Bancos y cajas anuncian que paralizarán los desahucios “en casos de extrema necesidad”, y es inevitable preguntarse cuándo un caso es extremo para ellos, que llevan tiempo permitiendo la ejecución de las tragedias, hasta alcanzar una media de 512 desahucios diarios.
¿Piensa la patronal bancaria en todo lo que hay detrás de esas cifras, de esos nombres?
¿Qué sienten cuando, tras expulsar de sus casas a las familias, sacan a subasta esas viviendas de las que se erigen como propietarios, mientras siguen exigiendo a los desahuciados el pago de las casas que ya nunca serán suyas?
“Casos de extrema necesidad” recuerda a aquella otra frase pronunciada por Dov Weisglass, asesor del exprimer ministro israelí Ariel Sharon, quien, refiriéndose a los palestinos víctimas del bloqueo de Gaza, dijo: “La idea es ponerlos a dieta, no matarlos de hambre”.
¿Creará la patronal bancaria un grupo de trabajo encargado de determinar cuándo llega la tragedia y cuándo no, cuándo un desahucio es terrible y cuándo no, cuándo es solo 'dieta' y cuándo 'muerte por hambre'? ¿De qué modo valorarán el carácter extremo de la situación?
Ahora, tras las protestas, tras un formidable movimiento contra los desahucios, tras la advertencia de jueces y fiscales, que han acusado a los bancos de especular con las ejecuciones hipotecarias, tras varios suicidios de afectados, se detendrán algunos desahucios.
Es el elevado precio que se impone a la gente en una época de impunidad como la actual, en la que los ricos nunca habían sido tan ricos ni los pobres, tan pobres.
Hasta hoy no había excepciones para ejecutar los desahucios. Parapetados tras la excusa de la legalidad, la banca justificaba lo injustificable, lo insostenible.
Se hacía porque era legal, a pesar del artículo 47 de la Constitución (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”) como legal fue que las mujeres no pudieran votar o que en EEUU se legitimara el racismo con espacios separados para negros y blancos; como legal es la desigualdad, la pobreza, el abuso del poder frente a la indefensión de los débiles.
Bancos y cajas deciden que lo legal ya no es justificable “en casos de extrema necesidad”, y esto demuestra que la protesta es útil, que la presión sirve, que todo suma, que la reivindicación de nuestros derechos es más que nunca imprescindible y que hay que seguir luchando para que las legales violaciones de los derechos humanos sean finalmente paralizadas.
Pero no basta con un gesto de caridad. El anuncio de la paralización temporal de algunos desahucios, de los peores, forma parte de ese régimen de adelgazamiento al que están sometidos derechos fundamentales.
Nos ponen a dieta, pero con disimulo. Como diría Weisglass, con una dieta no mortal. No vaya a ser que nos quedemos sin absolutamente nada, nos rebelemos, y encuentren entonces algún obstáculo serio a su impunidad.