Las democracias también mueren así

En Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblattes cuentan que la ciudadanía suele tardar en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, aunque suceda ante sus propios ojos. Igual no es demasiado tarde para advertir que en España algo se nos está muriendo y no queremos enterarnos. En un tiempo en el que el mundo real se tambalea por la pandemia, el goteo constante de muertos, el colapso sanitario, la gran nevada, la polarización política y las emociones individuales, el ser humano es imprevisible y en ocasiones actúa en su propio beneficio sin importarle demasiado lo que ocurra alrededor, mucho menos lo que atañe a las instituciones. Está pasando.

En lo que respecta a la pandemia, no hay forma de frenar los contagios porque las medidas parciales no funcionan: los toques de queda, los cierres perimetrales, los aforos limitados, las limitaciones a las actividades sociales.... Estamos al borde del precipicio porque la llamada “cogobernanza” no ha funcionado y porque el Gobierno de España decidió que fueran las Comunidades Autónomas quienes asumieran el coste de las decisiones impopulares, después de meses de acusaciones injustas durante el primer estado de alarma y un largo confinamiento domiciliario. Pero si uno denuncia la incomprensible pasividad del Gobierno de Sánchez ante la desbocada tercera ola es que ha cambiado de trinchera, es un vendido a la caverna mediática o un tocapelotas. Si señala el despropósito en la gestión de Díaz Ayuso y sus mariachis es que forma parte del comunismo desorejado y es un sectario bolivariano. Así con todo.

Y en medio de esta guerra declarativa y de desgaste del contrario, vuelven a la escena los gastos del rey emérito y lo que le cuesta el erario público su autoexilio en Abu Dabi. El Gobierno -la parte socialista- se ha quedado colgado de la brocha tras el informe de los letrados del Congreso que da vía libre a una comisión de investigación sobre los gastos pagados con tarjetas opacas cuando Juan Carlos I ya no gozaba de la inviolabilidad que le proporcionó la Constitución durante sus 40 años como jefe del Estado. El PSOE ha votado contra la propuesta, pese a haber sostenido con anterioridad que su voto lo determinaría siempre el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara. Y lo hacía el mismo día en que la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba en RTVE que el emérito ya “no vive del dinero público” al tiempo que la periodista Irene Castro ya tenía en su poder las facturas del personal que asiste a Juan Carlos I en Abu Dabi abonadas por Patrimonio Nacional. Un organismo público que, a tenor de lo que vamos sabiendo, ha sido siempre el coladero por el que la Casa Real endosa buena parte de sus gastos sin que medie control o transparencia alguna y que lo mismo paga el sueldo y las dietas de los asistentes del emérito que abona el importe de la última aspiradora con la que se limpian las alfombras de la Zarzuela o la batidora con la que se elaboran los postres de la familia. 

Patrimonio Nacional asume también los gastos derivados de la estancia en Emiratos Árabes Unidos del personal que acompaña al emérito, tal y como consta en las facturas emitidas por la empresa Viajes El Corte Inglés en poder de elDiario.es. Pero el Gobierno, por boca del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cree que “no hay que rasgarse las vestiduras” porque el Estado abone gastos personales de Juan Carlos de Borbón. Han sido 40 años de silencio en los que nadie preguntaba, mucho menos fiscalizaba el dinero público que salía de nuestros impuestos para mantener no ya a los reyes y a sus hijos, sino a todo tipo de parientes cercanos o lejanos y por eso a Campo lo del emérito le parece una bagatela. El mantra de que la Casa Real “solo” tiene un presupuesto asignado de 7 millones de euros es una falacia de proporciones similares a la nevada que ha caído sobre Madrid. Además de esa partida, están los gastos que imputan a Exteriores, a Interior, a Patrimonio Nacional y a otros departamentos del Estado que jamás se han hecho públicos.

El PSOE de Sánchez, como antes de Rubalcaba y antes el de Zapatero o de González, ha decidido asumir el papel de último apoyo de la izquierda a la monarquía parlamentaria y está en su derecho, a pesar de que tenga que arrastrar los pies ante su propia militancia que, hoy menos que ayer, entiende los motivos por los que ha de protegerse a un emérito cuyos negocios turbios y comportamientos deshonestos han arrastrado el nombre de España y el suyo propio por medio mundo.

“Defender a la institución es defender la Constitución y  nuestro modelo de convivencia”, arguyen al tiempo que defienden que abrir una comisión de investigación “sería tanto como abrir una grave crisis institucional”. Que el Congreso investigue al emérito no es atacar las instituciones, sino defenderlas. Lo ha dicho Ione Belarra, dirigente de Unidas Podemos, lo dice el sentido común y hasta el abc de la democracia. Si las instituciones no se respetan a sí mismas, el sistema se erosiona y el Estado entra en un proceso de degradación y desprestigio. Y ahí es cuando la autoridad se desvanece y la institución pasa a ser objeto de rechazo social por mucha que sea la legitimidad que le otorgue una Constitución. Es la diferencia entre la legitimidad de origen y la de ejercicio, que es la que se construye cada día. Y si no, también así, es como las democracias y sus instituciones pueden morir.