Me reenvían el pantallazo de un mensaje de WhatsApp de alguien que dice estar muy bien informado por fuentes de Sanidad. Anuncia que “nos encierran la semana que viene, el 7 confinados hasta el 30 de noviembre. Nos lo dirán el 5, saldrá en el BOE el 6 y 7, cerrojo. Ya les han llegado las instrucciones. Confinamiento domiciliario”.
La intencionalidad del mensaje es clara, echar leña al fuego contra Sánchez, alimentar los monstruos de esta especie de distopía en la que nos ha metido la COVID-19. Perturbar a quienes lo lean, indignarles y allanar el camino a más disturbios. Justificar las próximas protestas que, dicen, reclama una libertad hecha a medida de cada persona ofendida y que, en realidad, se llama egoísmo.
Esas protestas okupadas por la extrema derecha y que quieren emular los patrones de esas otras movilizaciones que en calles aledañas han reclamado, reclaman y reclamarán derechos comunes y universales, derechos que hacen mejor a una sociedad porque la ensancha en horizontalidad, convivencia y justicia social. Sin embargo, la diferencia entre ambos tipos de protesta es clara, al menos para quienes pensamos desde la lógica de los derechos humanos y no de los egoísmos individuales. En las primeras, hay una intencionalidad de buscar una “Noche de los Cristales rotos” que haga que todo se desborde y en las segundas están, estamos, quienes barren los cristales que rompen los fascistas, escriben los libros que queman y luchan por los derechos que viven como privilegios. No lo puede expresar mejor la abogada andaluza y activista por los derechos humanos, Pastora Filigrana:
Volviendo al mensaje de WhatsApp, reconozco que más allá de si atinará en las fechas que apunta o de si, efectivamente, habrá o no confinamiento en nuestras casas, me resulta ofensivo. Ese “nos encierran” acompañado por el sustantivo “cerrojo” desprecia y usurpa el sufrimiento de esas personas que, a fecha de hoy, se encuentran encerradas (ellas sí) en nuestro país en centros de internamiento bajo pautas de dudosa legalidad y sin garantías ciertas de que se estén respetando sus derechos.
Si se trata de hablar de encierros injustos y de cerrojazos igual sea más ajustado a la realidad hablar del medio centenar de personas a la que se las ha quitado su derecho a la libertad de movimiento sin cometer delito ninguno. En una de las medidas administrativas más desproporcionadas y arbitrarias que nos podemos encontrar, se les ha aislado en el CIE de Aluche por ser extranjeros en situación irregular. Por ser como uno de esos miles de trabajadores y trabajadoras que cuidan a nuestros seres queridos, limpian nuestras casas y calles, hacen que nuestros campos sean productivos, cargan y descargan nuestras mudanzas, nos llevan a casa, etc.
Pocas maneras más evidentes tiene un Estado de actuar desde el racismo que detener a alguien por su perfil étnico de forma aleatoria y encerrarla cuando es extranjera y no puede demostrar con un papel la ciudadanía que practica a diario cada vez que entra en un supermercado a comprar, paga una renta por el lugar donde vive, contribuye con su trabajo a que la economía funcione... Invisibles e indocumentados, pero imprescindibles para sostener la vida capitalista de quienes paseamos por las mismas calles tranquilos y ajenos a la angustia de vivir sin papeles, expuestos a la violencia, unas veces sutil y otra directa, que ampara la Ley de Extranjería. Ejemplo claro de cómo algo legal puede ser tremendamente injusto.
Si en vez de inmigrantes los viéramos como los vecinos, compañeros, amigos, amantes, padres y madres de los compañeros de nuestras hijas e hijos comprenderíamos el sentido y la lógica de la huelga de hambre que, desde el pasado viernes, 41 personas han iniciado. Casi medio centenar de personas encerradas, estas sí, con cerrojo en el CIE de Aluche (Madrid), algunas de ellas con enfermedades crónicas. ¿Su petición? La libertad que nunca debería habérseles arrebatado, pero también la seguridad de que mientras permanecen allí no van a contraer la COVID-19. Denuncian la falta total de medidas sanitarias por parte de los agentes de policía que los custodian, además de las condiciones inhumanas y de mínima habitabilidad en la que se encuentran, algo que ha denunciado reiteradas veces el Defensor del Pueblo.
Los CIE nunca han tenido sentido, ni ético ni jurídico, pero mucho menos ahora, en medio de una emergencia sanitaria y humanitaria. Grande Marlaska no se equivoca al reabrirlos. No se equivoca porque es consciente y sabe que internar a personas en esas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante, pero como son inmigrantes, para él, sus vidas no son importantes. En esto sí se equivoca. Lo son, todas las vidas importan. Todas.