No ha empezado aún formalmente la negociación sobre la reforma del modelo de financiación y la única cosa que ya tenemos todos clara, vivamos donde vivamos, es que todos los demás nos deben pasta, mucha pasta y desde hace tiempo, mucho tiempo. Si sumáramos las decenas de miles de millones que se reclaman unos a otros en el Estado español podríamos pagar la deuda y las pensiones a varias generaciones, recuperar las cifras de inversión y bienestar previas a la crisis y doblarlas y aún nos sobraría para financiar una política de cooperación internacional decente; o eso, o quedarnos igual de pobres que estábamos si empezamos a restarnos todo lo que nos debemos, que todo es posible en España.
La reforma de la financiación autonómica ni está en marcha, ni tiene pinta de ir a estarlo durante este legislatura porque ni al gobierno, ni al PP, les conviene pactarla antes de las elecciones generales, para apuntarse en solitario la supuesta recuperación y mantener bajo control a las autonomías donde no gobiernan. Pero aún así, ya nos asolan a la vez un temporal de datos de dudosa relevancia, sospechosa validez y origen más bien desconocido, cuando no paranormal, y una sequía de datos relevantes, válidos y fiables; esta es la autentica “marca España” de los debates sobre nuestras política públicas, desde las pensiones a la sanidad pasando por la educación o la energía: nunca dejamos que un dato veraz nos estropee una buena consigna o un buen negocio.
España es un paraíso de la ilusión fiscal. El modelo funciona sobre la percepción de que la Administración central recauda y las autonomías gastan y a todos les va bien así. El gobierno central mantiene el control de los ingresos –la base más sólida de la unidad nacional–, conserva la poderosa arma electoral de los impuestos y, cuando las cosas van mal, puede culpar a las autonomías, acusándolas de despilfarrar el dinero de los impuestos, y ponerse castigador abriendo o cerrando el grifo; a cambio sólo ha de cargar con la hoy tan prestigiada fama de ser el malo que impone la austeridad. Las autonomías, por su parte, sólo dan buenas noticias en materia de inversiones y fiscalidad y tienen un malo a quien señalar cuando falla la caja, no pueden cumplir sus promesas o hay que recortar.
Todos ganan con la ilusión fiscal. Por eso cuando el Lehendakari Urkullu propone extender el modelo del concierto a todo el Estado, los mismos que denunciaban el cupo como un privilegio, salen en tromba a decir que ni hablar; porque nadie quiere asumir la responsabilidad fiscal completa por recaudar y por gastar. Mejor tener a mano otra administración a quien acusar de subir los impuestos o despilfarrar en gasto. No deja de resultar llamativo que todos exijan más recursos pero casi nadie reclame más autonomía fiscal; la herramienta más poderosa de cualquier gobierno
Acabar con el fenómeno de la ilusión fiscal debería constituir el primer objetivo de cualquier reforma del modelo de financiación. Antes de discutir cuánto, dónde y quién gasta, deberíamos decidir cuánto, dónde y quién lo recauda, procurando respetar un principio básico: a más recursos más responsabilidad fiscal; para que los ciudadanos podamos empezar a tener la información imprescindible para evaluar la gestión de cada quien.