la crisis financiera. Y digo cuentas porque el rescate fue un préstamo del Estado español –a través de diferentes instrumentos del BCE– a diversas entidades bancarias. Y las cuentas se hacen porque, en calidad de préstamo, uno espera recibir de vuelta no sólo el importe íntegro, sino también sus intereses. No estoy hablando de un instrumento que precisamente los bancos no conozcan y de nada que el presidente del Estado español Mariano Rajoy no dijera: “éste es un crédito a la banca, que va a pagar la propia banca”, en una sesión de control en el parlamento allá por 2012.
Pues lo dicho, hagamos cuentas.
El Estado –usted y yo, vamos, todos– ha prestado al sector bancario un total de 54.353.000.000€ (demasiados ceros; para hacerse una idea, es la suma del presupuesto español destinado a Sanidad para toda una década), de los cuales hasta ahora se han recuperado 3.873.000.000€ –o lo que es lo mismo, el 7%–. Las cuentas empiezan mal, peor aun si se tiene en cuenta que “los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero”, tal y como lo describe el propio Banco de España en su informe, podrían ascender a más de 62.000 millones de euros. Y la duda parece obvia: ¿podrían ir mejor estas cuentas? Pues, de hecho, otros países como EEUU han recuperado ya al completo la inyección de capital al sector bancario durante la crisis, incluidos los intereses. Es probable que el sector español se haya retrasado un poco en la devolución del dinero prestado. Desde 2008 a 2016, se calcula que hubo 485 mil familias desahuciadas por precisamente no ser capaces de pagar sus hipotecas a tiempo a los propios bancos. Cuestión difícil de pasar por alto pero, como acreedores, podríamos pensar que lo importante es recuperar el dinero y utilizar los intereses precisamente para, por ejemplo, paliar este tipo de situaciones en el futuro.
Oye, pelillos a la mar y sigamos con las cuentas. Analizamos ahora la cartera de activos y operaciones pendientes que manejan las entidades con los fondos del rescate y comprobamos que, en el mejor de los casos, el Estado recuperará 10.402.000.000€ más. Es decir, el Banco de España estima que, como mucho, se recuperará el 28,2% de todo lo prestado. O, lo que es lo mismo, el Banco de España da por sentado que habrá que perdonar al sector financiero casi el 72% del “crédito a la banca”.
Efectivamente, no salen las cuentas. De hecho hay suficientes motivos –y euros– para pensar que esto ha sido un atraco a mano armada: los bancos en el libre mercado actual son independientes para decidir dónde colocan sus inversiones y por el tipo de carteras que apuestan, siempre que respeten la ley y previsionen los fondos estipulados. No olvidemos este precepto, puesto que es básico en el sistema económico actual: la libertad de inversión se sitúa en equidad de condiciones respecto al derecho a la propiedad privada. A partir de aquí se entra en el juego de ganar o perder, más o menos, en función del riesgo, el tiempo, incentivos y otras variables en un entorno de libre mercado y seguridad jurídica y fiscal “envidiable” como lo es el mercado único de la UE.
Un banco que hubiera elegido realmente mal su cartera de activos, debería haber quebrado sin más. Se es libre para invertir, se es libre para desaparecer en el darwinismo empresarial. ¿Y cuál es la razón para que esto no pasara? Es decir, ¿por qué el Estado dio un crédito tan inmenso a los bancos, mintiendo a la ciudadanía, pues en realidad era una entrega prácticamente a fondo perdido? Hay dos respuestas para esto. La primera es que se entregó la ayuda porque la banca estaba tan contaminada por activos nocivos que habría quebrado el sector al completo, generando un caos que ríete tú del corralito argentino. La segunda es que la chapuza más cara de la historia tiene su error, causa y raíz en lo político, y de ninguna forma en lo económico, y por eso mintieron.
La banca es un sector estratégico que el Estado debe regular fehacientemente, puesto que su mala praxis puede parar el país entero, así como el sector energético o el del agua que bebemos. Esto es así hasta el punto de que si un sector estratégico se paraliza, el Estado siempre impedirá su caída, independientemente del coste que le suponga, en pos de su propia supervivencia. Esto es lo que ha sucedido con el sector bancario: estando al borde de la banca rota, se ha evitado su caída socializando pérdidas millonarias entre todos los contribuyentes. Pero, ¿por qué entonces en las épocas de bonanza sus beneficios nunca se compartieron? La respuesta es un sistema mal diseñado desde su estructura que premia a los privados a realizar apuestas arriesgadas con mayor rentabilidad para sus accionistas, pero que les libra de responsabilidad alguna si la jugada sale mal, puesto que siempre tendrán en última instancia el rescate por parte de lo público, esa esfera que al mismo tiempo tanto se denosta desde las posiciones liberales que han llevado a la banca a esta situación. A diferencia de otros sectores estratégicos, el origen de la banca fue privado, pero esto no quiere decir que no tenga que tener un marco regulatorio que impida esta dinámica tan nociva.
Desde 2012, se han modificado leyes nacionales y europeas para cambiar el marco regulatorio del sector, pero en ningún caso se ha planteado modificar estos preceptos de base que, al final, y sin importar los parches que se quieran poner de cara a la galería, nos encauzarán en el futuro a una nueva crisis en la que los bancos volverán a ser una vez más la parte fundamental del costo al contribuyente y, por ende, de su sufrimiento.