El infame ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz era un señor que durante años repartía a diestro y siniestro estampitas de la virgen y distintas ediciones de la Biblia por el Congreso. De todos era conocido su fanatismo religioso, cómo experimentó su conversión al catolicismo en un viaje a Las Vegas, su fe incondicional en un ángel de la guarda al que llamaba Marcelo, su afición por condecorar reiteradamente a la virgen María con medallas policiales y su estrecha relación con algún poliédrico y oscuro empresario del mundo editorial.
Miembro del Opus Dei, durante sus años al frente de la seguridad del Estado llegó a asaltar a algún homólogo europeo para hacer proselitismo de ese dios al que rezaba tres veces por jornada para salvar a España de Satanás. Por eso montó la mal llamada policía patriótica, para combatir con medios mafiosos a los herejes del independentismo y al sacrílego de Luis Bárcenas.
Todo esto ya era sabido, pero ahora conocemos además que mintió ante el juez y ante dos comisiones de investigación del Congreso de los Diputados sobre su relación con el rey de las cloacas. En la justicia divina, si uno miente parece que purga sus pecados con unos cuantos rezos y ya está, pero faltar a la verdad en una comisión parlamentaria de investigación está castigado por el Código Penal con penas de prisión de seis meses a un año.
Y los audios del ex comisario Villarejo con el ex ministro publicados por El País son otra dosis de recuerdo de la desnutrición moral de una derecha dispuesta incluso a delinquir para destruir al adversario político y tapar su corrupción, pero también una prueba indubitable de que el Congreso de los Diputados está obligado a actuar de oficio contra Fernández Díaz por mentir en sede parlamentaria.
El documento vuelve a poner en la diana al exministro, que hoy reparte cartas de moralidad desde las páginas de un diario nacional. Por mentiroso y por presunto delincuente, pero además cuesta creer que, con la relación personal que le une a Rajoy desde hace 30 años, el expresidente no estuviera informado de lo que hacía su beato ministro para destruir a los líderes del independentismo catalán. Esto es, fabricar pruebas falsas, comprar testigos, usar fondos públicos en beneficio de su causa partidista y hasta captar jueces dispuestos a colaborar con semejante inmundicia.
Fernández Díaz se reunió durante su primer año como ministro, en la sede de Interior, con Villarejo y el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, si bien pidió en varias ocasiones que la conversación no saliese de aquellas paredes. El excomisario la grabó y de ella se puede extraer que los tres orquestaron la llamada Operación Cataluña.
Unidas Podemos ya ha pedido, con un escrito remitido a la Mesa de la Cámara Baja, que el Congreso de los Diputados actúe de oficio contra el exministro y remita su falsa declaración a la Justicia. No hay precedentes. Pero, aunque no sea Fernández Díaz el primer compareciente al que se le pilla en un renuncio, también es incuestionable que el de la policía patriótica no es cualquier asunto, sino el más escandaloso de la historia democrática en relación al uso partidista e ilegal de todas las estructuras del Estado en favor de una causa política.
El máximo órgano de gobierno del Parlamento está obligado a cursar el procedimiento pertinente en aras de la higiene democrática. Y todos los grupos parlamentarios a secundarlo, incluido el PP de Alberto Núñez Feijóo. Lo contrario sería una mala señal y la constatación de que, salvo al líder, la derecha española no está dispuesta a cambiar nada más.
Ahora se entiende mucho mejor el bloqueo al que los populares llevan sometiendo al CGPJ desde hace cuatro años y pretenden igualar ahora en el Constitucional.