Escucha, Europa, esto es hoy el Reino de España. Un fiscal general, reprobado en el parlamento por sus prácticas, a las órdenes del Gobierno persigue con multas, cárcel y guardias a políticos elegidos democráticamente. Una amenaza que la Vicepresidenta del Gobierno extiende a ciudadanos particulares. En España hoy se envía una policía militarizada a registrar un parlamento y un gobierno, pero no por corrupción, sino por sus decisiones políticas. En esta España hoy se utiliza a la policía e incluso al Ejército para amedrentar a la ciudadanía, se persiguen urnas e imprentas. En España hoy se persiguen ideas políticas democráticas, ésa es la realidad.
En esta España hoy organismos internacionales y de la propia Unión Europea señalan el partidismo de la Justicia y la pésima calidad de los medios de comunicación. La Justicia, que fue patrimonializada por el partido que gobierna quitándole la cobertura a la ciudadanía, es la garantía que frena los excesos del poder político. Esa garantía no existe hoy en España. Y los medios de comunicación son el instrumento que tiene una población libre para informarse y poder formar una opinión propia, sin libertad de expresión y de prensa efectiva, no hay libertad y no hay democracia. Los medios de comunicación españoles en manos del poder financiero, muy concretamente aunque no exclusivamente los radicados en la capital del estado, son hoy una fuente de degradación cívica.
En el Reino de España el poder económico y político de la corte, con una responsabilidad histórica, ha pervertido la vida política y social utilizando las instituciones y las leyes para vaciar el país de democracia.
Y Europa sí tiene una responsabilidad también, no es cierto que la situación que se vive aquí sea exclusivamente un problema interno, como no lo es lo que ocurra dentro de cualquier otro estado de la Unión. La Unión y sus instituciones han demostrado hace pocos años cómo se intervinieron estados, cómo le ha ocurrido a éste aunque este gobierno nunca le haya puesto esa palabra, e incluso se han apartado presidentes de gobierno, como en Italia, para poner a un administrador elegido por el Banco Central Europeo. La Unión, que decide en la práctica nuestra política económica y las condiciones de vida de cada persona, ha permitido que el gobierno del Partido Popular ocupase el estado y condujese la vida pública a una situación de enfrentamiento incívico y de persecución política.
El día 11 llenarán nuevamente las calles de Barcelona una multitud como no hay otra en toda Europa, cientos de miles de ciudadanos reclamando lo más elemental, votar en libertad. Quien sintonice los medios de comunicación catalanes y vea las imágenes sin distorsionar de esa multitud no podrá engañarse, no son una clase social privilegiada que defiende privilegios sino una ciudadanía que exige respeto. Se ha llegado a un punto de no retorno, de un lado está el Gobierno con todos los mecanismos legales e ilegales del estado y el poder de los principales medios de comunicación transformados en arma partidista y del otro esa multitud y los representantes políticos que ha elegido. De un lado el poder represivo del estado y del otro esos millones de personas que ya han demostrado antes que quieren y que van a votar y que tienen una única arma, un pedazo de papel.
La Unión Europea ha sido irresponsable hasta ahora permitiendo que ese enfrentamiento incivil llegase hasta aquí, permitiendo que en vez de practicar la democracia, el debate, el diálogo y la negociación, se haya utilizado el poder de un gobierno para imponer sus intereses y su ideología a la fuerza. Desgraciadamente la sociedad española carece de la energía necesaria para deponer un gobierno así y se le han ido robando los instrumentos con leyes como la Ley Mordaza y con la perversión de los medios de comunicación para poder resolver de forma democrática un conflicto así.
No sólo Catalunya espera a Europa, muchas otras personas que vivimos bajo este estado esperamos una voz con autoridad moral que le haga ver a este gobierno que o bien debe dimitir o bien debe parar inmediatamente todas y cada una de las medidas represivas contra los gobernantes y la población catalana, pues la suma de ellas configuran un verdadero estado de excepción. Y luego ya se verá.