La difícil supervivencia de Junts

Junts bajó el dedo pulgar. El partido independentista catalán tenía la llave para que saliera adelante al menos uno de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno, pero este jueves ha sentenciado que no apoyará ninguno. Ni siquiera el blando, el que muchos, comenzando por el presidente Sánchez, pensaban que respaldaría así fuera sin gran entusiasmo. Los de Puigdemont han hecho sus cuentas, han analizado los pros y los contras, y han decidido dar la espalda al clamor de cientos de miles de ciudadanos, particularmente jóvenes, para los que el derecho elemental de tener un techo se ha convertido en un calvario.

Junts, como cualquier partido, tiene un compromiso con sus electores, y una masa considerable de estos son pequeños y medios propietarios de bienes, particularmente inmobiliarios. Pero quien lea sin prevenciones el texto del decreto blando difícilmente llegará a la conclusión de que constituye un atentado contra la propiedad privada. Es cierto que pretende dar más estabilidad a los inquilinos y previene las subidas codiciosas de los alquileres, al menos en un horizonte de cuatro años, pero al mismo tiempo ofrece algunas interesantes concesiones impositivas a los caseros si rebajan un 5% los alquileres y les cubre las espaldas ante situaciones de impagos en determinadas circunstancias. Hay otras medidas, como la prohibición a los grandes fondos de comprar inmuebles por menos del 70% de su valor de tasación, que sectores de Junts podrían considerar como una inaceptable intromisión del Estado, pero, seamos serios: si esos fondos compran a un 71% del valor, también harán un jugoso negocio. Quien debería enfadarse es más bien la izquierda, que reclamaba una mano mucho más dura contra esos pulpos inmobiliarios.

La decisión de Junts hay que analizarla en clave de supervivencia política. El partido está en momento muy complicado, con unas encuestas adversas y un adversario, Aliança Catalana, que le está comiendo terreno por la derecha. Aprobar sin más el decreto le daría alas al partido de Orriols para presentarse como el verdadero garante de las clases medias catalanas frente a un Junts débil “entregado” al Gobierno central. Pero, al mismo tiempo, no aprobarlo puede llevar al presidente Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones en un momento en que aún está en el aire la aplicación de la amnistía a Puigdemont y otros dirigentes independentistas. Junts se colocaria además a contracorriente de lo que los alemanes denominan zeitgeist, el espíritu de la época: un malestar cada vez mayor en la sociedad por las dificultades económicas que soporta buena parte de la población y, en particular, por los precios desorbitados de la vivienda. Malestar que ha estallado a raíz del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con un 50% de discapacidad.

Con su decisión de rechazar los decretos, Junts se alinea inevitablemente en el bando del PP y Vox, y ello le puede pasar factura en parte de su electorado menos incondicional. Quizá en ese sentido hay que interpretar su lenguaje al anunciar su no a los decretos. No los rechazó con rotundidad, sino que invitó al Gobierno a retirarlos y presentar con celeridad un nuevo texto para corregir algunos aspectos que, en su opinión, provocarían el “efecto contrario” de lo que se busca. Junts intentaba encontrar la cuadratura del círculo: demostrar a sus electores que defiende sus intereses, cerrando a la vez el passo a su rival Aliança Catalana, y al mismo pedir al Gobierno algunos retoques que le permitan salvar la cara y librarse de coincidir con PP y Vox en la votación de un tema de tanta sensibilidad social.

Pero, minutos después de que anunciara su decisión, el Gobierno le respondió que ni hablar, que este viernes presentaría los dos decretos para que todos los partidos se retratasen en la votación. De modo que, salvo sorpresa de último momento, el partido de Puigdemont quedará en la foto junto a la derecha y la extrema derecha españolas. Y esa imagen estará fresca en la memoria de los electores si el presidente del Gobierno convoca comicios anticipados con el cálculo, o al menos la esperanza, de que la furia por el rechazo de los decretos movilice a los votantes progresistas. Una movilización que ganaría en ímpetu si, como prevén las encuestas, Trump sufre una derrota en noviembre en las elecciones del Congreso y de un tercio del Senado.

Junts ha apostado . Lo ha hecho en contra de la marea de indignación popular desatada por el drama de la vivienda. Y, quizá, en contra de sí mismo.