El espejismo es una “ilusión óptica…que proporciona una imagen invertida de objetos lejanos”, ilusión que desaparece con la proximidad. Con estos términos lo define el Diccionario de la RAE, que añade una segunda definición en sentido figurado: “ilusión de la imaginación”.
Como fenómeno físico, como “ilusión óptica” es un fenómeno exclusivamente individual, carente de dimensión social. Como “ilusión de la imaginación” no tiene por qué serlo. Una sociedad puede verse afectada por una “ilusión de la imaginación” y actuar de conformidad con ella. Las consecuencias suelen ser adversas cuando no directamente catastróficas.
El Brexit es el ejemplo más reciente de la dimensión social de un espejismo y de la catástrofe que puede provocar. La “ilusión” con base en la cual los ciudadanos británicos adoptaron la decisión de abandonar la Unión Europea, se ha ido desvaneciendo a medida que la separación tiene que materializarse. El Brexit se está revelando como un “concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos”, que son los términos con que el Diccionario de la RAE define el término ilusión.
En España hemos estado a punto de deslizarnos hacia una catástrofe de proporciones similares como resultado de la confluencia de dos espejismos con dimensión social: el espejismo de la declaración unilateral de independencia por parte del nacionalismo catalán y el espejismo de la coacción federal por parte del Gobierno de la Nación, acompañado en esa ilusión por el PSOE y Ciudadanos.
La declaración unilateral de independencia de Catalunya es un espejismo. Mucho más que el Brexit. El Reino Unido de la Gran Bretaña ha sido la cabeza de uno de los más grandes imperios que se han conocido a lo largo de la historia y continua siendo un Estado con todos los atributos propios de esta forma política. Ha sido además un país cuya economía y sociedad han estado relativamente poco integradas en el continente europeo hasta fecha relativamente reciente. Cuando Keynes publica en 1920 su libro sobre “Las consecuencias económicas de la paz” (recomiendo su lectura en este momento) dedica la primera página a subrayar que, a diferencia de lo que ocurre en el continente en donde todos los países constituyen una unidad dada la estrechísima relación que hay entre todos ellos, no ocurre lo mismo con el Reino Unido, que forma parte de Europa, pero de una manera muy distinta. Hoy ya no es así y, posiblemente, si Keynes viviera, sería el primero que consideraría que el Brexit es un disparate.
Catalunya no ha tenido respecto de España ni siquiera la distancia que tuvo en el pasado y que ya no tiene el Reino Unido respecto del continente europeo. La integración de Catalunya en España no es menor que la de las demás nacionalidades y regiones que la integran. Y esa integración forma parte de su constitución material de la misma manera que el nacionalismo catalán forma parte de la constitución material de España. Dicha integración la está poniendo de manifiesto la división de la sociedad catalana cuando se ha intentado activar la independencia de Catalunya. Catalunya está dividida en dos mitades. Lo que para un 47 % de los electores es un sueño, para el otro 47% es una pesadilla. Se repite elección tras elección, se ha repetido en los datos de participación de los dos referéndums y empieza a repetirse en el ejercicio del derecho de manifestación, que se traduce en actos de magnitud parecida. La evidencia empírica de que disponemos nos indica que la independencia de Catalunya supondría la desintegración de la sociedad catalana realmente existente.
En el marco de la Unión Europea, que es el único marco en el que es posible la afirmación de un país europeo como Estado independiente, una declaración unilateral de independencia es una contradicción en los términos, es conceptualmente inimaginable. La Unión Europea no es un Estado, sino una Comunidad Jurídica carente de los atributos propios del Estado como forma política. Y en una Comunidad Jurídica la unilateralidad está excluida por principio. La Unión Europea no puede ni siquiera crear derecho unilateralmente como hacen los Estados miembros. La vida de la Unión Europea consiste en una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas, en las que, por definición, la unilateralidad no tiene cabida. Ni en la Unión ni en cada uno de los Estados miembros.
En la parte occidental del Continente Europeo donde nacieron las Comunidades Europeas, que acabaron convergiendo en la Unión Europea, la declaración unilateral de independencia es un fenómeno del siglo XIX o, en todo caso, anterior a la Segunda Guerra Mundial. A estas alturas del guión, no puede hacer su entrada en escena.
Pero si espejismo es la declaración unilateral de independencia, no lo es menos la coacción federal. El ejercicio del derecho a la autonomía por los ciudadanos de Catalunya mediante sus representantes democráticamente elegidos no puede ser sustituido por la dirección política desde el exterior de manera coactiva.
Intentar gobernar Catalunya desde el exterior recurriendo de manera inevitable y progresivamente más acentuada a la coacción, conlleva la destrucción del Estado de las Autonomías tal como lo hemos conocido.
Ni la independencia unilateral ni la coacción son alternativas creíbles para enfrentarse al problema de la integración de Catalunya en el Estado. Lo acabamos de ver en este fin de semana. Se ha producido una declaración unilateral de independencia y no ha pasado absolutamente nada. Catalunya no se ha aproximado ni un milímetro a la condición de Estado independiente. Sigue estando, política y jurídicamente, en la misma posición en que estaba antes de la declaración, ya que no ha tenido reconocimiento por parte de nadie.
A la declaración de independencia del nacionalismo respondió el Gobierno con la activación de la “coacción federal” en el Senado por la mañana, para anularla en la práctica por la tarde con la convocatoria de elecciones. Lo que en el discurso del Presidente del Gobierno ante el Senado era el punto de llegada tras la restauración de la normalidad, se convirtió en el mensaje televisado por la tarde en el punto de partida.
La convocatoria de elecciones supone la anulación en la práctica del 155 CE. Supone el reconocimiento de que en la práctica no se puede hacer uso de la misma, porque supone el fin del Estado de las Autonomías que con dicha coacción se pretende proteger.
Afortunadamente, el Presidente del Gobierno lo ha entendido así y ha corregido su posición de por la mañana. La convocatoria de elecciones impone dos meses de tregua y acaba con una manifestación de voluntad del cuerpo electoral, que se va a producir después de que se hayan desvanecido los espejismos y, en consecuencia el derecho de sufragio va a ser ejercido por unos ciudadanos más informados, más preocupados y más movilizados de lo que hayan podido estarlo en cualquier lugar del mundo en cualquier tipo de consulta.
No son malas circunstancias para encontrar una salida.