Disculpen que les distraiga de los mediáticos debates cortesanos y les entretenga con las banalidades de los Fondos Europeos de Reconstrucción y Resiliencia. Ahora que ya hablamos de los ERTE como si fueran uno más de la familia, haríamos bien en comenzar a familiarizarnos con los PERTE, acrónimo de los nasciturus Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Les sugiero que tomen buena nota porque intuyo van a tener cierto protagonismo en los próximos tiempos.
Antes de hablarles de los PERTE, permítanme que destaque e insista en el papel económico y social que están jugando los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. No sea que, fijando la mirada en los problemas de gestión, se nos olvide la trascendencia que han tenido y tienen para minimizar el impacto de la crisis del coronavirus en el empleo. Les sugiero que hagamos el ejercicio mental de comparar los ERTE, la prestación por cese de actividad para los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital con las medidas de reducción de la protección a las personas desempleadas, adoptadas a partir del 2012 por el Gobierno Rajoy. O si lo prefieren, podemos especular sobre la situación social que tendríamos en estos momentos sin la puesta en marcha de estas medidas. Por supuesto no se trata de ignorar los problemas de gestión, ni la cantidad de personas que están quedando fuera de estas redes de protección, pero tampoco de esconder o ignorar el cambio tan significativo que han supuesto.
A quienes creen en el destino, convendría recordarles que los ERTE no han caído del cielo, sino que forman parte de una manera de entender el papel del Estado. Sin duda ha sido clave el cambio de orientación de la política de la Unión Europea y los fondos SURE. Pero la implementación de los ERTE y su adaptación a las necesidades de las empresas, a partir de una concertación social constante deben contar en el haber del Gobierno de coalición.
Si los ERTE han sido claves, como medida defensiva para sostener el empleo, ahora corresponde reconstruir el tejido económico y aprovechar la oportunidad para promover disrupciones en nuestro modelo productivo, que contribuyan a un mayor equilibrio sectorial y territorial de nuestra economía, a aumentar el tamaño de nuestras empresas -excesivamente micro- y a reducir las brechas de género, sociales y territoriales.
En este escenario el Gobierno español ha anunciado una importante reforma de la legislación para facilitar la correcta gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De momento solo conocemos el borrador del Decreto Ley sobre el que trabaja el Ejecutivo, pero si se mantienen sus aspectos básicos podemos afirmar que, aprovechando una necesidad puntual, se van a abordar reformas estructurales importantes.
La filosofía que infunde esta norma parece ser la de la flexibilidad y agilidad en la gestión haciéndola compatible con el control sobre el buen uso de los recursos. Objetivos fáciles de recoger en el BOE, pero que resulta mucho más complejo que pasen del preámbulo de la Ley a la realidad.
Entre las novedades, parece que existe la voluntad de recuperar la figura de las Agencias Estatales, que desaparecieron con la reforma legal del PP del 2015. Mi opinión es que pueden ser un buen instrumento para poner en marcha, entre otras, los imprescindibles mecanismos de evaluación de las políticas públicas de todas las administraciones públicas. Evaluación, antes de su aprobación, durante su gestión y en el momento de hacer balance de sus resultados.
De todas las novedades la que me parece más importante es la creación de una nueva figura, la de los Proyectos Estratégicos para la Reconstrucción y Transformación Económica (PERTE). Todo apunta a que esta figura puede ser el mecanismo que canalice la colaboración público-privada y buena parte de los proyectos -al menos los más significativos en cuanto al volumen de recursos gestionados.
Sobre la colaboración público-privada suelen realizarse en nuestro país debates más teológicos que económicos y sociales. En los que proliferan argumentos con los que, desde una fe beata, se defiende la superioridad y eficiencia intrínseca de todo lo privado. Frente a otros que practican un ateísmo militante con relación a la iniciativa privada.
Si se trata de promover, entre otras cosas, una disrupción en nuestro modelo productivo parece lógico que exista una participación significativa del sector privado. Cuesta imaginar procesos de transición digital, ecológica, energética o en el modelo de movilidad sin una implicación activa y destacada del sector privado y en especial de algunas empresas tractoras. Aunque, como siempre, lo importante será la letra pequeña y como se articula esta colaboración público-privada en la gestión de los fondos.
Hasta ahora todos los análisis sobre los riesgos que comporta utilizar un volumen tan espectacular de recursos en tan poco espacio de tiempo se centran en la capacidad de gestión de estos. Hay, sin embargo, otros peligros ocultos que son inherentes al conflicto entre intereses particulares y bienes comunes.
Estos riesgos se derivan de la asimétrica información de que disponen las empresas, también de la capacidad de los lobbies de todo tipo -empresariales, sectoriales, territoriales- para incidir en las decisiones políticas. En el horizonte se dibujan algunos peligros. Entre ellos que la atomización empresarial de nuestra economía deje fuera a las pymes y las microempresas de estos proyectos. Que se utilicen los recursos para reforzar la posición de monopolio o oligopolio de algunas grandes corporaciones. Que se profundice en los desequilibrios territoriales o no se aborde la excesiva dependencia de algunas CCAA de determinados sectores económicos. Es una oportunidad para reducir las brechas entre el mundo urbano y el rural. O las diferencias que existen en el interior de las grandes concentraciones metropolitanas. Eso sin olvidar los riesgos que comporta la lógica de aspirador de recursos de la gran capital del Estado.
Para hacer frente a esos riesgos, deberían priorizarse los proyectos que apuesten por la cooperación empresarial. Me atrevo a sugerir que se establezca como un requisito ineludible que las empresas que van a actuar como tractoras tengan la obligación de incorporar a sus proyectos a toda su cadena de valor. Así se aprovecharía la oportunidad para ayudar a las pymes y microempresas a crecer. Otro de los criterios podría ser primar a aquellos proyectos que tuvieran objetivos claros de cooperación interterritorial entre diferentes CCAA.
La normativa que se apruebe y sobre todo los mecanismos que se pongan en marcha para diseñar, aprobar y ejecutar proyectos deberán equilibrar la eficiencia en la gestión de los recursos con los mecanismos de control, no solo públicos también comunitarios. En este sentido, las previsiones de participación y el papel de los agentes sociales son del todo inconcretas. Parece que el Gobierno ignora que la concertación social y la participación institucional en estos ámbitos es un mandato que se desprende de la función que el artículo 7 de la Constitución reconoce a organizaciones sindicales y empresariales.
Los PERTE pueden jugar un papel determinante en la gestión de los fondos europeos, pero no pueden convertirse en Objetos Volantes No Controlados. Un buen antídoto sería que, desde ya, situemos los PERTE en el centro del debate político y del diálogo social. Claro que para ello deberíamos abandonar el cacofónico espacio de los debates cortesanos.