Gallardón vive para sus momentos faraónicos. No pudo pasar por Madrid sin cambiar su fisonomía y ya en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en enero, nada más llegar al cargo, avanzó su intención de “cambiar la faz de la Justicia”. Él piensa quizá que quedaría perfecto en un pedestal junto a Alonso Martínez y para ello ha emprendido un camino de cambios y contrarreformas. Una parte se encamina hacia la resolución de problemas reales a través de fórmulas que, al socaire de la crisis, pretenden hacer una Justicia que lamine a la clase media y a los jueces en cuanto Poder del Estado (tasas y reforma CGPJ) y un segundo paquete es directa y agresivamente ideológico que pasa por utilizar la apisonadora de la mayoría absoluta para imponer sin consenso contrarreformas que contenten al sector más duro del PP, el que él olvidó cultivar en los últimos años, el que necesita para seguir escalando el poder (reforma del aborto, reforma del Código Penal con la introducción de la cadena perpetua revisable y la custodia de seguridad, etc)
Llegó así pero se ha ido viniendo arriba. El inicial “no renuncio a buscar espacios de consenso” no hacía sospechar que fuera tan eficiente como para conseguir que lo hicieran todos pero contra él.
Pero su visión es grandiosa, conceptual, omnicomprensiva. Gallardón no se contenta con poco, Gallardón quiere convertir a un Poder del Estado, al Tercer Poder, en una parte de la Administración, que el Poder Judicial sea una parte de la Administración del Estado sometida directa o indirectamente al poder político. Empeño grandioso que ningún político hasta ahora, por mucho que lo hubiera deseado, se atrevió a esbozar. No será Guerra sino Gallardón el que remate a Montesquieu. Y lo hará con un equipo formado casi íntegramente por magistrados conservadores cuya connivencia sólo es comprensible desde la ceguera que produce el creer que tienen poder.
Es por ese motivo por el que todo el sistema se ha levantado contra semejante agresión al Estado de Derecho. Y el ministro, el Notario Mayor del Reino, el que reconocía en el Parlamento que una reforma como ésta necesitaría del mayor consenso posible, sólo ha respondido a esta inusitada oposición con un escupitajo. Un humillante exabrupto en todo el ojo. Cínico y mendaz, Gallardón achacando a un movimiento corporativo de “privilegiados” lo que es claramente la rebelión contra el final de un sistema de Justicia libre y gratuito como garante último de los derechos del ciudadano.
Problemas había pero el ministro no elige solucionarlos sino laminar el origen y la esencia. La elevada litigiosidad o corresponde a actuaciones legítimas o torticeras. Si hay abusos, existen fórmulas para que los jueces que conocen la particularidad de cada caso puedan imponer sanciones económicas a quienes litiguen temerariamente o con encubiertos fraudes procesales mas no, su proyecto prefiere penalizar totalmente a las clases medias y a los pobres, que litigan en defensa de sus derechos, tengan o no razón y abusen o no del sistema. Y es que, es evidente, que el uso abusivo y dilatorio del proceso es, ha sido y será cosa de ricos. Esos, que podrán seguir utilizándolo cargando como gastos a sus sociedades lo que son maniobras.
Gallardón es un revolucionario, mejor dicho, un contrarrevolucionario porque al final logrará finiquitar el incómodo control judicial a la omnipresencia del poder político y del fáctico. Rien ne va plus. Con su presunto ahorro en el CGPJ logra tener un órgano real de cinco personas, a las que se controla mejor que a 21, y convierte al resto en un grupo de jueces/vocales que a la vez que informa leyes o decide sobre las faltas de sus compañeros, ponen sentencias en su juzgado. La reforma que propone sólo puede avanzar hacia un mayor control del CGPJ o hacia un mayor corporativismo.
Gallardón no sabe donde se ha metido. Esto no es un túnel de la M30 sino que puede ser el pozo en el que suma a la democracia. La Justicia es el último bastión del sistema democrático y ha propiciado que un colectivo desunido, dispar, con intereses a veces contrapuestos, sumiso por responsable, se convierta en una fuerza que en defensa de los derechos y libertades comunes sea capaz de paralizar el sistema. Está introduciendo inseguridad donde sus mercados sólo quieren seguridad jurídica. Los togaflautas, Gallardón, ojo con los togaflautas porque por primera vez en la historia han descubierto que ante semejante cúmulo de agresiones, su lugar está junto a la sociedad. Y eso promete.