En las facultades de Derecho nunca enseñan que todo pleito implica no solo una estrategia sino la necesidad de ser capaz de comprender la que esté desarrollando o pudiese desarrollar la parte contraria. Por eso, muchos abogados fallan a la hora de desplegar su trabajo. De una estrategia jurídica se pueden extraer muchas pistas y datos sobre lo que realmente está pensando, analizando y planteándose el contrario así como de la forma en que visualizan en problema y, especialmente, a dónde quieren llegar.
La técnica –que nada tiene que ver con dotes adivinatorias– consiste, básicamente, en ser capaz de ponerse en el lugar del otro y, partiendo de un conocimiento profundo tanto de los aspectos técnicos como de los ambientales, es decir de las circunstancias particulares de cada caso y los intereses involucrados, llegar a descifrar el significado de cada movimiento procesal y las posibles consecuencias de los mismos.
Pues bien, esto que puede parecer tremendamente aburrido e inútil para quien no sea profesional del Derecho, parece estarse transformando en una técnica de utilidad pública en un país donde el desplome del sistema se está desarrollando en diversas y variopintas sedes judiciales.
Tener claro lo que va a suceder, por ejemplo, en el caso Bárcenas implica algo más que manejar unos datos aislados o unos ítems procesales concretos. Se hace necesario ponerse en el papel de las diversas partes y establecer qué haría y qué podría hacer uno si tuviese que actuar en su nombre.
Lo mismo sucede con casos como el de la infanta Cristina, antes conocido como caso Nóos, en el cual se están realizando movimientos que, en principio, carecerían de cualquier tipo de relevancia, pero que si los estudiamos bien, nos llevarán a conclusiones muy distintas: aquí todo es relevante y refleja algo.
Pondré un ejemplo: el viernes, al día siguiente de conocerse la imputación de la Infanta, se hizo público que su defensa la asumiría Miquel Roca, abogado de amplio prestigio como lobista y uno de los “padres constituyentes” de este modelo de Estado que se derrumba día a día.
El dato, con resultar interesante porque Miquel Roca no es penalista y necesitará el apoyo de otro socio de su despacho que sí lo es, arroja otra serie de elementos que no se están teniendo en consideración, y que podrían permitirnos establecer lo que realmente está sucediendo en el ámbito más cercano de la infanta y de la Casa Real respecto de su situación procesal.
Se ha dicho y escrito que la decisión sobre quién le defendería la tomó la propia infanta y se sustentó en la relación que ella misma tiene con Roca; otros aseguran que fue a petición expresa del Rey y que se fundamentaba en la gran capacidad comunicacional de Roca o sus buenas dotes como mediador.
En realidad ni lo uno ni lo otro es relevante: qué más da quién y por qué motivo decidió que fuese Miquel Roca el abogado de la Infanta. Lo realmente importante, en el plano de desentrañar lo oculto detrás de esa decisión y cómo puede afectar al futuro del proceso, es que no se trata del mismo abogado que defiende a su esposo Iñaki Urdangarin.
¿Qué quiero decir? Muy sencillo: la experiencia nos indica que, en la mayor parte de los procesos en que se imputan a los dos miembros de un matrimonio, lo habitual, lo normal y lo aconsejable es que sean defendidos bien por un único abogado o, en su defecto, por dos abogados de un mismo despacho profesional. No es este el caso.
Los motivos para que resulte aconsejable una defensa unitaria no requieren ni explicación pero, la más sencilla y sensata, es que así existe una plena coordinación entre defensas de intereses que, en principio, son coincidentes. Resulta de todo punto de vista complejo una plena coordinación cuando las defensas las llevan dos despachos diferentes.
El Estatuto General de la Abogacía Española nos impide, a los abogados, llevar defensas incompatibles o contrapuestas. Obviamente, y siempre partiendo de una lógica procesal, la defensa de los cónyuges no son incompatibles ni contrapuestas, pero podrían llegar a serlo y, llegados a ese caso, hay de separar y desligar dichas defensas.
Partiendo de esta prohibición de las incompatibilidades, habrá que analizar la situación desde otra perspectiva: ¿cuál es el motivo para no compartir abogado o despacho de abogados? La respuesta también se me antoja sencilla: la Infanta o la Casa Real o ambos han acordado y asumido “hacer la pérdida” en la persona del Duque de Palma. Dicho de otra forma, asumen que Iñaki está perdido y no quieren que la defensa de la Infanta se vea condicionada por normas que impiden, llegado el caso, salvar a la infanta.
Otra explicación, pero que entronca directamente en cómo se está asumiendo la “pérdida” en este proceso, vendría por el lado de vincular –como línea de defensa– la imputación de la Infanta a un ataque a la Constitución y a la estructura de Estado surgida de dicho texto. ¿Qué mejor que un “padre constituyente” para asumir la defensa de ambas, Constitución e Infanta?
Obviamente, ante una estrategia de este tipo, lo que sí queda claro es que para la Casa Real eso de que “los yernos no son de la familia” es algo más que un dicho y han asumido que las defensas se pueden volver, si no lo son ya, incompatibles y que, como resulta imposible salvar todo el ajuar, se concentrarán en aquella parte aportada por el lado de los Borbón: la infanta Cristina.