Tras la tempestad, tras las prisas, no sé si han reparado con extrañeza en que en el escrito de acusación de la Fiscalía algún duende de la imprenta, o de la toga, ha decido resaltar con negritas algunos párrafos determinados. Es una práctica poco común, más allá de los encabezamientos y los subtítulos de los documentos judiciales. Los fiscales y los jueces no tienen que vender sus argumentos y saben que cuentan con la total atención de los que les leen. Sílaba a sílaba a veces, por ver dónde es atacable la construcción o dónde cabe un recurso. Así que, me dije, puede que tenga un significado esotérico. Probé a leer sólo lo subrayado por los fiscales. Hice bien. Es como si hubieran decidido remarcar la parte más ficcional del documento, aquella que construye en sí misma un relato que es necesario para apoyar sus intenciones pero que se despega del resto. Aún hice otra cosa más. Busqué la moleskine con mis apuntes de aquellos días en directo. La maratón informativa me llevó de Antena 3 a La Sexta de La Sexta a Telemadrid o a Onda Cero. Fueron días intensos informativamente. En mis notas aparecen discursos de los protagonistas, notas sobre los reporteros que estaban en directo, comentarios de mis compañeros de la banda contraria de la tertulia para ser refutados. Comparé ambos textos. No hay duda. La ficción se escribe con negritas. La realidad construida por la Fiscalía en su acusación se convierte en una construcción ajena al tiempo y al espacio. La Fiscalía vivió aquellos hechos en otra dimensión. Los fiscales acusadores, y el difunto Maza a la cabeza, vivieron aquellos momentos desde otra perspectiva extracorpórea, puesto que vieron lo que nadie vio, vivieron lo que nadie vivió, temieron lo que nadie temió.
Vayan a las hemerotecas. Busquen las transmisiones, los comentarios, los debates acalorados. Traigan al preclaro periodista o político o gobernante o monarca que vio la rebelión violenta mientras sucedía. ¡Oigan, ni Cristo se dio cuenta! ¿Saben lo único que se discutía entonces? Lo único que se discutía era si los acontecimientos que se estaban produciendo eran suficientes para activar un artículo de la Constitución, que se consideraba de extremada gravedad usar, y que estaba pensado para responder a casos como este de vulneración de la legalidad. Nadie hablaba de una acción penal. Nadie. No he encontrado ni un sólo momento en el que tuviera que hablar ni discutir ni rebatir a nadie que me hablara de un golpe de Estado. En absoluto.
Así que nadie se dio cuenta de la rebelión violenta. No la vieron los periodistas ni los políticos de la oposición, pero, sobre todo, no la vio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ni su gobierno. En aquel momento de lo que se hablaba mucho era de la “coacción estatal”, el principio del ordenamiento jurídico alemán del que está copiado el artículo 155 de la Constitución. No es hasta el día 21 de octubre en que se comienza a hablar por parte de la Fiscalía General del Estado de una posible acusación por rebelión “si Puigdemont lleva a cabo la declaración unilateral de independencia”, que se agita como un espantajo para que no pase algo que no ha pasado aún, según parece. De facto el 155 se aplicó y no se produjo ni el más mínimo altercado. El golpe.
Su Majestad, tampoco se había enterado de la rebelión violenta cuando interviene el día 3 de octubre. Así pronuncia la siguiente frase: “Ha vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente. Se ha situado al margen del Estado de Derecho y de la democracia”. Frente a su padre, Juan Carlos I, que afirmó el mismo 23-F: “La Corona no puede tolerar de forma alguna acciones o actitudes que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático”. En negritas se lo pongo, como si fuera fiscal del Supremo.
En esas dos frases tienen toda la diferencia. Felipe VI habló todo el tiempo de la vulneración de la norma constitucional -y el instrumento previsto para combatir eso es el artículo 155 de la CE- mientras que su padre se refirió a la ruptura de la democracia mediante la fuerza. ¡Coño, parece que él sí se dio cuenta!
Ambos fueron exactos. Hubo intento violento de acabar con la democracia en el golpe del 81 y hubo desobediencia de los mandatos constitucionales en Cataluña. ¿Qué tiene que ver esto con la acusación jurídicamente obscena que realiza ahora la Fiscalía? En este sentido les recomiendo la traca final contenida en un último párrafo en negrita que sintetiza muy bien lo que les digo, al loar la intervención real (en un escrito de acusación). Así que “dos días después de la votación”, el Rey se dirige a los españoles, ya que la gravedad del golpe de Estado no le hizo hablar en ese mismo momento, como su padre, sino que espero 48 horas con la rebelión en marcha, se supone, y con esta glosa de pimpampum y que no pinta nada en un documento fiscal, termina un escrito que contiene párrafos claramente políticos y otros claramente delirantes. No entiendo cómo no terminan de meter en la conspiración a un presidente del Gobierno que ante la clara violencia ejercida en la rebelión no movió un dedo, ni ante el jefe del Estado que aguardó dos días para decir nada. Se les habrá pasado.
También refuerzan con esta tipografía los tiempos verbales que resultan anómalos en un relato de hechos que acusa y pide una caterva de años. El terrible condicional. Así la violencia necesaria para tal rebelión gira en la negrita en torno a “17.000 efectivos de mossos que acatarían exclusivamente sus instrucciones y que, llegado el caso, podrían proteger coactivamente sus objetivos criminales”. Así que ni el caso llegó ni protegieron nada coactivamente, pero en negrita lo tenemos, eso unido al disloque de que la independencia sea un objetivo criminal en una democracia que tiene en su seno legalmente partidos independentistas.
No menos grave resulta este resalte cuando se utiliza para transformar en criminales actividades lícitas en toda democracia como son las concentraciones y manifestaciones de protesta o de reclamación. “El apoyo de la sociedad civil movilizada podría constituir igualmente un factor decisivo a la hora de forzar negociaciones con el Estado”, subrayan en negrita como frase relevante para una acusación criminal como sucede con “hicieron reiteradas llamadas públicas para que la ciudadanía acudiera a votar”.
La acusación es una aberración y una construcción ficcional y voluntarista sobre unos hechos que no encajan en el tipo de la rebelión y que se llevó a cabo inicialmente para conseguir inhabilitar a unos determinados políticos y dejarlos fuera de juego en las elecciones convocadas tras la aplicación del 155. Política, hecha con togas. Ahora toca sostenerla y no enmendarla. Veremos si hasta el final. ¿Cómo quieren que los tribunales extranjeros no tropiecen contra esa evidencia? Y digo eso porque mucho me temo que los magistrados de la Sala Segunda andan sumidos en la misma bruma quimérica. Desde luego, si quieren saber lo que pasó aquellos días, les aconsejo más cualquier bloc de notas de un periodista que la acusación presentada por el ministerio público, obligado si no me equivoco a defender la legalidad.
Me da miedo todo esto como debe dárselo a cualquiera que no esté por la labor de meterse en la masa borreguera de la venganza y el escarmiento. Y no porque me importe una higa el planteamiento de los independentistas catalanes ni porque lo apoye sino porque no sé si lo que se derive de este juicio será un golpe definitivo al Estado de Derecho del que sí es mi país: España. Y esa sí es una inquietud patriótica.