Bienvenidos los datos económicos como los que han llegado en los últimos días. Es positivo que el paro baje un poco, que el PIB suba algo más de lo previsto o que nuestro índice de inflación sea uno de los menos altos de Europa. Pero tampoco quiere decir mucho. Porque la realidad global de la economía española es mala. Y lo que es peor, puede serlo mucho más en un inmediato futuro. Dentro de unos meses, un año, tal vez. Y la gente lo tiene clarísimo, por mucho que los especialistas eviten las definiciones crudas o recurran al eufemismo. En amplios estratos de la población empieza a haber algo parecido al miedo.
Un tercio del 25% más pobre ya no cubre sus necesidades básicas: son cerca de 4 millones de personas, bastantes de ellas contando con un puesto de trabajo. Ahí ya no hay temor sino drama, que solo se puede paliar con asistencia, siempre insuficiente y cada vez más demandada. Un poco por encima de ese colectivo hay un estrato mucho mayor de personas que difícilmente llegan a fin de mes a pesar de no haber dejado de recortar sus gastos mes tras mes en los últimos tiempos. La voz de esos millones de españoles no se oye porque casi no se les presta atención. Pero están ahí y sus problemas marcan el tono general de la situación, se reconozca o no.
Además, hay unos cuantos millones de españoles que no figuran entre los más desfavorecidos pero que están angustiados por un problemón que les ha llegado de golpe. Son los hipotecados, las gentes, generalmente de clase media, incluso acomodada, que están pagando su casa y que en menos de un año han visto duplicarse e incluso triplicarse el coste de financiación de su préstamo. Una buena parte de esos ciudadanos está ya al límite de sus gastos como consecuencia de esos aumentos y sabe que no va a tener de donde tirar si el coste de la hipoteca sigue subiendo, lo cual es muy probable. Y si eso ocurre, se pueden quedar sin vivienda.
En la anterior crisis, la que empezó en 2007, hubo cientos de miles de desahucios. No está dicho que eso no pueda repetirse ahora, si las tendencias no cambian. Vivir con esa amenaza debe ser espantoso. Y no hay que ser un adivino para intuir qué pueden estar pensando quienes viven ese drama de los políticos y de lo que se suelen ocupar los informativos.
Tres cuartas partes de los contratos son con intereses variables. Casi todos ellos están vinculados a la evolución del euríbor, que ha subido en un año del 0,5 al 2,6 % y que lo sigue haciendo: 5 veces. Eso quiere decir que el coste mensual medio de una hipoteca puede haber pasado en ese periodo de los 200 a los 850 euros. Es decir, que en una pareja en la que trabajen los dos, uno de los sueldos se destinará íntegramente a pagar el préstamo y el otro, a lo demás. Según el Banco de España, 1 de cada 7 españoles pagará, o está dedicando ya, un 40% de sus ingresos a la hipoteca.
El Banco Central Europeo acaba de subir su interés básico, que influye directamente en la evolución del euríbor, en un 0,75%, hasta el 2%. Y ha sugerido que volverá a hacerlo en breve, seguramente en diciembre. Se dice que en un 0,5% más. Es decir, que a menos que el Gobierno consiga arrancar a la banca un acuerdo para reducir realmente, a costa de sus márgenes, el impacto de esas subidas en el precio final de las hipotecas -algo que, por el momento parece casi una utopía- la angustia va a seguir creciendo entre las familias que tienen ese tipo de contratos.
Y luego está el empleo. El Gobierno ha gastado lo indecible y sigue gastándolo en mantener con vida a los sectores más golpeados por la evolución de la crisis. A costa de un endeudamiento que por ahora no es un gran problema, pero que puede serlo. Y terrible, si la inflación termina por afectar a las primas de riesgo.
Pero anda cada vez más justo de fondos para seguir por ese camino. Los problemas que el Ejecutivo encuentra para atender a las demandas de ayuda que están haciendo los fabricantes de automóviles para poder poner en marcha sus proyectos de inversión son el más claro ejemplo de ello. Y esos empresarios no se andan con chiquitas. Más de uno de ellos ya ha advertido de que está en riesgo la propia existencia del sector en España.
Nada de lo que ocurre en nuestro país nos es estrictamente propio. Todas esas crisis se dan exactamente en los mismos términos en los demás países de nuestro entorno económico. En algunos casos agravadas, como en Alemania. También son generalizadas las movilizaciones sindicales para exigir que los salarios dejen de perder capacidad adquisitiva y suban mucho más de los que las organizaciones empresariales están dispuestas a conceder.
Pero mientras no haya una reacción conjunta de la Unión Europea a esos problemas, es decir, mientras no se establezca una política única para hacer frente a la crisis en sus distintas facetas, señalar esas coincidencias es tiempo perdido. Y esa reacción no se atisba por parte alguna. Europa está paralizada por lo que se le ha venido encima, la guerra de Ucrania, el desbocamiento de los precios de la energía y la amenaza, cada vez más real, de una recesión generalizada. El único que hace algo es el Banco Central Europeo. Y éste no puede más que subir los tipos de interés para evitar que el euro se precipite en el abismo y todo termine por ser mucho peor.
La situación es, por tanto, de emergencia extrema. Y en esas coyunturas, la mano la tienen los dirigentes políticos. Los de la Europa comunitaria y los nacionales. A ellos les toca encontrar atajos, poner parches, alzar muros o muretes, para que las cosas sean menos malas de lo que son y de lo que parece que van a ser. Su responsabilidad es enorme. Y sería de esperar que los que están menos cegados por la desesperación de su realidad cotidiana fueran conscientes de ello y, de una u otra manera, los apoyaran.